Aspersión con glifosato volvería en marzo

Una de las principales promesas del gobierno del presidente Iván Duque ha sido reducir la cantidad de hectáreas sembradas con hoja de coca, luego de que en el pasado mandato de Juan Manuel Santos crecieran exponencialmente al pasar de 69 mil hectáreas en 2014 a 208 mil en 2018 según el monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas. Se ha quebrado la tendencia de crecimiento, pero no es suficiente, por eso, el gobierno ha insistido en la necesidad de volver a las aspersiones con glifosato, pero, para poder hacerlo, debe cumplir con las condiciones que impuso la Corte Constitucional.

El recién nombrado ministro de Defensa, Diego Molano, en entrevista con Semana afirmó que están a punto de cumplir con este protocolo y que la aspersión con precisión, como la llama, iniciaría e marzo.

Usted asume una cartera con muchos problemas: cultivos coca, bandas criminales, disidencias, asesinato de líderes ¿Cuál va a ser su prioridad?

Se ha implementado por parte del Gobierno una política de legalidad que busca la lucha contra el narcotráfico. Son esas bandas de narcocriminales las que buscan desestabilizar las regiones. Hay que desmantelar esa cadena, se debe profundizar en la erradicación, en la aspersión con precisión y en la sustitución de cultivos. También en el desmantelamiento de las bandas criminales como el Eln, Clan del Golfo, la “Narcotalia”, y las otras disidencias de las Farc. Usan el narcotráfico, la extorsión, las rentas y la minería ilegal, para obtener fuerza y control territorial. Eso no lo vamos a permitir.

Este gobierno ha frenado el crecimiento de hectáreas cultivadas con coca, pero no resulta suficiente ¿Qué pasa con la aspersión con glifosato?

Cada hectárea nueva de cultivos ilícitos es combustible para la violencia y cada hectárea erradicada permite avanzar en esa consolidación territorial. Con las Fuerzas Militares y de Policía Pasamos de 170 mil hectáreas en 2018 a 154 mil a finales de año pasado, pero se requiere el desarrollo sostenido, la sustitución de cultivos ilícitos y adicionalmente la aspersión con precisión, especialmente en esas zonas donde se cumplen los requisitos que estableció la Corte Constitucional, proceso en el cual ha estado involucrado el Gobierno.

Cumpliendo las condiciones que puso la Corte ¿Cuándo va a tener lista la aspersión localizada con glifosato?

El Gobierno sigue con la meta de 130 mil hectáreas y espera, después de cumplir con todos los procedimientos y las consultas necesarias, que a finales del mes de marzo deben culminar, de modo que se pueda iniciar de inmediato la aspersión con precisión.

¿Me confirma entonces en marzo tendríamos la aspersión con Glifosato?

En marzo podríamos terminar el proceso de consultas, para iniciar entonces con todo el proceso de aspersión.

Habló de todos los eslabones de la cadena producción y tráfico de drogas, pero ¿en qué se va a enfocar?

Se han determinado cinco zonas futuro en donde se ve la concentración de cultivos ilícitos que coinciden con la ubicación de los narcocriminales. Vamos a desmantelar esos grupos. El año pasado fueron neutralizados 115 cabecillas y más de 5.500 fueron neutralizados o se desmovilizaron. Que sepan “Otoniel”, “Iván Mordisco”, “Gabino”, “Iván Márquez” y Santrich, que vamos tras ellos por aire, mar y tierra.

Usted está hablando de los principales cabecillas, pero algunos están en Venezuela o en Cuba…

No vamos a permitir que las amenazas que hacen desde fuera del país se materialicen, que busquen entrar para para seguir con esas rutas de narcotráfico. Vamos a solicitar colaboración para que las naciones en las que están ubicados hagan las denuncias pertinentes.

¿No es inocente pensar que va a haber colaboración, por ejemplo, por parte de Cuba o de Venezuela que ha sido denunciado ante Naciones Unidas?

Allá hay una dictadura que se conecta con esos grupos. Debe haber un esfuerzo internacional para garantizar una transición que permita elecciones democráticas. Una reestabilización de todo el proceso económico que mitigue los efectos de esa crisis humanitaria que ha generado esas migraciones que afectan la vida de tantos venezolanos.

Detrás de los cultivos está la guerra, la muerte de líderes, las masacres. Estamos con cifras que no veíamos desde hace 10 años ¿Qué va a hacer Ministro?

Lo primero es entender quién comete estos homicidios colectivos, quién asesina a los líderes. Cuando usted coge los 33 homicidios colectivos que cegaron la vida de 161 colombianos el año pasado, fueron cometidos por el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc ¿Qué quiere decir esto? Son zonas de disputa donde los narcocriminales buscan proteger su territorio o ganar dominio, son vendettas por el negocio del narcotráfico. El desmantelamiento de estas bandas, la captura de sus cabecillas, es fundamental. Segundo, la erradicación, la coca que es el combustible del conflicto. Por otro lado, el Gobierno lanzó el programa PAO para el apoyo y protección de líderes sociales.

Hay un asunto que va más allá de la semántica, por qué insisten homicidios colectivos cuando hablamos de masacres

Los casos de homicidios colectivos, o masacres, como usted los llama, se dan cuando hay una disputa territorial. Mire lo que sucedió en Tarazá, una disputa por minería ilegal, si usted no controla el territorio sino se desmantelan, va a ser muy difícil disminuir la afectación en los líderes sociales y las masacres. Por eso hay que dar respaldo a esos ejercicios operacionales, profundizarlos con inteligencia y capacidad operativa, pero también se necesita colaboración ciudadana.

Firmado un acuerdo de paz hay dos caminos, o mejoran las condiciones de seguridad o arrecia el conflicto ¿Estamos ante el fracaso de la negociación de paz con las Farc?

Cuando un acuerdo tiene deficiencias se dan estas mutaciones en bandas criminales. Hecho particular, las disidencias de las Farc. Cuando no se dan garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición, sucede eso. Uno de los propósitos del acuerdo era disminuir el narcotráfico, para eso se requiere que quienes participaron y hoy disfrutan de los beneficios del acuerdo den información del negocio del narcotráfico. Eso no sucedió, por el contrario, algunos se rearmaron.

Pero también cuestionan al Gobierno del Presidente Iván Duque por no implementar de forma adecuada el acuerdo…

El Presidente Duque incluyó en su plan de desarrollo una política de paz con legalidad. Hay 13 mil miembros de las Farc desmovilizados que tienen seguridad social, proyectos productivos, se les sigue pagando la ayuda humanitaria, hay 2.400 establecidos en las ETCR y ahora inician proyectos de vivienda. El Gobierno intentó hacer modificaciones en temas como las objeciones frente a la JEP que no fueron aprobadas en el Congreso. Ahora esperamos que las JEP garantice reparación y que no haya impunidad.

Usted habla de las zonas futuro ¿Qué diferencia hay con las de consolidación que en su momento estableció el expresidente Uribe y fracasaron?

Para lograr la consolidación se requiere una fuerza sostenida, mire la Sierra Nevada, una zona que tenía desplazamientos de más de 300 mil personas y después de una intervención se logró seguridad, inversión y ahora es una zona tranquila. En otras regiones los esfuerzos no han sido sostenidos, es el caso de Nariño, Tumaco, la Costa Pacífica. En el gobierno Duque hay una inversión importante con los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que salieron del acuerdo de paz. En estos 170 municipios se van a hacer inversiones por 2.5 billones de pesos en vías terciarias, erradicación, proyectos de sustitución y proyectos productivos. Pero eso sin presencia de las Fuerzas Militares y de Policía no puede ser exitoso.

Hubo un intento moción de censura que obligó al exministro Guillermo Botero a renunciar, embolataron otro intento contra el fallecido exministro Holmes Trujillo. Hay fuego cruzado en las relaciones políticas. ¿Cómo lo va a enfrentar?

Cuando uno es congresista tiene la responsabilidad de hacer control político. El debate es sano para democracia y los que estamos en estos cargos nos debemos someter y actuar con toda contundencia, claridad y transparencia para rendir cuentas. Actuaremos con determinación, pero con apego a las normas.

La Fuerza Pública pasa por el peor momento. Policías matado gente, falsos positivos, niños muertos en bombarderos, corrupción ¿Cómo recuperar la credibilidad?

Se debe actuar con contundencia y apego a la ley. Se han establecido protocolos y debe haber transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero cada caso es diferente. Por ejemplo, el de los policías en Bogotá, hubo patrulleros que cometieron abuso de su poder y fueron retirados, pero se debe garantizar el debido proceso. Si se garantiza el derecho a la defensa, si se hacen los procesos judiciales, esto no volverá a suceder. También está la formación en Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario que debe ser fortalecida. En segundo término, están los casos particulares como cuando, por ejemplo, en la noche del 9 de septiembre se hicieron disparos por parte de policías ante amenazas, ante ataques a más de 63 CAI. ¿Quiénes dispararon, por qué y en qué condiciones? Hay que dar la oportunidad al debido proceso. Si definitivamente son culpables deben ser judicializados.

Eso sucedió en medio de protestas que fueron apagadas por la pandemia, pero van a volver ¿Cuál va a ser el equilibrio entre el derecho a la protesta y los excesos?

Debemos garantizar el derecho constitucional a la protesta. Para eso se expidió el protocolo de manejo de las protestas. Todo aquel que lo haga de forma pacífica tendrá garantizado su derecho, pero cuando las instrumentalicen para el vandalismo no lo vamos a permitir.