Violencia
Soldados que combaten a las Farc en el Cauca se confiesan y señalan que son víctimas de ofensas y malos tratos
Militares revelan el drama que viven en medio de los combates con las Farc en Cauca: denuncian malos tratos de la población civil y persecuciones jurídicas por desempeñar su trabajo.
Los militares que defienden a Colombia en el Cauca no solo esquivan las balas de las Farc, también libran un viacrucis silencioso que los atormenta diariamente y que poco ha llamado la atención de la opinión pública. Suboficiales, oficiales y soldados hablaron en SEMANA y revelaron los dolores profundos que los acompañan. Los uniformados han visto cómo se multiplican los guerrilleros en las montañas con los supuestos beneficios de la paz total.
“El cese al fuego fue una ventaja que les dio el Estado para que se restablecieran en el territorio”, afirmó un experimentado profesional que ve pasear a los delincuentes por todo el suroccidente del país. Él cree que no es un mito que la insurgencia manda en pueblos enteros y que su institución ha tenido que agachar la cabeza en varias oportunidades para no entorpecer los planes del Gobierno.
Allí los poderosos están enfilados en el bloque occidental Jacobo Arenas, el brazo más sanguinario de las disidencias. De ese nombre se desprenden las estructuras Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. La primera tiene 250 hombres en armas y las unidades de inteligencia creen que por cada uno de ellos hay cinco milicianos. La segunda cuenta con 300 sujetos a los que no les tiembla la mano para hacer el mal y son calificados como los más sanguinarios.
Ellos han asesinado a nueve soldados este año y los muestran como si fueran trofeos merecedores de aplausos. Esas escenas han llenado de intranquilidad a los militares. “Cualquier persona que diga que no siente miedo realmente estaría diciendo mentiras”, comentó un capitán del norte del Cauca bajo anonimato. Pocos han expresado en público estos sentimientos y los suman a los amargos recuerdos de la guerra, pues fueron entrenados para anteponer la valentía sobre cualquier cosa. Los fallecidos entregaron sus vidas para que las comunidades tuvieran tranquilidad. Mientras que los guerrilleros celebraban, el país lloraba.
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La lucha armada solo es uno de los caminos violentos que emprendieron contra las tropas, pues hay dos planes igualmente temerosos para demeritar el trabajo de los uniformados: mentiras para que las personas categoricen a los uniformados como enemigos y una guerra jurídica para debilitar a los comandantes que dan resultados. Los golpes no serían únicamente externos. Al parecer, también habría un flujo de billetes para corromper a varios funcionarios en el departamento con el fin de facilitarles el camino a las disidencias.
La justicia ordinaria y el sistema militar rastrean varios episodios para esclarecerlos y distribuir las potenciales responsabilidades. Un coronel reconoció que estas situaciones son críticas y los ha llevado a desatender algunas labores: “Por el poder que les da el negocio del narcotráfico, infiltran las instituciones. Eso le roba a uno la atención y la tranquilidad. Eso influye en las operaciones y, obviamente, en los resultados tangibles e intangibles”.
“No somos enemigos”
Las disidencias de las Farc definen a los soldados como un monstruo que se debe destruir y usan megáfonos para replicarlo en los campos. Los uniformados confesaron que estos comentarios son recibidos como si fueran golpes físicos que derrumban los principios de la institución que defienden.
A un sargento le tocó escuchar los duros comentarios y no pudo ocultar el dolor durante una operación: “Dicen que somos violadores de derechos humanos y que atacamos a la población civil solo para dañarnos la imagen ante la opinión pública”. Lo más delicado es que cientos de habitantes han creído en las falacias. Esto se ha traducido en violentas asonadas y obstáculos para el desarrollo de las operaciones militares.
Los entrevistados detallaron que hay espacios del Cauca en donde no pueden circular por las amenazas y el riesgo de afectación a las comunidades, pues podría presentarse un combate de encuentro. Uno de los suboficiales que presenció uno de esos episodios relató: “Hemos estado en zonas donde no somos bienvenidos a sus territorios. Por ende, en ocasiones nos han sacado, viéndonos como los más malos para ellos”. Las sensaciones que afloran son impotencia y desazón, pues creen que la legitimidad la tiene la guerrilla.
El Ejército Nacional respondió que, posiblemente, el flujo de mentiras y la construcción de un enemigo imaginario sería la respuesta al efectivo trabajo que viene adelantando en el departamento, dado que cada vez más estaría ocupando los terrenos que hasta hace poco eran intransitables para las fuerzas.
Los duros golpes también les han causado rabia a los disidentes: más de 30 insurgentes han muerto este año en el desarrollo de misiones militares, se han incautado toneladas de estupefacientes listos para la venta y han frustrado la producción de cocaína en varios rincones del suroccidente. Un capitán pidió el espacio para enviarle un mensaje a Colombia en medio de la guerra de desinformación que promueven las Farc y la intensa lucha en el Cauca: “Confíen en sus Fuerzas Militares. Nosotros no somos violadores de derechos humanos. Nosotros somos una fuerza que nos debemos a la población civil”.
La otra cara de la moneda es que las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez intimidan violentamente a los campesinos e indígenas para que expulsen de sus parcelas al Estado y acepten sus manuales de convivencia a fin de poder sobrevivir así no estén de acuerdo con las mentiras que promueven.
Esa fue la información que recibió un militar caucano de su propia familia: “Causa muchísima desazón, porque mis allegados, incluso, tienen que empujar a las tropas para poder sobrevivir. No es si quieren o si pueden, es que les toca hacerlo, porque los pueden matar. Es impresionante el nivel de instrumentalización que tienen”. Las disidencias apalancan sus intenciones ilegales con las ganancias que les deja el narcotráfico. Según las investigaciones del Ejército Nacional y de la Policía, ellos tienen pactos con organizaciones internacionales que, a cambio de la droga, les envían dinero y armamento para extender la violencia en las montañas de Colombia.
Un alto mando de la institución dijo en SEMANA que una parte de esa plata estaría destinada a unos abogados con el fin de afectar a los comandantes que diseñan y ejecutan los golpes en contra de la guerrilla, pues alegan supuestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre otros.
“Proceden a atacar a los comandantes que llevan más resultados operacionales e instrumentalizan organizaciones para que se presten para esas situaciones. Nos atacan con eso para desviar la atención que debe tener uno. Eso ya es una situación personal compleja”, señaló un uniformado desde el Cauca.
Todos los entrevistados aseguraron que, si bien la población civil del departamento y los uniformados son los afectados directos en este conflicto, sus familias también deberían ser reconocidas como tal por toda la incertidumbre que las rodea permanentemente. Así lo dijeron en tristes conversaciones.
“Nuestros familiares se preocupan, están en vilo por las diferentes situaciones que se desarrollan. Ellos sufren de manera indirecta”, agregó un capitán.