Ordenan arresto de cinco días para el alcalde de Valledupar, Mello Castro

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar emitió una orden de arresto de cinco días contra el mandatario local, José Santos Castro González, conocido como Mello Castro, por incumplir con una sentencia de 2011 que impuso la Corte Constitucional sobre una invasión.

La discusión es de vieja data. Hace más de once años la justicia está insistiendo en el desalojo de un predio privado que fue tomado por la población civil, conocido como Altos de Pimienta, que figura bajo las propiedades de Mauricio Pimienta Naranjo.

Aunque se han hecho esfuerzos, no son suficientes. El pedido es que saquen a las personas del terreno y las reubiquen en un espacio que se adapte a sus condiciones. Sin embargo, no se tendría el dinero suficiente para costear la operación.

Al parecer, son cinco mil personas las que habrían armado su hogar en ese predio. En su mayoría, pertenecen a familias de escasos recursos y enfrentarían un sinnúmero riesgos con el desalojo porque no tienen un techo para resguardarse del sol y el agua.

Lo que empezó hace más de una década con cambuches de plástico y madera, hoy son edificaciones con ladrillos en las que han invertido altas cantidades de dinero. Con todo esto, la justicia está insistiendo en el cumplimiento de la orden de abandono.

Aunque el problema no es reciente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar consideró que, al tener las riendas de la administración desde el 2020, tendría que haber ejecutado el fallo con todos los líos económicos que representa.

“Si bien es cierto que la orden impartida es compleja, habida cuenta que requería de un lapso significativo, no lo es menos que el plazo otorgado para su cumplimiento ha sido excesivo, han transcurrido más de once años”, alegó.

Ahora bien, la medida no está en firme, pero se tiene el precedente de los cinco días que debería estar privado de la libertad, sumándose una multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes que es cercano a tres millones de pesos.

Otra polémica orden de arresto

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro emitió una orden de prisión domiciliaria contra monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la Diócesis de Sonsón – Rionegro, ubicada en el oriente de Antioquia, por no cumplir al pie de la letra con una tutela.

El pleito judicial lo tiene desde hace varios meses con el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, dedicado en los últimos años a estudiar los casos de abuso sexual al interior de la iglesia católica en Colombia, con especial énfasis en los pueblos de este departamento.

La historia se remonta al pasado 11 de marzo de 2022, cuando un togado le dio dos meses al obispo para que respondiera un derecho de petición del comunicador, quien lo había tramitado con anterioridad ante la Diócesis sin obtener la réplica que esperaba.

Él pidió información detallada sobre los sacerdotes que han sido relacionados con denuncias de presunta pederastia en los municipios donde opera la institución: nombres propios y trayectoria religiosa, entre otros elementos que fueron amparados por la ley.

Los datos llegaron de manera parcial: “El oficio remitido por el señor obispo al periodista Barrientos Hoyos, de ninguna manera, brinda respuesta integral a sus requerimientos”, se lee en el documento emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro.

Sólo le anunció los antecedentes de 15 sacerdotes, cuando la petición se dirigió a 485. En resumidas cuentas, sobrepasó el tiempo estipulado y no le dio trámite efectivo a sus obligaciones como representante legal de la Diócesis de Sonsón. Hoy le sacan factura.

El juez indicó que, por la negación de la información, se le vulneran los derechos a Juan Pablo Barrios Hoyos y, como última medida, se debe acudir al espectro sancionatorio porque, ni siquiera, la apertura del incidente de desacato sirvió para hacerle cumplir.