Se caería la revocatoria de Daniel Quintero en Medellín

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Abreo, habría encontrado argumentos para sostener que hubo irregularidades en el proceso administrativo del comité que busca revocar de la alcaldía de Medellín a Daniel Quintero.

En medio de la certificación de los estados contables, el despacho de Abreo, respaldado en un análisis del Fondo Nacional de Financiación Política del CNE, sostendría que los miembros de la revocatoria habrían sobrepasado los topes de ley, que no pueden superar los 236 millones de pesos.

Sin embargo, los implicados repiten que las cifras están enmarcadas en la Constitución. “Los estados contables están perfectamente presentados y no tienen de otra: certificar positivamente”, mencionó Andrés Rodríguez, vocero del comité revocador.

Pero la ponencia de Abreo estaría en contra de las pretensiones del comité anti Quintero. Incluso, el magistrado habría propuesto ante la Sala Plena que se formulen cargos en contra de los promotores de la revocatoria por las inconsistencias que encontró en los estados contables.

Y es que otro de los argumentos de Abreo cuestionaría el no pago del salario al contador y auditor del comité. No obstante, los miembros de la revocatoria justificaron que hubo tres contratos divididos en procesos distintos: recolección de firmas, campaña y cierre. Es decir, hubo contrataciones y finalizaron cuando culminaron el informe contable que fue enviado al CNE.

Ahora bien, con base en el informe que presentó el magistrado César Abreo, los ocho restantes togados de la Sala Plena decidirán el futuro de la revocatoria.

Si aprueban los estados contables, los habitantes de Medellín tendrían que acudir a las urnas para buscarle un reemplazo a Daniel Quintero. De lo contrario, si la mayoría de los magistrados votan negativo, se le acabaría la respiración al proceso y el alcalde continuaría en el cargo.

Personería de Medellín alerta por reclutamiento de menores

La Personería de Medellín advirtió que en los últimos días han recibido llamados donde alertan sobre el presunto reclutamiento de jóvenes en la comuna 13 de la ciudad. Las autoridades hacen seguimiento a las denuncias.

Al parecer, los menores estarían siendo obligados a enfilarse a los grupos delincuenciales de Medellín y Antioquia. En particular, por las organizaciones que reciben financiación del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Si bien el ministerio público no entregó el número exacto de denuncias que tienen bajo el radar, sospechan que son más las que se quedan en el silencio.

“Hay que advertir que de este delito hay un subregistro, ya que muchas familias, por miedo a represalias, no hacen las denuncias correspondientes”, señaló la personera auxiliar, Olga Lucía Rodríguez.

Una de las víctimas del reclutamiento que reside en el barrio Moravia de Medellín le narró a Caracol Radio que fue obligado a participar en dos grupos delincuenciales: primero en los Caparros y más tarde en el Clan del Golfo.

Como él, el año pasado ocho menores de edad fueron víctimas de este delito: cinco mujeres y tres hombres que residían en las comunas de Aranjuez, Manrique, Santa Cruz y San Javier.

Este fenómeno también hace eco en el resto de Antioquia. La Defensoría del Pueblo confirmó en las últimas horas que una menor de 16 años, con quebrantos de salud, fue liberada luego de que los ilegales la obligaran a defender sus intereses en las montañas del Bajo Cauca antioqueño.

“Una menor que fue reclutada forzosamente por el organismo al margen de la ley de la zona, fue devuelta en las condiciones más deplorables, enferma. Hacemos un llamado a la institucionalidad para que articulemos de manera conjunta para que esta situación no siga pasando en territorio antioqueño”, dijo la defensora del Pueblo de Antioquia, Yucelly Rincón.