SALUD
No va más: Supersalud ordenó la toma de posesión y la intervención para liquidar la EPS Comparta
La entidad incumple con 11 de los 18 indicadores de riesgo para sus afiliados, que serán trasladados por el Ministerio de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPS comparta, que tiene más de 1,5 millones de usuarios.
De acuerdo con la autoridad, la entidad está en una situación financiera crítica e incumple con 11 de los 18 indicadores de riesgo para sus afiliados.
Comparta llevaba cinco años bajo medida de vigilancia especial por parte del ente de control, período en el que tuvo 9 prórrogas sucesivas sin que lograra arreglar o mejorar los hallazgos que originaron la medida inicial.
El pasado 13 de marzo de 2019, la Superintendencia revocó la operación de la EPS en Huila, Cundinamarca y Bolívar. “En la visita que realizó la Superintendencia, durante la segunda semana de enero del 2021, evidenciamos 43 hallazgos que demostraron el reiterado incumplimiento de esta EPS, a las órdenes que veníamos dando”, afirmó Germán Guerrero, superintendente delegado de Medidas.
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La resolución 202151000124996 del 26 de julio de 2021 señaló que “la deficiente prestación del servicio de salud por parte de la EPS Comparta, hace que la decisión de intervenirla sea necesaria, inminente e inmediata”.
EPS Comparta tiene 1.519.449 usuarios, la mayoría del régimen subsidiado, en 276 municipios y 12 departamentos: Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima. Todos ellos serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS y mientras eso ocurre, Comparta deberá asegurarles la totalidad de los servicios. Además, las EPS receptoras deberán mantener la distribución de la población en las IPS asignadas por Comparta para el Plan Nacional de Vacunació
Fran Urrutia Jalillie, quien fuera senador del Cesar por el Centro Democrático y es médico, es el liquidador designado.
Los hallazgos
La Superintendencia Nacional de Salud encontró que la EPS Comparta tiene un patrimonio negativo de 480 mil millones de pesos, lo que equivale a dos veces el total de sus activos.
Además, sus cuentas por cobrar a abril eran de 205 mil millones de pesos y a la misma fecha generaba una pérdida del ejercicio por 38 mil millones de pesos.
En lo que tiene que ver con la atención de sus afiliados, no presta con oportunidad los servicios PBS (antes POS) y no PBS (antes no POS), los de salud integral, los de alto costo y enfermedades catastróficas y ni siquiera aquellos ordenados por tutela.
Por otra parte, presenta incumplimientos en las tasas de muerte maternas y perinatales, al igual que en indicadores de citología y mamografía. Sumado a eso, no responde oportunamente las peticiones de sus usuarios, no entrega con oportunidad los medicamentos PBS ni los no PBS en el caso de los adultos mayores, no entrega autorizaciones a tiempo, no presta los servicios de medicina especializada, no asigna con oportunidad las citas de medicina general, ni autoriza ni presta oportunamente los procedimientos quirúrgicos.
Además, de acuerdo con la Supersalud, la EPS Comparta se demora en la autorización y prestación de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, no garantiza la entrega de los insumos a usuarios, entre estos adultos mayores y personas con discapacidad, no hace seguimiento y gestión del riesgo a personas en aislamiento preventivo obligatorio, mayores de 70 años, grupos de las etapas 1 al 3 y atenciones domiciliarias.
En el 2020 tuvo 5.386 peticiones, quejas y/o recursos, que ponen en riesgo la salud de los usuarios. Este año, a mayo, ya llevaban 1.922. El principal motivo: restricción en el acceso a los servicios de salud.
Adicionalmente, la Superintendencia le ha impuesto multas por 6.700 millones de pesos y hay dos sanciones contra el representante legal por 650 millones de pesos.
“Se concluye que Comparta EPS vulneró normas constitucionales legales y reglamentarias referentes a la obligatoriedad del cumplimiento de sus funciones, competencias y responsabilidades que tiene como Entidad Administradora de Planes de Beneficios, frente a la garantía de la prestación de servicios de salud a la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; así como la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señala la resolución.
