Dos sentenciados a muerte acusan al estado de Texas de usar ‘inyecciones letales vencidas’

Ante los estrados judiciales llegó una curiosa solicitud presentada por dos reos en Estados Unidos, sentenciados a muerte, quienes advirtieron, previo a su fecha de ejecución, que en el estado de Texas las entidades encargadas de la ejecución de los condenados a morir como castigo a sus delitos estaban cometiendo una irregularidad, al emplear medicamentos vencidos en la ‘inyección letal’.

En ese sentido, los denunciantes afirmaron que dicha particularidad estaría incurriendo en una irregularidad, en tanto ello significaba que los reos ejecutados tuvieran ‘sufrimiento’ o dolor al momento de ser inyectados, situación que está prohibida en su país.

Según explican medios internacionales que recogen la denuncia, los reos que pusieron de manifiesto la situación fueron identificados como John Balentine y Wesley Ruiz, quienes habrían hecho explícita su inconformidad desde finales del año 2022, solicitando a los tribunales que se investigue la irregularidad y se exija al Departamento de Justicia Criminal de Texas el no seguir empleando sustancias vencidas en estos procedimientos.

Frente al particular, los presos señalaron que tuvieron conocimiento que el TDCJ, el referido tribunal en Texas, posee, desde hace tiempo, un ‘stock’ de una sustancia conocida como pentobarbital, empleada para las ejecuciones, que estaría vencido.

Sobre la existencia y uso de medicamentos vencidos, los reos afirmaron que el uso de esas sustancias tiene efectos ‘imprevisibles’, lo cual puede traducir en que tras su inoculación o aplicación, algunas vías sanguíneas puedan terminar obstruidas, lo que deriva en el que califican como ‘sufrimiento innecesario’.

En respuesta, según recoge la AFP, las autoridades de Texas respondieron negando tras afirmación, explicando que la totalidad de los medicamentos empleados en sus inyecciones letales cuentan con fechas de vencimiento en orden, afirmando además que, debido al flujo de casos de ‘condenas de muerte’ que asocia Texas, su Estado es uno de los de ‘mayor movimiento’, lo que impide que las inyecciones empleadas estén vencidas.

Así, el TDCJ afirmó que desde 1982, fecha en la que se hizo legal la pena de muerte en Texas, el estado ha ejecutado cerca de 581 personas, lo que representa más de un tercio de la totalidad de ejecutados en todo el país.

Actualmente, de los 50 estados que componen la Unión, 27 de ellos cuentan con penas capitales en su legislación.

Sobre las personas que presentaron la referida queja, trascendió que uno de ellos fue condenado a morir tras ser hallado culpable en el caso de asesinato de un agente de la Policía, hecho ocurrido en el año 2007. Además, el otro reo, Balentine, era señalado de un triple asesinato cometido en 1998.

Al presentar el reclamo sobre los medicamentos vencidos, los señalados condenados afirmaron que de no ser revisada la denuncia, sus derechos a no ser sometidos a un “castigo cruel” estarían siendo violados.

En medio de la investigación de esta denuncia, desde el pasado 10 de enero, por orden de la juez civil Catherine Mauzy, se encuentran suspendidas las ejecuciones, y se pidió a la TDCJ presentar prueba que den fe de la vigencia de las sustancias empleadas.

Al igual que el primero de los reos, otro de los que se ha visto beneficiado con la medida temporal en el marco del juicio es un reo de apellido Fratta, quien se encuentra sentenciado a muerte, al hallársele responsable de ordenar el asesinato de su esposa en 1994.

Si bien los referidos reos terminaron finalmente siendo ejecutados, la demanda que inicialmente fue interpuesta por ellos ha sido retomada por la defensa de otros de los sentenciados a muerte, teniendo en cuenta que, para el presente año, hay al menos otras 50 ejecuciones programadas en Texas.

De acuerdo con lo explicado por la AFP, entre 1990 y 2010, más del 3 % de las ejecuciones en Estados Unidos tuvieron fallas, una estadística derivada de un estudio revelado por la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), que advierte que los mayores problemas se derivan de los procedimientos con inyecciones letales.

Tan solo en 2022 la referida ONG contabilizó 7 casos de ejecuciones con problemas, de las cuales dos finalmente no resultaron en muerte.

Los argumentos que soportan la demanda

En el marco de las investigaciones, expertos advirtieron que el medicamento empleado para las ejecuciones tiene una vida útil de 45 días si está congelado; no obstante, también se ha advertido que pese a ello la más reciente compra de la sustancia en cuestión se realizó en marzo de 2021, por lo que cualquiera de esas dosis ya venció hace más de 600 días, advirtiendo que algunas de estas podrían haber sido sometidas a procesos de reetiquetado para hacerlas válidas hasta septiembre y noviembre de 2023.