Dolorosa intervención del hospital más importante del Valle

El nivel de crispación e indignación por la supresión de casi 600 puestos de trabajo en el Hospital Universitario del Valle, HUV, llegó a tal punto que una diputada de ese departamento calificó de “mediocre” a la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Se trata de la asambleísta Juanita Cataño, del Centro Democrático, quien reaccionó en su cuenta de Twitter usando ese calificativo contra la mandataria regional: “Mediocre! @DilianFrancisca más fácil te quedó echar gente y tercerizar la facturación que recuperar el liderazgo y la vocación del hospital”.

Ese tuit es apenas una muestra del ambiente caldeado que se acaba de formar en el Valle del Cauca, por cuenta del proceso de Intervención Económica o Ley 550 para salvar al HUV, considerado el hospital público de nivel tres más importante que existe en todo el suroeste colombiano.

El HUV, cuya capacidad instalada era de 600 camas y solo cuenta con 400, brindaba atención especializada no solo a los caleños y vallecaucanos, sino que atendía pacientes de Nariño, Cauca y hasta Chocó. Pero desde hace varios años ese hospital entró en desgracia por cuenta de los mismos síntomas que aquejan al sector salud en todo el país: administraciones deficientes, clientelismo y corrupción. (Ver nota)

En el caso del Hospital Universitario la crisis se hizo tan evidente, que en menos de cinco años esa entidad empezó a decrecer sus activos y facturación, mientras que aumentaban sus pasivos y gastos. La situación se puso tan crítica, que para sostener la nómina de la entidad, se requería el 72 por ciento de los 11.000 millones de pesos mensuales que factura. Es decir 8.000 millones de pesos.

De ahí que el año pasado el propio Ministerio de Salud recomendó liquidarlo; pero la gobernadora Dilian Francisca Toro propuso la figura de Intervención Económica como mecanismo para salvarlo.

De esa manera, en los últimos días se acordó que el hospital cancelaría en un plazo de siete años, los 280.000 millones que le adeuda a todos sus acreedores. De manera que cada año abonaría 40.000 millones de pesos a sus pasivos.

Lo irónico de esas cifras es que mientras el HUV le debe a sus empleados y proveedores 280.000 millones de pesos, las EPS le adeudan al hospital 191.000 millones de pesos, por facturación.

Sin embargo, el “florero de Llorente” de un proceso que se veía venir, surgió porque entre las cuentas de los trabajadores y sindicalistas no estaba previsto lo que ellos consideran “una masacre laboral”. Al respecto, Ancízar Galeano, directivo de Sintrahospiclínicas, manifestó que no se entiende por qué el despilfarro y corrupción de administraciones pasadas, las “terminemos pagando los trabajadores”.

A esas voces se suman las de congresistas como Alexánder Lopez Maya, del Polo, y Jorge Iván Ospina, de Alianza Verde. El senador Ospina no cuestiona la aplicación de la Ley 550 como mecanismo para salvar el hospital, pero sí critica que “supriman cargos de auxiliares de enfermería y médicos con muchos años de experiencia, algo vital dentro del sector salud”, argumentó.

Dijo además que si se trata de suprimir cargos no misionales, la parte administrativa del hospital “tiene mucho de dónde echar mano”.

En efecto, hasta la semana pasada el HUV tenía un total de 2.400 trabajadores, de los cuales 1.046 eran de planta; es decir que casi la mitad son contrataciones que muchas veces se prestan para pagar favores políticos y burocráticos. Que es finalmente lo que denuncian los sindicatos sucederá en adelante.

Al respecto, Giovanni Ramírez, asesor de la gobernadora que está al frente del tema del HUV, defendió la supresión de esos puestos de trabajo, argumentando que en más del 95 por ciento corresponden a áreas que no son misionales con el objeto del hospital.

“Estamos hablando que se suprimieron cargos en áreas como lavandería, costurero, imprenta, mantenimiento y aseo, vigilancia y alimentación”, aseguró. Y aclaró que las pocas auxiliares de enfermería o médicos que cayeron en el recorte, es porque el estudio técnico arrojó que eran más de los que se requerían.

En cuanto a los ajustes administrativos, el asesor explicó que la racionalización consistió en convertir gerencias en subgerencias o coordinaciones.
Más allá de quién tenga la razón, lo cierto es que un delegado del Ministerio de Trabajo se desplazó a la capital del Valle para recibir de cerca las quejas de los sindicatos y establecer sin en la polémica intervención del HUV, se violaron los derechos de los trabajadores.