Se cumple un mes del paro minero en Antioquia: el gremio insiste en reclamos mientras se suman pérdidas

Hace un mes está activo el paro minero en el departamento de Antioquia que infiltró el Clan del Golfo y llevó al presidente Gustavo Petro a romper el cese al fuego. Aunque la violencia disminuyó considerablemente al igual que los bloqueos, no hay ‘humo blanco’ en la negociación y varios sectores de la economía siguen sumando millonarias pérdidas.

Sobre la mesa hay puntos inamovibles. Las personas que se dedican a la extracción de oro en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste pretenden que el Gobierno nacional frene la destrucción de la maquinaria amarilla que utilizan para arrastrar tierra por parte de la fuerza pública, a pesar de no contar con los permisos y el licenciamiento ambiental.

No sería de manera definitiva, sino hasta que la mayoría de los trabajadores transite de la minería ilegal hacia la legal. De acuerdo con los planes iniciales, eso podría tardar hasta cinco meses y se tramitaría por medio de un distrito minero que ya está en construcción. Sin embargo, el ejecutivo no está dispuesto, bajo ninguna razón, en frenar los operativos.

Así lo dio a entender el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil: “Reiteramos el deber constitucional y legal, irrenunciable del Gobierno, de controlar las operaciones mineras en el país y de todo tipo de minería”. Este es el punto que no ha dejado avanzar la negociación entre el Gobierno y el comité que lidera el paro en el Bajo Cauca antioqueño.

La propuesta de Petro es ofrecerles un subsidio a los mineros más vulnerables hasta que logren la formalización de sus actividades. Esta iniciativa no fue acogida porque no necesitan “limosnas”, sino soluciones estructurales al problema que los sacó a las calles y los mantiene en cese de actividades desde los primeros días del mes de marzo.

Saúl Bedoya, vocero del movimiento, indicó que lo único que necesitan es que las autoridades los dejen laborar sin el temor de que la fuerza pública llegue a destruir la maquinaria que no cumpla con los requisitos de la ley. Eso implica pactar una serie de compromisos con el Gobierno que, de momento, no los ha vuelto a convocar a negociar.

“Llevamos quince días sin sentarnos en la mesa. El Gobierno nos propuso un subsidio sin decir cuánto sería. Ellos quieren que nos vayamos al territorio sin trabajar. Nosotros vamos a seguir en el paro de manera indefinida. Acá nos mantenemos”, manifestó el ciudadano que representa los intereses de mineros de Antioquia, Córdoba y Bolívar.

Esto es un golpe directo para el bolsillo de varios sectores de la economía. El precio de la canasta familiar está por las nubes porque los vehículos de carga pesada tienen limitaciones para entrarlos a la subregión y el transporte público opera de manera parcial por las amenazas del Clan del Golfo, luego de la suspensión del cese al fuego.

Por ejemplo, la Unión de Transportadores de Antioquia contabilizó hasta el 31 de marzo siete mil millones de pesos en pérdidas porque redujeron en un 70 % sus recorridos por la troncal de occidente, la principal autopista que conecta a la ciudad de Medellín con el resto de las ciudades de la costa atlántica y otras regiones del país.

Cada vez resultan menos viajeros. En Semana Santa se espera el golpe más fuerte para los conductores. Si bien están acostumbrados a enviar catorce rutas diarias, solo podrán cubrir la demanda con nueve automotores por las intimidaciones de los grupos armados, dado que corren con el riesgo de que los ataquen e incineren los carros, tal como se ha documentado.

“La gente todavía tiene temor y le da miedo salir. Nosotros hemos buscado soluciones con el Ejército, Policía y Gobernación, pero no nos dan certeza de darle apertura a la vía. No estamos viendo la presencia de los 10 mil uniformados que anunció Petro. Eso sí, hay que reconocer todos los militares que están de pie en la vía entre Yarumal y Caucasia”, dijo Samir Echeverri, vocero del gremio.