Jimmy Rosero, personero de Cumbitara, Nariño, fue asesinado luego de haber sido secuestrado horas antes

En la tarde de este martes, 5 de noviembre, el personero de Cumbitara, Nariño, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, fue secuestrado y posteriormente asesinado. Las autoridades investigan la violenta situación.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el indecente se registró cuando el personero se encontraba en una reunión con la comunidad, además de funcionarios de la ESE municipal y el enlace de víctimas en la vereda las Piedras, en zona rural de Cumbitara.

“Desconocidos ingresaron a este lugar y se lo llevaron por la fuerza para subirlo a una camioneta con rumbo desconocido, horas más tarde su cuerpo fue hallado sin vida en el sector conocido como el Puente Rojo”, denunció Indepaz.

Por su parte, Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, rechazó esta situación a través de sus redes sociales, donde aseguró que se encuentran verificando las circunstancias específicas del hecho.

“Repudio absoluto de este homicidio, así como de todos aquellas agresiones e intimidaciones que atenten contra la vida, la integridad y la labor de los personeros y personeras”, dijo la funcionaria.

Y agregó: “Presento nuestras condolencias a la familia, a sus seres cercanos y a la comunidad del municipio. Pedimos a la Fiscalía avanzar urgentemente en la investigación de estos hechos que minan la capacidad de nuestra institucionalidad de derechos humanos de realizar nuestra labor”, detalló Ortiz en su cuenta de X.

Así mismo, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido la alerta temprana AT 008/24, que abarca varios municipios del departamento de Nariño, específicamente Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, y Taminango.

Esta alerta hace hincapié en el riesgo inminente que enfrentan estas comunidades debido a la intensificación del conflicto armado en la región. El informe de la Defensoría señala que el origen de esta amenaza radica en la violenta disputa por el control territorial y poblacional entre dos importantes actores armados ilegales.

Por un lado, se encuentra la facción disidente de las antiguas FARC conocida como el “Frente Franco Benavides” del Ejército Mayor de Colombia (EMC), que ha estado luchando por expandir su dominio en áreas clave de Nariño. Frente a ellos se posiciona una presunta alianza entre el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la organización disidente de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, y un grupo autodenominado las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). Este grupo, compuesto por elementos de distintas estructuras armadas, ha incrementado su presencia en la zona, generando una grave situación de inestabilidad.

La alerta de la Defensoría del Pueblo advierte que los enfrentamientos entre estos grupos están desencadenando una espiral de violencia, que afecta directamente a las poblaciones civiles de estos municipios. La disputa por el control de rutas estratégicas, territorios ricos en recursos naturales y el dominio sobre las comunidades locales ha exacerbado las tensiones, llevando a un deterioro significativo de la seguridad en la región.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al gobierno central, a las autoridades locales y a las fuerzas armadas para que redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad y protección de los habitantes de estos municipios. La situación exige no solo una mayor presencia militar y policial, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del conflicto, como el narcotráfico, la falta de desarrollo rural y la debilidad del Estado en algunas áreas rurales del país.

En el municipio están presentes varios grupos armados ilegales que generan un clima de inseguridad y violencia. Entre ellos se encuentran el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Franco Benavides del Ejército de Liberación del Pueblo (EMC), la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), y otras bandas de carácter local. Estos grupos disputan el control territorial, lo que ha provocado un aumento de la violencia en la región, afectando gravemente a las comunidades civiles.