Socio mayoritario de Hidroituango le pide a EPM que suelte la construcción y operación de la obra

La Gobernación de Antioquia, accionista mayoritario de la Sociedad Hidroituango, puso contra las cuerdas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), contratista de la iniciativa: le pidió que suelte la construcción y operación de la hidroeléctrica a cambio de frenar las demandas que están en trámite por incumplimientos en el contrato del megaproyecto.

La propuesta la presentó el gobernador Aníbal Gaviria Correa en una carta que remitió al gerente y a la junta directiva de la compañía de servicios públicos. Allí, expresó malestar por una cifra revelada por EPM: la obra tiene un saldo negativo de 960 millones de dólares calculado a 50 años. Es decir, no produciría ganancias y las pérdidas serían millonarias.

“No puede ser que, en 50 años de operación de la hidroeléctrica, EPM gane miles de millones de dólares, mientras la Sociedad Hidroituango y sus socios -la Gobernación de Antioquia y el Idea- no reciben un solo peso, dineros necesarios y esperados para la inversión social en los 125 municipios del departamento”, redactó el mandatario.

Este dato lo suministró la compañía ante el Tribunal de Arbitramento que está definiendo las exigencias económicas de los dueños de Hidroituango, donde se alegan incumplimientos en el cronograma de la obra, cuya multa, que tendría que asumir EPM, se mediría en 1,2 billones de pesos. Esa cifra podría incrementar por futuros retrasos.

Ante este panorama financiero, el gobernador quiere tomar las riendas de la hidroeléctrica para poderle sacar provecho y satisfacer los deseos de las acciones que comanda. Como están las cosas, según Gaviria, solo saldría favorecida Empresas Públicas de Medellín: “Nos percibimos como víctimas y no como una entidad contratante y socia de EPM”.

Él pidió que, de manera concertada y anticipada, se dé por terminado el contrato BOOMT por medio del cual Empresas Públicas de Medellín tomó el control de Hidroituango y ceda las acciones que tiene dentro de la Sociedad. En dado caso de que se produzca este movimiento, la construcción y operación la asumiría la Gobernación de Antioquia.

De no aceptar, Aníbal Gaviria Correa pedirá acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación para avanzar en un proceso de conciliación ante el Tribunal de Arbitramento que está definiendo el pleito de las dos partes, cuyo objetivo sería contemplar “objetivamente la reclamación de la Sociedad y los desequilibrios del contrato BOOMT”.

Si este año no se llega a un acuerdo, la Gobernación de Antioquia interpondrá una nueva demanda por desequilibrio económico y financiero del contrato que podrían sumar 3 billones de pesos más en contra de EPM. Todo esto dependería de la posición que asuma la junta directiva que lidera el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Esta petición sacude nuevamente las relaciones entre la administración distrital y la Gobernación por Hidroituango, mediada por pleitos judiciales, administrativos y políticos. De momento, Empresas Públicas ni la Alcaldía han reaccionado a la propuesta del accionista del proyecto que promete cubrir el 17% de la demanda de energía de Colombia.