Nación
Exalcalde de Quinchía, Risaralda, en líos por presunta contratación irregular en proyecto para mejoramiento de viviendas
Al parecer, se valió de un modelo de contratación diferente al que ordena la ley.
En serios problemas se encuentra un exalcalde del municipio de Quinchía, en el noroccidente de Risaralda a orillas del río Cauca, por su presunta responsabilidad en la contratación irregular durante un proyecto de mejoramiento de 99 viviendas para las familias más vulnerables de la localidad.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Barney Antonio Ibarra Arias, quien estuvo al frente de la administración municipal entre los años 2012 y 2015, ya que al parecer se valió de un modelo de contratación diferente al que ordena la ley, desconociendo así los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad y economía.
De acuerdo con lo que informa la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, Ibarra Arias celebró un convenio de asociación con la Empresa de Servicios Públicos Mixta Operador Regional de Occidente, pero valiéndose de la selección objetiva de contratación directa, la cual no se ajustaba al objeto y a las obligaciones que fueron pactadas previamente en ese programa.
Esta falta cometida por el exalcalde de Quinchía se calificó de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima ya que se debió hacer una licitación pública; pues la actividad contractual reviste las características propias de un contrato de obra, con lo cual se actúa de forma contraria al ordenamiento legal que regula la contratación estatal.
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No es la primera vez que Barney Antonio Ibarra se ve envuelto en esta clase de problemas por sus actuaciones cuando fue alcalde de Quinchía; ya que a finales de agosto del año 2012 fue suspendido de su cargo por un periodo de 60 días por parte de la Procuraduría, lo cual obligó al gobernador de la época a designar un alcalde encargado para esos dos meses.
El ente de control pudo determinar que la gerente del Hospital Nazareth de ese municipio, Elizabeth Hincapié, solicitó un periodo de vacaciones y a su regreso detectó una serie de manejos irregulares, como el hecho de que para su reemplazo hubiera sido nombrado Javier Alonso Trejos Arias, quien resultó ser primo hermano del mandatario.
Cabe recordar que la Ley 1148 de 2007 en el artículo 49 fija las prohibiciones para que un alcalde municipal o un gobernador nombre a su cónyuge, compañero permanente y cualquier pariente hasta en cuarto grado de consanguinidad, para que sean miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o los institutos descentralizados.
Durante otras acciones desarrolladas recientemente por la Procuraduría se llevó a cabo una actuación preventiva para la garantía del derecho a la educación de la niñez, al solicitarle a la gerencia del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, (FFIE), que informara acerca del estado actual en la ejecución de 68 obras en varios colegios del país que llevan retrasos incluso superiores a los dos años, entre los que se encuentran varios que están ubicados en el departamento de Risaralda.
Para el organismo de control es importante conocer las gestiones adelantadas para la reactivación, el avance o la entrega de estas obras que causan gran preocupación por sus retrasos y que siguen sin ser terminadas también en otras regiones como Boyacá y Nariño; además de las ciudades de Ibagué, Cali, Pasto, Sogamoso y Quibdó.
Entre los perjuicios que causan estas obras inconclusas están las demoliciones parciales o totales en estas instituciones educativas; por lo cual sus estudiantes, docentes y el personal administrativo deben buscar otros espacios para desarrollar sus actividades académicas sin la suficiente comodidad, o deben desplazarse hasta lugares lejanos de sus viviendas mientras se concreta la entrega de los colegios.
Se advierte por parte de la Procuraduría que se continuará vigilando la ejecución plena de estas obras y proyectos, los cuales se vuelven indispensables para garantizar el derecho a la educación; logrando reducir las brechas de acceso, permanencia y calidad que se mantienen vigentes en muchos lugares de Colombia para los niños, niñas y jóvenes.
