Congreso de la República hundió el Acuerdo de Escazú

En la noche del sábado 19 de junio se hundió el proyecto de ley que pretendía ratificar el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo buscaba garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia para estos mismos asuntos.

Según pudo establecer SEMANA, Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión Segunda del Senado citó para que se hiciera el debate hoy 20 de junio. Sin embargo, Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, no lo hizo y el proyecto se hundió por falta de trámite.

El pasado jueves a las 9 de la mañana estaba citada la votación del proyecto en Comisiones Segundas después de 11 meses de haberse radicado el proyecto de ley. Este trámite solo podía surtirse entre las 9:00 y 10:00 a.m. debido a que se convocó a plenaria a las 10:00 a.m y por decisión de la Corte Constitucional no se pueden hacer las dos sesiones al tiempo.

La dilación de este proyecto de ley fue evidente en las últimas semanas, aun cuando la iniciativa tenía mensaje de urgencia del Ejecutivo. Ante esta dificultad, la única solución por ahora es que el Gobierno Nacional vuelva a radicar el proyecto de ley donde se confirme el acuerdo internacional. Esto se podrá realizar el 20 de julio próximo.

Es evidente que en el Congreso de la República no cayó nada bien en varios sectores políticos esta iniciativa. Según los pronunciamientos de algunos congresistas, especialmente del Centro Democrático, dicha ratificación del acuerdo internacional les otorgaría legitimidad a organizaciones internacionales para intervenir en temas ambientales, desde el punto de vista jurídico, de orden nacional.

Los legisladores que se oponen al acuerdo también explican que no generaría mejores condiciones para defensores de derechos humanos.

¿Cuál es su importancia?

El Acuerdo de Escazú es una herramienta vital para regular los derechos para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de los recursos naturales.

Este instrumento entró en vigencia el pasado 22 de abril en América Latina y el Caribe después de haber sido ratificado por 12 estados, entre los que están México, Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá. Ahora es necesario que Colombia asuma (será el 20 de julio) el compromiso que manifestó con la firma del Acuerdo el 11 de diciembre de 2019, como una oportunidad histórica para fortalecer la paz y la democracia ambiental.

Según la Alianza por el Acuerdo de Escazú, contrario a lo que se ha dicho, este no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional.

“De hecho, su implementación se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los estados: el artículo 3 menciona los principios de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, e igualdad soberana de los estados; y el artículo 4 dispone que las obligaciones contenidas en él deberán ser incorporadas por los estados según su propia legislación, sin que éstas limiten o deroguen otros derechos y garantías más favorables previstas por las legislaciones del Estado que lo ratifique”, afirma en una comunicación oficial.

Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento de vital importancia que le permitirá superar - si se tramita en el segundo semestre de 2021- las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.