Subcontratista habría distribuido carne de caballo en colegios de La Ceja, Antioquia: respuesta del operador del PAE

La empresa que distribuyó las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios de La Ceja, Antioquia, donde la Procuraduría halló carne de caballo en los platos de los niños, contrarió los argumentos del ente de control disciplinario luego de que se anunciara la apertura de una investigación por las irregularidades que se probaron.

Jhonnatan Esteban Foronda Hernández, agente oficioso del proveedor oficial, le tiró la pelota al subcontratista que distribuyó durante dos meses las proteínas de res y cerdo en las instituciones educativas de este municipio del oriente del departamento. Al parecer, la carne de equino llegó desde las neveras de un tercero, no de la compañía que asumió el contrato.

Ahora bien, ese contrato se terminó antes de que la Procuraduría Provincial de Rionegro revelara las conclusiones de un estudio que cuenta con el respaldo de un laboratorio, donde evidenciaron el alimento que estaban consumiendo los menores de edad, condición que fue denunciada por la administración del municipio.

Las motivaciones que impulsaron a anticipar la finalización del acuerdo el 10 de mayo de este año, a juicio del proveedor, está sostenida en una serie de irregularidades que encontraron en el rótulo del producto cárnico; esa decisión también los llevó a retirar los productos que en esa época estaban listos para ser preparados en los colegios.

“Es importante aclara que tanto el municipio de La Ceja, Antioquia, y el operador del PAE, realizan labores de seguimiento y control de calidad que ayudaron a identificar y corregir las presuntas inconsistencias en dicho producto”, afirmó en un comunicado dirigido a la opinión pública el vocero de la empresa que es investigada por la Procuraduría.

Aunque se ha cuestionado el procedimiento que la empresa le dio al hallazgo, advirtieron que, velando por los intereses de los menores de edad, se presentaron las respectivas denuncias por los presuntos hechos cometidos por el subcontratista ante la Fiscalía General de la Nación, donde aportaron pruebas documentales que los vinculan en la distribución.

Así las cosas, el proveedor espera respuestas de las autoridades por medio de los procesos judiciales y administrativos que están caminando en Antioquia, dado que se quejaron de que estas situaciones les ha afectado el nombre y la labor que desempeña, una carrera de 20 años de experiencia en el servicio de alimentación escolar.

En cuanto a la investigación que se abrirá en las oficinas de la Procuraduría que tiene jurisdicción en el oriente antioqueño, la empresa expresó que “no tiene detalle de la intervención, respecto a las garantías del debido proceso, específicamente en materia de cadena de custodia y notificaciones a las partes involucradas”, concluyó la respuesta.

Todo empezó cuando la Procuraduría Provincial de Rionegro indicó que, a niños de diferentes instituciones educativas del municipio de La Ceja, Antioquia, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), les suministraron carne de caballo en sus raciones alimentarias.

“Se concluye que de unas muestras tomadas a los alimentos que se suministran a los estudiantes beneficiarios del PAE en el municipio de La Ceja, el informe del investigador del laboratorio FPJ-132, determinó la existencia de carne de equino en los mismos, proceder que vulnera los derechos a la salud y a la alimentación equilibrada de esta población estudiantil”, indicó en el ente de control.

Por lo tanto, le recordó a Nelson Carmona Lopera, alcalde de La Ceja, que es su deber hacer “seguimiento a cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado proceso de recepción, conservación manejo y distribución de la alimentación escolar”.

Así mismo, advirtió que adelanta investigaciones para dar con los responsables de esos hechos en dicho municipio antioqueño.

Teniendo en cuenta lo anterior, el alcalde Nelson Carmona Lopera se pronunció en las redes sociales. Dijo que dicha situación con los alimentos del PAE la pusieron en conocimiento, desde su administración a la Procuraduría, hace unos meses.