Casi seis años después, siguen demoras en reconstrucción de Mocoa: más de 900 viviendas no se han entregado, advierte Procuraduría

Es evidente la preocupación de la Procuraduría General de la Nación por los retrasos que se han presentado en la entrega de más de 900 viviendas tras la avalancha del 31 de marzo de 2017 que, por poco, desaparece a Mocoa, Putumayo.

El ente de control, en diferentes visitas y mesas de trabajo de seguimiento, ha manifestado su preocupación por las demoras en el Plan de Acción Específico (PAE), programa para la rehabilitación y reconstrucción de la ciudad, especialmente en proyectos de construcción de viviendas y en obras de mitigación.

La Procuraduría General de la Nación hace vigilancia preventiva al PAE para la reconstrucción de Mocoa desde septiembre de 2021, lapso en el cual ha efectuado cinco visitas y tres mesas de trabajo con las veedurías en la ciudad; así mismo, ha enviado 14 oficios con alertas y ha hecho seguimiento permanente a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), emitiendo recomendaciones por los retrasos constantes en los proyectos de vivienda y otras obras.

Como parte de las acciones preventivas del Ministerio Público sobre la reconstrucción del municipio, “se identificaron demoras en las obras de los proyectos Sauces II (909 viviendas) y Sauces III (87 viviendas), que han perjudicado a los habitantes de la ciudad”.

“En la última mesa comunitaria que lideró la Procuraduría efectuada del 6 al 7 de febrero, y a la que asistieron la UNGRD, FONVIVIR, veedurías, la interventoría HMV, el Consorcio Mocoa 2019 y los damnificados del desastre natural, se llegó a importantes acuerdos para poder cumplir con la entrega del Proyecto de Vivienda Sauces II”, anunció el ente de control.

Tras las jornadas de trabajo, la entidad aseguró que se ajustará el cronograma de entrega de viviendas en los próximos diez meses, además, “se entregará un informe con los avances del proyecto elaborado por la comunidad para avalar el desembolso de dinero al Consorcio”.

Otro aspecto importante tras la mesa comunitaria es que se anunció que “se medirá el avance en obra por vivienda terminada y se incorporará la mano de obra local, además, se desarrollará un Plan de Gestión Social implementado por el Consorcio, con actividades de fortalecimiento comunitario”.

Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en la mesa comunitaria, se comprometió a fortalecer su oficina en Mocoa con profesionales y técnicos locales. De igual forma, le dará “flujo de caja al Consorcio para poder continuar la obra y a reajustar al subsidio de arriendo a los valores del 2023, ya que el decreto tiene fecha de 2017″.

Finalmente, el Ministerio Público anunció que se realizará otra mesa técnica en Mocoa, “en la que se espera la presencia de los Ministerios de Vivienda e Interior, la alcaldía, la Defensoría y la Procuraduría, para tratar el caso de 422 familias que no aparecen en el listado actual de beneficiarios, pero que recibieron subsidio de arriendo durante varios años”.

Procuraduría advierte riesgos para el acueducto de Riohacha

Para la Procuraduría General de la Nación, persisten las alertas que el órgano de control generó a finales de 2022 y que llevaron a la suspensión inmediata de la licitación con la cual se espera adjudicar el contrato de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo para Riohacha, capital de La Guajira.

Las alertas a las que se refiere el Ministerio Público tienen que ver con un posible incumplimiento en materia de cobertura y calidad del servicio.

“Insistimos en que la principal preocupación concierne a que las disposiciones del pliego y su anexo técnico no aseguran el cumplimiento de las metas de cobertura, continuidad y calidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado del Distrito de Riohacha”, explica un documento emitido por la Procuraduría luego de que, en enero pasado, procuradores delegados sostuvieran una mesa técnica con la administración Distrital y las entidades responsables.

A pesar de que al final de las mesas técnicas el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, anunció el pronto reinicio de las obras, no informó sobre una sanción impuesta a la administración municipal por el Departamento Nacional de Planeación que generó, además de multas, la desaprobación del proyecto y el reintegro al Sistema General de Regalías de $28.039.276.144.00 correspondientes al valor total girado para la financiación del proyecto.

Por lo anterior, uno de los aspectos del proyecto que preocupa a la Procuraduría General es que no se dé la expansión de redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha, conformada por más de 100 barrios y habitada al menos por 5.000 personas, que “viven actualmente sin alcantarillado y en medio de las aguas negras empozadas”.

Otra situación que prendió las alarmas del organismo de control tiene que ver con que “la administración municipal de Riohacha no incluyó dentro del proyecto a las comunidades Wayuu ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio”.

“Esta presunta omisión tiene directa relación con los altos índices de mortalidad infantil asociada a la desnutrición que se registraron en el departamento el año pasado y hace parte de las situaciones que el Distrito debió identificar claramente antes de iniciar el proceso licitatorio”, indicó.