Sur de Bolívar, un territorio al que el gobierno Petro ha olvidado: masacres, enfrentamientos de grupos ilegales y extorsiones

El sur de Bolívar sigue siendo tierra de nadie pese a los llamados de los mandatarios locales e incluso departamentales, quienes le han pedido reiteradamente apoyo al gobierno de Gustavo Petro para poder hacerle frente a los grupos ilegales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, quienes libran una guerra por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Durante esta semana, se han registrado varios hechos violentos que tienen en máxima alerta a las comunidades de los diferentes municipios, donde la ilegalidad reina sin que las autoridades judiciales puedan hacer mucho.

En esta semana, Rosenda Sanguino Aguilar, de 43 años, una reconocida lideresa social de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, fue asesinada por sicarios que le propinaron varios impactos de bala en su rostro.

El asesinato de la reconocida lideresa social ocurrió en el sector conocido como El Torito y las autoridades se encuentran al frente de las pesquisas para poder dar con los responsables, pues el caso ha generado conmoción en la zona.

De igual manera, las comunidades denuncian constantes combates entre los grupos ilegales, asegurando que estos se registran a cualquier hora del día, lo que los hace vivir en una constante zozobra.

Otro de los hechos que generado gran conmoción es el asesinato de cuatro líderes sociales de Cantagallo a manos de las disidencias de las Farc en Yondó, Antioquia, cuando fueron obligados a auxiliar a un integrante del Clan del Golfo que había terminado herido en un combate.

Según la información que conoció SEMANA, hubo enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del sur de Bolívar y uno de los integrantes terminó herido. En ese momento, los ilegales habrían obligado a las personas, cuatro personas asesinadas, a socorrer al criminal, por lo que empezó la misión humanitaria en un vehículo que tenía logos de ser transporte escolar.

En medio del corrido, cuando iban por el sector Las Palmas, fueron atacados a disparos de fusiles quedando los cinco ocupantes del vehículo sin vida y que fueron identificados como Jonathan Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal y su papá Eduardo Pérez; Johana Sepúlveda, secretaria; Licimaco Zamudio, vicepresidente; y la quinta persona era integrante del grupo armado ilegal que estaban socorriendo.

En varias oportunidades, Manuel Berrio, secretario de Seguridad de Bolívar, ha asegurado que es necesaria la intervención del gobierno nacional en este territorio, pero estos llamados parece que no han sido escuchados porque los hechos de violencia en esta están completamente desbordados.

“Las mesas de diálogo son para buscar el camino de la paz, pero en el territorio la cosa es diferente. Desde las fuerzas públicas se ha perdido la inminencia; para poder llegar a un territorio del sur de Bolívar, hay que preguntar quiénes están, esperar autorización para el ingreso y después proceder, pero así perdemos efectividad”, dijo el funcionario en diálogo con una emisora de RCN Radio en Cartagena.

Y es que Berrío también se refirió a uno de los hechos criminales que ocurrieron el pasado domingo 25 de agosto, cuando integrantes del Clan del Golfo dispararon contra una discoteca en Santa Rosa, asesinando a dos personas y dejando seis más heridas.

“Es un hecho lamentable que estamos padeciendo los bolivarenses. En la noche del sábado, un grupo armado entró a un establecimiento comercial y disparó a quemarropa, dejando a seis personas heridas y dos muertas”, precisó.

Y el miércoles 21 de agosto se conoció del caso de la nueva víctima que cayó en uno de estos campos y que residía en el municipio de Montecristo.

El caso se registró en la vereda Los Robles, hasta donde llegaron uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte y de la unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional para poder atender el llamado de auxilio de un hombre que cayó en un campo minado.

Entre las zonas afectadas se encuentran Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo, Arenal, San Pablo y Morales, donde ya se han registrado desplazamientos de familias que temen por sus vidas. Aunque la fuerza pública hace presencia en la zona, los residentes de estas poblaciones aseguran que necesitan más personal para poder contener los combates.