El colmo: institución educativa de Valledupar evadía más de $ 2 millones mensuales en pago de energía

Dos sedes de una institución educativa de Valledupar, en el departamento de Cesar, fueron descubiertas cometiendo fraude de energía, así lo denunció la compañía Afinia, que manifestó su preocupación por las conexiones ilegales al sistema de distribución y la manipulación no autorizada de la infraestructura eléctrica.

La empresa emitió un comunicado este martes en el que afirma que durante las inspecciones técnicas que ejecuta el equipo de control de energía en el municipio, la institución ha sido sorprendida en tres ocasiones en los últimos cuatro meses, por lo que emprenderán acciones legales contra el hurto del servicio, el cual está tipificado como delito de defraudación de fluidos en el Código Penal, estableciendo multas hasta de 150 salarios mínimos legales vigentes y reclusión en establecimiento carcelario entre 16 y 72 meses.

“Estos equipos adulterados evadían consumos reales que ascendían a los $ 2.650.000 mensuales en uno de los predios, mientras que en el segundo de esta misma institución donde se detectaron conexiones adulteradas, el consumo real era del orden de los $ 3.900.000 aproximadamente cada mes. Ante esta situación reiterativa, se instaurarán las acciones a las que haya lugar contra esta institución educativa”, emitió Afinia.

Asimismo, aseguraron que la práctica ilegal, que altera el consumo y disminuye la tarifa del cumplimiento de pago del servicio, genera pérdidas mensuales por $ 79.000 millones en los departamentos de operación donde se presentan estos casos. Por lo tanto, la compañía solicitó apoyo a la comunidad para disminuir los casos de conexiones fraudulentas y hurto de redes eléctricas, indicando que esta práctica pone en riesgo la vida de las personas, y afecta la calidad y continuidad del servicio.

Los usuarios podrán realizar sus denuncias anónimas a través de la aplicación Afinapp o las líneas 605 3500444 - 01 8000 919191, digitando la opción 3 y posteriormente, la opción 5.

Cerrarán empresas que sean sorprendidas robando energía en Atlántico, Magdalena y Guajira

El pasado 22 de abril, los inspectores de Policía de Barranquilla, personal de la Policía Nacional, la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía y la compañía Air-e efectuaron un encuentro taller que tuvo como propósito revisar el procedimiento previsto en la ley para adelantar la ejecución de un nuevo operativo, en contra de las empresas y negocios que cometan el delito de defraudación de fluidos por la apropiación del servicio de energía eléctrica.

El aplicativo del numeral 13 del artículo 92 y el artículo 196 del Código Nacional de Policía y Convivencia prevé la suspensión temporal de hasta diez días de la actividad que desarrolle una empresa o negocio que se detecte con el servicio de energía instalado, sin autorización escrita de la compañía.

Estas normas señalan que se podrá imponer adicionalmente una multa de 16 SMLMV y si la empresa o establecimiento reincide al año de haberse detectado esta conducta, se procederá a su cierre definitivo.

Air-e informó que se estarán adelantando estos procedimientos con base en las normas mencionadas, sin descartar la presentación de las denuncias penales respectivas por el delito de defraudación de fluidos por la apropiación del servicio de energía, el cual se encuentra consagrado en el artículo 256 del Código Penal, mismo que conlleva penas de hasta de seis años de prisión y multa de hasta 150 millones de pesos, sin perjuicio de que se haga efectivo el cobro de los perjuicios económicos causados por este delito.

Estas acciones también se extenderán a los departamentos de Magdalena y La Guajira donde, pese a tener una reducción relevante del robo de energía, todavía existen sectores en los que se comete este delito de manera flagrante.

En el encuentro se estudiaron varios casos de manipulación de redes y equipos de medidas para la apropiación del servicio de energía y sustraerse de su pago. Hasta el momento, las instituciones no han escatimado esfuerzos para combatir este flagelo, razón por la cual se cuenta a la fecha con cerca de 250 investigaciones penales que cursan en la Fiscalía.

Es importante señalar que, además del delito de defraudación de fluidos para apropiarse de la energía, al manipular los medidores e instalaciones eléctricas se pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el daño de electrodomésticos.

De acuerdo con el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, el trabajo se realizará de manera articulada con la Policía y Fiscalía, esta última fundamental para continuar judicializando a quienes realizan esta práctica.