Los inhumanos tratos a los detenidos en la UPJ de Puente Aranda

Lo que pasa en el interior de las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) es casi un secreto a voces. A diario, las personas que por alguna circunstancia terminan en estos lugares de detención son víctimas de vulneración de sus derechos. El problema es que son pocas las que denuncian. Hace unos meses, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el hacinamiento en estos sitios. Incluso, manifestaron que muchos de los conducidos quedaban esposados en parques y calles aledañas a la UPJ. Con los días se tomaron medidas y hubo descongestión.Pero ahora la denuncia tiene que ver con el trato denigrante y que violaría los derechos humanos que les dan a estos detenidos, mientras la justicia les define su situación. Lo que se encontró es indignante: se hacen requisas con las personas completamente desnudas, hay un uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía, los trasladan de manera masiva e irregular en camiones y existe evidencia de hacinamiento. Estas son algunas de las violaciones que quedaron registradas en la UPJ de Puente Aranda y que refleja, al parecer, lo que lo que pasa en las demás sedes.Según la denuncia, “las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo”.El concejal liberal Germán García Maya, tras una visita a este centro, encontró las irregularidades. Según el cabildante, “este tipo de inspecciones violan los derechos fundamentales, deberían abolirse para siempre”.Para el cabildante, la única manera de que mejoren las condiciones de los conducidos es dotar la UPJ de tecnología y que los policías sean educados en derechos humanos. Lo cierto es que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad.Además, a esto se suma el hacinamiento. Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en el 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso. Actualmente sólo funciona el primero y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que en un día de fin de semana la cifra de detenidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.El concejal radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.A su turno, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Pinilla, aseguró que en ese centro hay presencia de la Personería y la Procuraduría y hay servicios de la Secretaría de Salud y sicólogos en horas de oficina. Lo que suceda en el interior de estos centros, desde que ingresan las personas que son recibidas, está verificados por los organismos de control, en entes caso la Personería. El oficial justificó el hecho de que a los detenidos se les haga una requisa, con ellos desnudos, para verificar que no tengan estupefacientes o armas cortopunzantes. La idea es prevenir hechos que lamentar en el recinto porque existen antecedentes complejos. En diciembre una persona se suicidó, por ejemplo.Penilla reconoció que hay problemas de infraestrutura en estas UPJ y dijo que ya estaba en marcha un plan de reingeniería de estos sitios, en el que se incluye dotación de equipos.