Video de niños aclamando a Gustavo Petro genera controversia en Medellín

Con gran entusiasmo, agitando sus manos y golpeando las mesas de un salón de clase, niños menores de 7 años se volvieron virales a través de un video que está circulando en redes sociales. Y es que se les escucha coreando “Petro, Petro” a gran voz en la institución educativa La Asunción en la ciudad de Medellín.

El acto escaló hasta el Ministerio de Educación, entidad del Estado que rechazó los hechos en los que se vean involucrados niños y adolescentes en actos de proselitismo político, y reiteró la prohibición de participación indebida en política de servidores públicos.

“Los educadores de los colegios oficiales y privados deben continuar cumpliendo su rol permanente de formación en principios ciudadanos y democráticos, sin involucrar ninguna causa política, ideológica, religiosa o de otra índole”, indicó el Ministerio.

Asimismo, desde la Secretaría de Educación de Medellín ya se avanza una respectiva investigación disciplinaria, la cual permitirá esclarecer los hechos y de esa manera adoptar las sanciones a las que haya lugar en contra de los servidores públicos involucrados en el hecho, de conformidad con la normatividad vigente.

De otro lado, Ómar Arango, integrante de Fecode en Antioquia, dijo que los educadores no están autorizados para adoctrinar.

“Los educadores no adoctrinamos, abrimos los ojos a los niños, ‘por qué el rico, por qué pobre... por qué hay corrupción. No podemos hacer proselitismo político, estamos velando que los maestros no caigan en ese error al interior de las aulas”, aseguró Arango en Mañanas Blu.

También se atrevió a decir que le hacen campaña a Gustavo Petro, pero considera que son cuidadosos de cómo hacerla. “Hay que buscar el contexto de lo que sucedió para poder juzgar lo que pasó, no sabemos si la profesora estaba dando cátedra de democracia. Desconocemos si realmente fue una educadora, un padre de familia o un agitador que llegó”, concluyó en el programa radial el integrante de Fecode.

María Victoria Angulo, ministra de Educación, reiteró que las Instituciones educativas y sus sedes, los vehículos oficiales destinados al transporte escolar y demás bienes muebles e inmuebles del sector educativo oficial no pueden ser utilizados con fines distintos a los expresamente establecidos por la normatividad vigente, y en ningún caso podrán ser usados para el proselitismo político.

“El Ministerio de Educación Nacional reitera a las noventa y seis (96) Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas en educación lo dicho en repetidas oportunidades respecto de la transparencia e imparcialidad que debe existir por parte de los servidores públicos durante los procesos electorales, respetando en todo momento los establecimientos oficiales como un espacio para el aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó a través de un comunicado.

La titular de ese despacho señaló que es un hecho “totalmente reprochable. Esto lo tiene que rechazar toda la sociedad. Primero están los derechos de los niños y las aulas no son para hacer política”, dijo. Incluso, se conoció que algunos padres de familia rechazaron el acto.

“En la educación pública en Colombia, los maestros y los directivos, al igual que yo, somos funcionarios públicos, por eso no podemos participar en política. La invitación a todos los padres de familia a denunciar”, enfatizó.

Además, agregó que “hay procesos disciplinarios como el caso de la maestra de Medellín, que ya está siendo citada por control interno para hacerle el debido proceso y las sanciones del caso”.

Finalmente, el Ministerio de Educación aclaró que promueve y favorece acciones curriculares y pedagógicas orientadas al desarrollo de sujetos con pensamiento crítico y analítico, pero rechaza cualquier forma de manipulación de niños, niñas o adolescentes en causa política en favor o en contra de candidatos.

Finalmente, recordó a la comunidad educativa y a los padres de familia y acudientes que “las denuncias en este sentido deben ser puestas en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Secretarías de Educación y gobernaciones y alcaldías, y demás autoridades competentes”.