La Procuraduría abrió una investigación contra funcionarios de la cárcel de Valledupar por el supuesto acoso sexual que habrían sufrido las personas que prestan el servicio militar en la institución.

La indagación parte de tres procesos radicados en la Fiscalía que tienen el objetivo de estudiar el “presunto delito de persecución sexual y abuso de autoridad de los dragoneantes con los funcionarios”.

El ente de control disciplinario pretende verificar si los hechos ocurrieron e identificar a los empleados del penal que estarían involucrados. Una vez se tenga certeza de los acontecimientos, determinará si se vulneraron los derechos de los jóvenes.

De momento, la Procuraduría anticipó en un comunicado de prensa que “la región Cesar confirma si las versiones de los funcionarios contra servidores de la cárcel son constitutivas de falta disciplinaria”.

Denuncian que líder sindical del Inpec, capturado por traslado irregular de Ramiro Suárez, sería llevado a La Picota y su vida correría peligro

La vida del dragoneante y líder sindical del Inpec, Cristian Oviedo Mogollón, quien fue capturado por la Fiscalía en julio de este año por liderar el traslado irregular del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo desde la cárcel La Picota en Bogotá, en donde estaba pagando una condena por homicidio, hasta la casa del exmandatario en la capital de Norte de Santander, corre peligro por una polémica decisión judicial. Así lo denuncia su abogado defensor.

En su momento, la Fiscalía presentó a Oviedo ante un juez de control de garantías para imputarle los cargos por los delitos de prevaricato y cohecho por dar u ofrecer, y, posteriormente, bajo la primicia de la colaboración efectiva, Oviedo se convirtió en testigo de la Fiscalía para destapar los hechos de corrupción en el Inpec, principalmente en la cárcel La Picota.

La colaboración de Oviedo con la Fiscalía se está dando en el marco de la investigación por el llamado “cartel de las libertades”, en donde, al parecer, varios funcionarios del Inpec, desde hace años, habrían utilizado su cargo en las oficinas de libertades y domiciliarias para convertirlas en un millonario negocio.

Precisamente, porque Oviedo Mogollón se convirtió en un testigo clave de la Fiscalía, su abogado defensor pidió al juez que el dragoneante fuera trasladado a una reclusión militar, a un centro de detención de la Policía, es decir, a un lugar diferente en donde no estuviera bajo la vigilancia de guardias del Inpec, a quien él mismo está denunciando.

Y si bien Oviedo venía estando detenido en la estación de Policía de Los Mártires, sorpresivamente fue expedida una boleta para trasladarlo a un centro del Inpec.

“Cristian, junto con Ramiro Suárez, están colaborando mediante un principio de oportunidad con la Fiscalía. En ese sentido, nosotros, en la audiencia de medida de aseguramiento, le solicitamos al juez que fuera trasladado a un centro de reclusión militar, o de Policía, y el juez, teniendo en cuenta varios argumentos: uno, que como él ya estaba en colaboración con la Fiscalía iba a hablar en contra de los mismos funcionarios del Inpec, y que si era trasladado a un centro del Inpec podría correr riesgo su vida, porque hay personas muy peligrosas allá, de las que él va a hablar”, dijo José Moreno, abogado de Oviedo, en diálogo con SEMANA.

El abogado defensor agregó: “Y dos, cuando él era funcionario del Inpec era comisionado de Derechos Humanos en La Picota, y eso lo pone en una situación de mayor riesgo, porque el comisionado es el que ayuda a los reclusos a agilizar ciertos trámites, y no a todos los reclusos Cristian les podía ayudar, y eso ha ocasionado una rencilla con los mismos internos”.