Antioquia
SEMANA está en el Bajo Cauca: 312 horas de la crisis impuesta por el Clan del Golfo
La Fuerza Pública multiplicó los esfuerzos para brindar seguridad, pero pesan las intimidaciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La furia que tienen los mineros del Bajo Cauca antioqueño con el Estado no es nueva. En promedio, cada año estalla una violenta manifestación que termina en promesas incumplidas. El oro que está enterrado en la subregión tiene condenadas a 300 mil personas a la incertidumbre. SEMANA recorrió los estragos que deja la crisis.
El corazón de la manifestación está ubicado en Caucasia y empezó a palpitar desde el 2 de marzo por trabajadores informales de 12 municipios. El reclamo no es desconocido. Tal como ocurrió en 2022, pretenden que se le pongan frenos a las operaciones que adelanta la Fuerza Pública contra la extracción ilícita de yacimientos, excepto a grupos ilegales.
Luego de la inauguración, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se sumaron a la discusión. De acuerdo con información revelada por la Gobernación, entregaron dinero a menores de edad para que distorsionaran el paro de los mineros, quienes impusieron confinamientos, bloquearon vías, quemaron carros y atacaron a uniformados.
Las administraciones locales describieron que algunos medicamentos se agotaron y la prestación de los primeros auxilios estuvo en riesgo, porque las ambulancias tuvieron complicaciones para circular con los pacientes. La zozobra fue un sentimiento generalizado que se extendió hasta los departamentos de Córdoba y Bolívar.
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Más de 2.000 hombres de la Policía Nacional y el Ejército volvieron a tomar el control del orden público tras varios días de caos. Las carreteras se pudieron reabrir, las tiendas se volvieron a llenar de comida, los enfermos alcanzaron a llegar a los hospitales, las personas regresaron a las vías y el número de agentes superó a los manifestantes.
Sin embargo, la tranquilidad no es completa. Los sujetos que comandó alias Otoniel están empeñados en hacer cumplir las reglas de su juego a como dé lugar: definen la hora en que los establecimientos comerciales pueden estar al servicio de la comunidad y aprovechan cualquier descuido de las autoridades para marcar el terreno con fuego.
El nombre propio del responsable no se dice en voz alta. Nadie se atreve a señalar en público al Clan del Golfo, porque serían castigados con la muerte. Los únicos que se le paran de frente son la Fuerza Pública y los delincuentes con los que se pelea el control de las rentas ilegales: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
Los menores de edad también están sumergidos en el terror. Con base en las estadísticas de la Secretaría de Educación de Antioquia, 100.000 menores de edad dejaron a acudir a las aulas de clase desde que las condiciones de seguridad tambalearon. El mismo escenario se repite en las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El sector empresarial desconfía de la paz que se ha respirado en las últimas 48 horas. Las fachadas de los locales están blindadas con tablas para prevenir cualquier afectación y seguir sumando pérdidas. Solo este martes, cerca del 80 % de los establecimientos tomaron la decisión de retomar la normalidad, pero hay amenazas.
Mientras que tres multinacionales que se dedican a la extracción de minas tienen en pausa sus tareas por las situaciones del orden público, al menos 600 empleos están comprometidos, a razón de que el gremio los considera como enemigos por estar enfilados en las compañías, al igual que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Este miércoles se espera una nueva movilización en el Bajo Cauca antioqueño. El recorrido arrancará en Caucasia y se concentrará en Tarazá, tras ponerse en pausa la negociación que sostenía el comité de mineros con el Gobierno nacional. Desde la Casa de Nariño se lanzó un ultimátum: si persisten los bloqueos, no habrá posibilidades de diálogo.
Ahora bien, las autoridades no descartan nuevos desmanes y tienen atentos a los uniformados en el perímetro donde se llevará a cabo la protesta para atender cualquier incidente que viole los derechos de las comunidades, principalmente las afectaciones a la movilidad. Este miércoles 15 de marzo se podrían sumar otras 24 horas de incertidumbre en Antioquia.
