El misterio de la última tragedia de los kankuamos

A Manuel Martínez le salvó al vida el chico de billar que jugaba el pasado 31 de diciembre. Esa noche, decidió no apresurarse para ir a la rumba que cada fin de año se hacía en la caseta Patio Fresco en el corregimiento de Atánquez, en el resguardo indígena Kankuamo, en Valledupar.

En cambio, su esposa, Maria Teresa Arias, no se quería perder la fiesta. Por eso, pasó a recogerlo para llevárselo al baile. “Déjame acabar y ya voy pa’ allá”, le respondió Manuel, queriendo seguir concentrado en su juego. “Está bien. Entonces me voy a ir sola”, le dijo la mujer, haciéndole mimos con los ojos. “Vete, ¿qué te va a pasá de aquí allá?”, le respondió Manuel, antes de volver a tacar.

La mirada de Maria Teresa parecía premonitoria de lo que pasaría minutos más tarde. Ella, en efecto, se fue para la caseta. A eso de las 11 de la noche, mientras Manuel estaba pagando la cuenta, algo explotó. Cuando Manuel salió del establecimiento, había gente corriendo y gritando por las estrechas, pedregosas y arenosas calles de Atánquez. Mientras más se acercaba a la caseta donde se hacía el baile de fin de año, más caos había.

Cuando por fin pudo entrar, vio a Maria Teresa en el suelo, sangrando por el pecho. Estaba muerta. En el sitio, acababa de estallar una granada que alguien activó dentro del establecimiento donde bailaban unos 200 indígenas kankuamos.

Ni médicos, ni policía

Entre los tantos que corrían, no había ni un policía. Los apenas 18 uniformados que había ese día en el pueblo se acuartelaron tras la explosión pensando que se había hecho efectiva la advertencia que habían recibido días antes en cuanto a que las Farc se iban a tomar el corregimiento. Tras esperar unos 20 minutos y al no sentir más explosiones, salieron a acordonar el lugar de los hechos.

Pero ya era tarde para mantener intacta la escena del suceso. Las pruebas se afectaron por los cientos de personas que corrieron a sacar a los heridos para llevarlos al centro médico, que estaba al pie de la caseta. Pero, la pronta y agitada reacción fue en vano. En el centro de urgencias no se encontraba el personal médico que debía estar de turno, pese a que en el corregimiento había para esa fecha unas 9.000 personas.

Entonces los mismos kankuamos hicieron diagnósticos improvisados para determinar quiénes necesitaban atención inmediata. Montaron a ocho heridos en la única ambulancia que había en Atánquez para trasladarlos hasta Valledupar, a una hora del corregimiento. Los otros heridos fueron embarcados en camperos de servicio público, rumbo a Valledupar también.

En la emisora Tayrona Stereo, el locutor, que a esa hora estaba emitiendo música decembrina, interrumpió la programación para anunciarles a los pueblos vecinos que “algo acaba de explotar en Atánquez. Tal vez es un petardo, una bomba, pero puede haber muertos”, dijo apenas escuchó el ruido de afuera. “Necesitamos ambulancias”, clamó.

Las ambulancias que corrieron a socorrer la tragedia se encontraron con los camperos en la vía. En la oscuridad, hicieron el trasbordo de los heridos. Al día siguiente, muy temprano, se conoció el atroz resultado de la noche de fin de año. Murieron cinco personas: Gloría Lucía Arias, Marelvis Mindiola Díaz, María Teresa Arias, Azael Arias Pinto y Érika María Fuentes.

La explosión de la granada también dejó a 85 kankuamos heridos. A dos de ellos les tuvieron que amputar la pierna derecha y los demás presentaron heridas por esquirlas en diversas partes del cuerpo. Todos fueron trasladados a Valledupar y entre el primero y el dos de enero fueron dados de alta.

Siguen enfermos

Pese a que los médicos los enviaron a sus casas tras considerarlos estables de salud, muchos debían atender la recomendación de estar presentándose para chequeos periódicos.

Este fin de semana, una comisión viajó a Atánquez para ver, entre otras, la situación médica y sicológica actual de los afectados. Los resultados no son para nada alentadores.

Pocos heridos han podido desplazarse hasta Valledupar para sus controles y lo han hecho asumiendo sus gastos, que son altos para una población que vive prácticamente con lo necesario para cada día. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho algunos aportes pero no alcanzan para todos. Y la IPS Kankuama, que trabaja en Atánquez, no se ha podido hacer cargo de las terapias o las revisiones porque sólo presta servicios de prevención de enfermedades.

En consecuencia, hay varios heridos que están recuperándose sin el acompañamiento médico sugerido por quienes los atendieron y han empezado a aparecer nuevos malestares. el miedo ha dejado a varios con insomnio permanente y a otros con la tensión arterial por las nubes.

Según le contó a Semana.com Beatriz Uribe, de la Fundación Infancia Feliz, hay un común sentimiento de culpa entre los kankuamos. “Muchos sienten que debieron impedir que sus familiares estuvieran en el sitio o que no hicieron lo necesario para atenderlos a tiempo por haberse dejado paralizar por el miedo del momento”, explica.

Fuera de eso, hay mucho temor por lo que la sicóloga Uribe denomina lo conocido y lo desconocido. “Lo conocido son las épocas de violencia que ya vivieron”, explica. Se refiere a los 14 años en que las Farc ejercieron como única autoridad en la región entre los 80 y 90 y a las confrontaciones que tuvo esa guerrilla luego con los paramilitares, que generó masacres y muertes, incluso en lugares públicos, y que se hicieron parte del paisaje hasta hace muy poco.

“Lo desconocido – continúa explicando la sicóloga- es el posible actor que se encuentre detrás de quien arrojó la granada el pasado 31 de diciembre”. Como no está claro qué es realmente lo que está pasando, los kankuamos temen contar qué pasó esa noche.

“Esa falta de hablar de lo que pasó los está llevando a cargar con su tristeza y su rabia. Después de un hecho de estos, hay que expulsar lo que se siente. Y la manera de hacerlo es hablando. Pero, como no lo están haciendo, se están cargando de odios, ganas de venganza, inseguridad y desconfianza. La solidaridad entre ellos se va a fragmentar”, explica Uribe tras algunos ejercicios terapéuticos hechos con los kankuamos.

Ese silencio ha llevado a que policías y fiscales, ante la dificultad de obtener testimonios de quienes estuvieron ese día en el sitio, estén ventilando versiones contradictorias y sin que haya concluido ninguna investigación sobre lo ocurrido esa noche. Pero los kankuamos no creen en ninguna.

Reserva del sumario

El primero en dar una versión apresurada fue el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez. Él dijo al día siguiente de la explosión que se trató de un accidente. Pero el cuestionamiento es, ¿cómo se habla de un accidente si para que la granada explotara debía retirársele la espoleta?

En menos de dos meses, el secretario de gobierno del Cesar, Rubén Carrillo, dijo que la conclusión del general Páez no fue suficiente y que las investigaciones seguirían. Ante la dificultad de obtener testimonios de los testigos, el funcionario explicó que se trataba de un posible “pacto de silencio” para no revelar la verdad.

Su versión fue rechazada de inmediato por el cabildo gobernador de la Organización Indígena Kankuama (OIK), Jaime Arias, al explicar que su gente sí quiere que se sepa la verdad, pero que aún existe mucho miedo de hablar.

La versión más reciente habla de que se trató de un lío pasional. El pasado 24 de febrero fue capturado en Valledupar un joven de 26 años sindicado de haber activado la granada dentro de la caseta. Se trata de un muchacho que acaba de terminar el servicio militar y que está trabajando en una empresa de vigilancia. El 31 de diciembre de 2008 estaba en Atánquez pasando el fin de año con su familia.

Con base en tres testigos que al parecer se decidieron hablar, la Fiscalía dice que el muchacho llegó borracho a la fiesta y sacó a bailar a una mujer que le gustaba. Ella se negó y, más tarde, la vio bailando con otro kankuamo. Los celos lo enloquecieron y arrojó la granada.

Ya hay un capturado, pero puede no ser el culpable. Las autoridades también se han referido a que la explosión pudo ser producto de enfrentamientos internos entre los indígenas, y es quizá la declaración más grave.

Tensiones políticas

Es evidente, y de eso sí hablan todos en el corregimiento, que los kankuamos están divididos. Algunos apoyan a la OIK, que es la autoridad del resguardo y tiene vocería ante el gobierno desde 1993. En la contraparte, ha venido creciendo una disidencia organizada en el movimiento Atánquez Libre, conformada por varios indígenas que en algún momento formaron parte de la OIK.

Las diferencias son  ideológicas y políticas. Así, la OIK promueve proyectos educativos y de medios de comunicación para rescatar la cultura kankuama, como sus vestidos, música, lenguaje, mitos y hasta la medicina. Y Atanquez Libre prefiere que el dinero, que proviene las transferencias y regalías, se invierta urgentemente en un alcantarillado, en vías, en subsidios, en préstamos para la producción agrícola y que no les importa seguir vistiendo jean y camisa y escuchar vallenato.

Esa diferencia ideológica ha llevado a la tensión política. Para los dirigentes de la OIK, los opositores quieren beneficiarse individualmente de prácticas clientelistas a las que estuvieron acostumbrados por los políticos tradicionales. Y acusan que son estimulados por esos políticos de la región que quieren dividirlos para hacerles perder la autonomía indígena que tienen.

En contraste los integrantes de Atánquez Libre critican que el actual gobernador, Jaime Arias, lleva 13 años dirigiendo la organización, que no ha explicado por qué tiene un informe donde relaciona la ejecución de 93 proyectos por 15 mil millones de pesos que no conocen y que sus familiares ocupan importantes cargos en la IPS Kankuama y en la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Peligran medidas cautelares

Un grupo de abogados que está asesorando a los indígenas sobre cómo llevar el caso del 31 de diciembre encontró que “las entrevistas realizadas con las personas directa e indirectamente afectadas con la explosión revelaron la existencia de incertidumbres y desconfianzas que dificultan la comunicación”. Y eso también explica el silencio que impera en Atánquez.

Al no encontrar testimonios que permitan avanzar en la investigación, las autoridades se limitan a decir que se trata de meras riñas domésticas. Para Jaime Arias, el cabildo gobernador de la OIK, esas conclusiones le pueden traer graves consecuencia a la seguridad de los kankuamos.

Estos indígenas gozan de medidas cautelares dictadas en septiembre de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno les brinde especial protección, pues desde 1985 hasta ese año, murieron 312 kankuamos a manos de grupos ilegales. “Entonces decir que hechos violentos como el del pasado 31 de diciembre son producto de problemas internos, pueden darle al gobierno argumentos para pedir a la CIDH que retire las medidas cautelares, como lo ha sugerido ya dos veces”, explica Arias.

Además, minimizar las responsabilidades a cuestiones pasionales o de discusiones políticas ha desviado la atención a preguntas que implicarían a más responsables diferentes al indígena supuestamente despechado.

Los abogados asesores consideran que está pendiente que el gobierno aclare por qué no había médicos en el centro de urgencias ese día. Por qué sólo había 18 policías, cuando lo necesario es que haya mínimo 36 en ese corregimiento y por qué esos pocos uniformados no tomaron medidas preventivas, pues sólo visitaron la caseta Patio Fresco a las 7 de la noche, cuando no había gente, y no volvieron a pasar más tarde, cuando sí era necesario hacer requisas. Por qué ese día no había soldados, como suele haberlos, haciendo patrullajes. Y por qué un civil portaba una granada de uso único del Ejército.