Un juez ordenó arrestar por dos días al alcalde de Rionegro y una integrante de su gabinete

En la tarde de este 30 de septiembre se conoció que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro solicitó arresto de dos días y una multa de tres salarios mínimos legales vigentes contra el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández y la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de este municipio.

Esta medida la interpuso el juez por desacato de la administración municipal para vincular al señor Carlos Enrique Palacio, en un cargo equivalente o similar al que viene ocupando, siempre que cumpla con los requisitos para el mismo.

“Esta protección permanecerá vigente hasta que el accionante cumpla con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, siempre y cuando el cargo al que sea vinculado no sea provisto por concurso de méritos. Lo anterior con el fin de proteger tanto los derechos del accionante como de las personas que superaron el concurso de méritos y conforman la lista de elegibles. Cesará la orden si el accionante no presenta ante AFP Protección su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez al siguiente día hábil de cumplimiento de la edad exigida en la ley para tales efectos. El municipio de Rionegro, a través de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, verificará el cumplimiento de esta orden”, así lo aclaró la orden del juez.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde manifestó que, “fui enterado de una decisión del Honorable Juez Segundo Penal de Rionegro sobre mí y la Dra. Carolina Tejada. Quiero aclarar que la Acción de Tutela fue debidamente atendida en tiempos establecidos y que la decisión carece de firmeza mientras no se resuelva la consulta jurídica”, aseguró Hernández.

Por otro lado, La Procuraduría hace una semana había ordenado abrir un proceso de investigación contra el exalcalde de Rionegro y hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona. Presuntas irregularidades en la contratación del sistema de transporte público del municipio lo tienen en la mira del ente de control disciplinario.

Además del político del oriente antioqueño, la lupa también se fijó sobre las gestiones que adelantaron en los mismos trámites dos de sus funcionarias: la exsecretaria de Desarrollo Territorial, Ana María Mejía Bernal; y la entonces subsecretaria de Planeación y Supervisión de Rionegro, Jaquelín Restrepo Pineda.

Todos deberán responder las dudas que tiene la entidad sobre las supuestas deficiencias que se habrían dado en los estudios previos del proceso contractual suscrito para la remodelación, mantenimiento y construcción de estaciones provisionales de transferencia de pasajeros por un valor superior a los 547 millones de pesos.

Ese proyecto buscaba poner en funcionamiento al polémico Sistema Integrado de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, denominado Sitirio, cuyo arranque fue traumático y con poco respaldo de los conductores. Además, la iniciativa que encabezó Andrés Julián Rendón Cardona pretendía demoler los accesos a la estación La Morelia.

“Dado que el presunto detrimento patrimonial en los contratos celebrados en torno a Sitirio e irregularidades en la planeación y socialización de este proyecto fueron denunciados en este caso, y no pueden ser abordados en un solo expediente, la entidad ordenó la ruptura de la unidad procesal”, se lee en el expediente de la Procuraduría.

Es decir, cada uno de los hechos advertidos por los denunciantes serán investigados de manera separada donde tratarán de establecer las conductas irregulares que se habrían presentado en el camino. Los implicados tendrán la oportunidad de solicitar ser escuchados en versión libre para entregar los argumentos sobre la contratación.