Detienen a excongresista de Estados Unidos por contratos con el régimen venezolano, ¿de quién se trata?

Las autoridades de Estados Unidos capturaron a un excongresista republicano de Miami, Florida, en el marco de una investigación que se adelanta por un contrato de asesoramiento por 50 millones de dólares que firmó con la estatal petrolera venezolana PDVSA.

Se trata de David Rivera, quien fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, Georgia. Sobre él pesan varios cargos criminales relacionados con ese contrato suscrito con la principal empresa del Estado en manos del régimen del presidente Nicolás Maduro.

Según medios locales, la vocera de la Oficina del Fiscal Federal en Miami, Marlene Rodríguez, informó que la detención del excongresista, entre 2011 y 2013, se realizó en el terminal aéreo en cumplimiento de una orden judicial.

La funcionaria señaló que se presentó en la corte federal de ese lugar, mientras que el servicio de alguaciles informó después, que salió de la cárcel luego de que le dieron libertad bajo fianza.

Según la investigación, el excongresista firmó en 2017 un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares con la filial en EE. UU. de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA), llamada Citgo, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en la nación norteamericana.

A raíz de esa situación, la justicia le abrió una investigación que lleva ya varios años en un proceso en el que un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida de Miami, acusó a Rivera el pasado 16 de noviembre, pero se desconocen los términos concretos de los cargos debido a que el documento permanece sellado.

Medios informaron que el contrato fue suscrito en 2017 en el marco de una primera etapa de las relaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración del expresidente Donald Trump, en la que desde el Gobierno venezolano se trataba de conseguir un acercamiento con el entonces mandatario que se había posesionado el 20 de enero de ese año.

Se conoció que la compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EE. UU. tras alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017, lo que sirvió de base para iniciar un proceso en su contra por parte de fiscales federales de Miami.

Según los términos de la demanda, Interamerican Consulting, debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que presuntamente no llegó a realizarse.

En el contrato se acordó que la compañía del excongresista cobraría 50 millones de dólares por sus servicios entre marzo y junio de 2017, los cuales serían cancelados en 6 pagos por parte de la filial de PDV.

Fue el designado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido por el Gobierno de Estados Unidos (tanto por el expresidente Donald Trump como por el actual mandatario Joe Biden) quien nombró a un nuevo equipo directivo de PDV en Estados Unidos, que se encargó de adelantar una auditoria a Citgo, la filial de PDVSA en esa nación norteamericana con sede en Delaware.

Tras esa evaluación es que se logró determinar la existencia del contrato con el excongresista y que, finalmente, dio origen a la demanda.

Incluso, Rivera, quien se ha declarado inocente, presentó una contrademanda contra PDV en EE. UU., tras alegar un supuesto incumplimiento de contrato por no pagarle 30 millones de dólares que aún le adeudan.

Se conoció que la investigación se adelanta, además, por cuanto el contrato fue suscrito a través de una empresa estadounidense, por lo que cualquier trabajo que realizara en favor de intereses comerciales de otro país, en este caso de Venezuela, necesitaba haberse registrado como cabildeo extranjero, lo que según parece no realizó.

Aunque el excongresista Rivera recibió una parte de los 50 millones de dólares, como él lo ha admitido, la denuncia señala que, supuestamente, desvió el dinero a un narcotraficante y a una compañía de yates a nombre del magnate televisivo venezolano Raúl Gorrín, que ha sido sancionado y acusado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Según la demanda, Rivera y Gorrín intentaron coordinar una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la compañía petrolera estadounidense Exxon. Como parte de esa ofensiva de simpatía, también contrataron al representante Pete Sessions, cuyo antiguo distrito de Dallas fue sede de Exxon.

De acuerdo con el documento, los dos hombres también hablaron sobre el cambio de precio de las entradas para conciertos que, según los abogados de PDV, eran referencias codificadas a un soborno.