Nación
Procuraduría destituyó e inhabilitó a excontralor de Valledupar porque habría abandonado el cargo sin justificación
El Ministerio Público señaló que contra esta decisión procede recurso de apelación.
La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, decidió destituir e inhabilitar por 9 años al excontralor de Valledupar, Álvaro Luis Castilla Fragozo, quien se desempeñó en ese cargo durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017.
Castilla Fragozo habría abandonado su labor a pesar de habérsele negado una licencia no remunerada que solicitó. Pues bien, el ente de control comprobó que el disciplinado habría salido del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, sin justificación alguna, y sin contar con el permiso del Concejo Municipal de Valledupar.
Para la Procuraduría, el entonces funcionario desconoció la decisión unánime tomada por los miembros de la corporación en sesión del 30 de diciembre de 2016, donde resolvieron negativamente su solicitud de licencia no remunerada para los días 2, 3, 4 ,5 y 6 de enero de 2017.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico calificó la falta del sancionado como gravísima a título de culpa gravísima, pues pese a conocer sus deberes, el contralor asumió de manera voluntaria los efectos y riesgos que acarreaba su proceder.
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La entidad afirmó que Castilla incumplió el deber funcional que le exigía asistir a trabajar durante los días hábiles laborales, respetando las decisiones del ente nominador, como lo es el Concejo Municipal de Valledupar, y agregó que esta falta de atención lesiona los principios que rigen la función administrativa, en este caso, el de responsabilidad.
Finalmente, el Ministerio Público señaló que contra esta decisión procede recurso de apelación.
Procuraduría investiga denuncias de acoso sexual a jóvenes que prestan servicio militar
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Cesar, en relación con las denuncias de presunto acoso sexual hacia jóvenes que realizan el servicio militar en la institución.
El Ministerio Público está verificando la información relacionada con tres casos que han sido presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga la posible comisión de delitos de acoso sexual y abuso de autoridad por parte de los dragoneantes hacia los funcionarios públicos.
La Procuraduría busca esclarecer la ubicación de los supuestos incidentes, examinar las acciones de los funcionarios adscritos a la penitenciaría en relación con las posibles conductas irregulares y determinar si se han vulnerado los derechos de los jóvenes involucrados en estos eventos. Ante esto, la Regional Cesar de la Procuraduría está evaluando si las declaraciones de los funcionarios respecto a los servidores de la cárcel constituyen faltas disciplinarias.
De igual forma, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar sobre la red de corrupción que operaba dentro de la cárcel La Picota de Bogotá, donde guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presuntamente facilitaban actividades ilegales a cambio de sobornos.
Esta red, revelada por SEMANA, involucraba a funcionarios del Inpec que transformaron una oficina en La Picota en un centro de operaciones para sobornos y extorsiones, permitiendo a reclusos acceder a drogas, alcohol, teléfonos celulares, autorizaciones falsas de salidas por motivos médicos e incluso traslados a otras prisiones en vehículos particulares.
La millonaria trama de corrupción implicaba permisos de salidas médicas ficticias, diligencias judiciales fraudulentas y encuentros amorosos en las cárceles, todo con la complicidad de los guardias que aprovechaban su estatus sindical para evadir sanciones y pesquisas.
La Procuraduría inició esta indagación previa contra los funcionarios del Inpec “por presuntos cobros a cambio de servicios ilegales en la cárcel Picota de Bogotá”. La investigación se enfocará en determinar si los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, así como los funcionarios administrativos del centro penitenciario, ofrecían servicios ilícitos a los reclusos, como permisos de salida, visitas no autorizadas y el ingreso de armas, drogas y alcohol, a cambio de dinero.
