Se fueron los migrantes de Necoclí; los que quedan en las playas es porque no tienen dinero para regresar

Los más de 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que llegaron a Necoclí, en el Urabá antioqueño, hace dos semanas para lograr un cupo en lancha hasta el Tapón del Darién, se están devolviendo hacia sus lugares de origen por las nuevas restricciones del Gobierno de EE. UU.

Una de esas medidas fue cerrar la frontera del sur de México y la prohibición de la entrada de ciudadanos indocumentados. Estas restricciones le llegaron como un balde de agua fría a esta población, que salió de sus países con el fin de cumplir el sueño americano, o por lo menos una mejor vida, pero los planes cambiaron.

Necoclí, una pequeña población de la costa antioqueña, había sido noticia por varios días, debido al represamiento de esta cantidad de migrantes, muchos de ellos en condiciones de pobreza y muchas dificultades. Sin embargo, esta crisis humanitaria no duró mucho. Las playas, que estaban casi a reventar, ya se encuentran casi solas y los que quedan están esperando reunir el suficiente dinero para regresar hasta Venezuela u otras ciudades del país.

Wilfredo Menco, personero de Necoclí, le contó a SEMANA que son aproximadamente 500 los migrantes que quedan en el municipio, quienes duermen como pueden en las playas. Además, aseguró que los que se están regresando son porque ya vieron la falta de garantías para entrar al país norteamericano y otros empezaron a formalizar su proceso para entrar legalmente.

“Los que están es porque no tienen recursos para devolverse. Una parte de los migrantes decidió devolverse porque creen que cumplen los requisitos y otros manifiestan que no van a correr el riesgo de esperar a ser retenidos y luego quedarse en la selva atrapados. Los lancheros que tuvieron bastante trabajo por estos días tuvieron que devolverleS el dinero a las personas que habían comprado los ‘tiquetes’ con antelación”, sostuvo Menco

Menco agregó que, si bien el gobernador estuvo en la zona monitoreando la situación, además de otros funcionarios de Migración, nunca hubo presencia del gobierno central para atender la crisis de represamiento, que no ha sido la única en estos dos últimos años. Les preocupa que esta situación se vuelva a presentar en los próximos meses y solo les dejen la responsabilidad del municipio.

Cabe recordar que el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio el sábado pasado, donde conoció de primera mano las condiciones en la que se encuentran y las que deben atravesar para intentar llegar hasta la frontera sur del país norteamericano.

“Conversé con migrantes venezolanos en Necoclí y les dejé un mensaje importante: conozcan la nueva forma legal de entrar a los EE. UU., no arriesguen sus vidas y las de sus familias. Los venezolanos que intenten ingresar de forma ilegal serán expulsados a México”, sostuvo Palmieri.

Además, Palmieri les aseguró a estos ciudadanos que no es cierto que la frontera solo estará cerrada por 90 días, como está diciendo alguna gente: “Hay un nuevo programa de los Estados Unidos; si se queda en el lugar donde está y no cruza una frontera, se puede aplicar por internet, para tener una visa humanitaria”, señaló el embajador.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo le jaló las orejas al Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) porque la emergencia requiere una presencia más activa, a razón de que el 20 % de los migrantes son niños y adolescentes que están al margen de las amenazas que hay en la travesía por Colombia.

Con base en las cuentas de este organismo, en los últimos 15 días han pasado cerca de 4.290 menores de edad. Ellos están en alto riesgo por el peligro de la trata de personas o la explotación sexual comercial que se ha denunciado ampliamente en el municipio de Necoclí, situación utilizada por algunos ciudadanos para costear el temido viaje.

“El incremento de la población migrante y refugiada en tránsito hacia el norte del continente ha hecho que la crisis humanitaria en la frontera con Panamá se agudice al igual que los riesgos de vulneración de derechos fundamentales para estas personas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde el Urabá.

Si bien se ha tenido el antecedente de olas migratorias, este año es más crítica porque la cantidad de personas que han pasado hacia Centroamérica supera los 150.000, en comparación a los 134.000 que cruzaron en los 12 meses de 2021. El Ministerio Público sospecha que estos números podrían aumentar en las próximas semanas.