Segundo día del paro armado en Antioquia: criminales han quemado ocho vehículos

Durante la madrugada y la mañana de hoy, 6 de mayo, la Asociación de Transportadores de Carga ha documentado la quema de ocho carros en las vías de Antioquia. Así las cosas, de manera preliminar, 32 automotores han sido incinerados desde que el Clan del Golfo anunció el paro armado como retaliación por la extradición de alias Otoniel.

Los corredores viales afectados están ubicados en el Bajo Cauca, en el nordeste, el suroeste y el Urabá antioqueño, zonas donde delinquen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las víctimas de los incidentes han sido los conductores de carga, transporte público y particulares que no frenaron sus actividades tras el ultimátum de los ilegales.

El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, Samir Echeverri, detalló que los miembros del Clan del Golfo los han obligado a cerrar los trayectos en tres de las principales vías departamentales.

“Son 17 empresas afectadas por los cierres preventivos que ha realizado la fuerza pública por las amenazas que se han recibido. Tenemos una afectación importante en los despachos, entrando y saliendo de Medellín, dejando de despachar a más de 40 mil pasajeros”, aseguró el representante.

Es decir, las pérdidas acumuladas suman más de 2.500 millones de pesos, mientras que los conductores de vehículos pesados dan cuenta de una reducción en las operaciones logísticas con millonarios saldos negativos.

En efecto, la Asociación de Volqueteros Unidos de Antioquia pidió cesar la violencia: “A todos los actores armados: no somos culpables de sus problemas, somos compatriotas y solo queremos llevar el sustento a nuestros hogares. Venimos de una pandemia y solo pedimos trabajar en paz”, escribió la agremiación.

Las caravanas

Con el objetivo de reactivar la movilización y asegurar los vehículos, la fuerza pública puso en marcha una serie de caravanas escoltadas por la Policía y el Ejército, mientras los carros se desplazan por los corredores amenazados, con especial atención en los tramos de Tarazá, Valdivia y Caucasia.

Según el jefe del estado mayor de la Séptima División, el coronel Juan Rodríguez, 500 militares estarán al frente de los recorridos: “Las vías se encuentran obstaculizadas en algunos sectores y, al primar la vida, necesitamos estar seguros de que no haya artefactos explosivos para el normal desarrollo de estas caravanas”.

SEMANA conoció que el mismo método de protección se aplicará en los departamentos de Sucre, Córdoba, Guajira, Magdalena, Santander, Cesar y Atlántico.

El paro armado llegó a 30 municipios de Antioquia

Tres subregiones de Antioquia están en alerta máxima. La respuesta terrorista se ha dado, principalmente, en las vías del departamento contra los conductores que se niegan a frenar las actividades comerciales.

El Gobierno departamental anunció medidas para garantizar el orden público. Entre ellas, la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la recompensa de hasta 10 millones de pesos por información de cada integrante del Clan del Golfo y la implementación de patrullajes y caravanas, con el fin de permitir la movilidad de vehículos obstruidos.

“Estamos con una alerta a nivel nacional en todos los corredores logísticos del país a raíz de una serie de atentados que hemos recibido los transportadores de carga”, expresó el director de la Asociación de Transportadores de Carga, Anderson Quiceno.

Sin embargo, el ultimátum que regó el Clan del Golfo por Antioquia tiene las puertas cerradas de los establecimientos comerciales de 30 municipios. Es decir, el 24 % del territorio departamental no tiene acceso a suministros de la canasta familiar por cuenta del miedo a ser asesinados.

La Gobernación también da cuenta de que varias instituciones del Urabá, el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia dejaron de dictar clases. Incluso, un hombre armado habría obligado a suspender las actividades académicas de un colegio, mientras los alumnos estaban sentados en el pupitre.

Aníbal Gaviria, mandatario departamental, aseguró que los hechos son terroristas y que han violado sistemáticamente el derecho internacional humanitario, pero advirtió que tienen con que retomar el control: “Estamos viviendo momentos difíciles, pero ya hemos superado situaciones similares”.

En el distrito de Turbo se presenta alteración del orden público. La comunidad se refugia en sus casas mientras escuchan el intercambio de disparos. Es de recordar que el aeropuerto Antonio Roldán Betancur de Carepa mantiene el cese de actividades en la terminal, por seguridad.