En una nueva rueda de prensa realizada en la cárcel de Itagüí, los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto (EAOCAI) y delegados del Gobierno Petro hablaron de los avances que han conseguido en ese espacio sociojurídico que busca una paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá.
Se refirieron a los cinco temas que son el eje de discusión, pero hay uno que ya avanza y sobre el cual se instaló una mesa para moverse hacia su implementación.
Se trata de Barrios de Paz, un programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentado desde 2024 y en el que ahora tendrán participación los voceros de las bandas asentadas en el Valle de Aburrá y que tienen participación en la Mesa de Paz.
Claudia Andrea Ramírez, directora de Espacio Urbano y Territorial del ministerio durante la reglamentación del Programa, aseguró que con este se busca “transformar territorialmente los asentamientos humanos con déficit cuantitativo y cualitativo; el decreto establece el Plan de Gestión del Hábitat, que permite formular y generar la hoja de ruta de las intervenciones físicas y socioeconómicas para mejorar los asentamientos del hábitat popular y la superación de la pobreza”.
Uno de los objetivos, le confirmó la senadora a SEMANA, sería la formalización de asentamientos informales como Nueva Jerusalén y Altos de Oriente, en el municipio de Bello, donde ya hubo acompañamiento del ministerio.
En este último lugar es donde una borrasca les quitó la vida a 21 personas en junio del año pasado.
“Con este decreto, el Ministerio de Vivienda impulsa estrategias orientadas a generar intervenciones integrales de hábitat que incluyen la provisión de espacio público, equipamientos, agua, vías en los asentamientos que presenten deficiencias o precariedad, teniendo en cuenta a la comunidad, desde un enfoque de hábitat biodiverso para la paz territorial”, indicó el ministerio sobre el programa.
Esto significará todo un reto para ese espacio sociojurídico, teniendo en cuenta las denuncias reveladas el año pasado por este medio que señalan que integrantes de la banda La Terraza son los encargados de cobrar por suministrar la energía eléctrica y el agua en zonas donde EPM no puede hacerlo, a causa de la informalidad de las viviendas.
Además, se les atribuye el loteo ilegal para vender terrenos en zonas de alto riesgo a familias vulnerables, que están dispuestas a arriesgar sus vidas por la necesidad de tener un techo propio.
Precisamente, La Terraza cuenta con varios voceros en ese espacio, uno de ellos José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, considerado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, un peligroso criminal.
Douglas fue detenido en 2009, a pesar de que se había desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue condenado por el secuestro en Barranquilla, en enero de 2008, de Margarita Socarrás, quien estuvo retenida 33 días y a quien se le exigía dinero por su liberación.
Luego de 17 años tras las rejas, el capo ha solicitado en varias ocasiones la libertad, pero los jueces se la han negado por considerar que aún le falta tiempo por cumplir y que las redenciones de pena que ha intentado demostrar no son suficientes para que regrese a las calles.