Sindicato de Trabajadores del ICBF en Antioquia se declara en cese de actividades

La sobrecarga laboral fue el argumento que llevó a la declaratoria de un cese de actividades permanente al Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia. La falta de empleados ha multiplicado los trabajos y reducido la capacidad de atención en las oficinas de la sede regional de esta entidad.

Al menos 250 funcionarios dejaron de atender a la población este seis de octubre en Medellín y ese escenario se podría mantener las próximas semanas hasta que la dirección tome cartas en el asunto. En el pliego de peticiones exigen que se asignen las 140 vacantes que están a la espera de ser oficializadas por medio de la figura provisional.

Buena parte de los titulares que están faltando en este departamento cojean las funciones del ICBF. Los perfiles escasos, referenciados por el sindicato, tendrían por fuera de cobertura las responsabilidades de restablecer los derechos a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que tienen amenazas en los municipios del departamento.

La condición descrita por los trabajadores es crítica. Por ejemplo, la agenda de las conciliaciones por demandas de alimentos, custodias y reglamentación de visitas están a reventar. En los cálculos del sindicato se relaciona que apenas hay cupos para los días de marzo de 2023 porque no hay quién atienda los procedimientos jurídicos.

Una situación que se ha repetido por estos días es que, una vez reciben las alertas por las posibles vulneraciones a los menores de edad, los funcionarios se tardan en acudir al sitio referenciado a razón de que los horarios están apretados. En ese sentido, las condiciones son de alto riesgo para la comunidad que tienen la obligación de proteger.

Carlos Alberto Correa Franco, presidente de esta agremiación en Antioquia, señaló que el malestar de los funcionarios está activo desde el año pasado, cuando inició el supuesto incumplimiento de los acuerdos que alcanzaron con la dirección nacional, en el gobierno de Iván Duque. Es decir, la manifestación es un acumulado de preocupaciones del pasado.

“En ese pacto se sugirió una ampliación del personal y se pidió con base en un estudio de cargas que ellos mismos hicieron. Hoy se requiere el doble del personal que hay. Demandamos principalmente el nombramiento de las 140 vacantes existentes hoy en la sección regional de Antioquia”, argumentó el vocero del sindicato.

En resumidas cuentas, en las oficinas del Instituto Colombia de Bienestar Familiar de este departamento están evidenciando una presunta violación a los derechos de los trabajadores dado que, para cubrir la ausencia de los puestos que están vacíos, están cubriendo las obligaciones que no se están cumpliendo para asegurar a los menores.

Pero el paro no es un escenario nuevo en esta regional. Durante el mes de abril se sostuvo un cese de actividades que sacaron de los escritos al sesenta por ciento de los trabajadores de Antioquia. Las mismas quejas los llevaron a alzar las banderas: falta de funcionarios y mejores condiciones laborales, como el salario que reciben.

Ahora bien, todavía no hay un tiempo establecido en la que se sostendrá la manifestación. Ese período está condicionado al tratamiento que les dé a las quejas la nueva directora del Instituto Colombia de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo Aldana. De momento, no hay acercamientos entre las partes para gestionar las preocupaciones.

Finalmente, la coordinación regional del ICBF en Antioquia respondió que la vocería de estas denuncias está a cargo de la oficina central de la entidad. Mientras eso sucede, más de 200 empleados no atenderán los procesos pendientes que, en su mayoría, relacionan el seguimiento a las vulneraciones de niños, niñas y adolescentes en el departamento.