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Este proyecto de ley busca frenar la minería ilegal en Latinoamérica
La minería y el tráfico ilícito de oro “plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región”, dijeron congresistas estadounidenses.
Dos influyentes senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para frenar la minería de oro ilegal en América Latina que, según ellos, favorece al “narco-régimen” del mandatario venezolano Nicolás Maduro, informó uno de ellos este miércoles en un comunicado.
La minería y el tráfico ilícito de oro “plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región”, afirman el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez.
Además, “beneficia financieramente al narco-régimen de Maduro en Venezuela, destruyendo ecosistemas sensibles y causando abusos a los derechos humanos en toda la región”, señala el comunicado.
“La minería de oro ilegal es una fuente financiera importante para el régimen dictatorial de Maduro y conforma gran parte del mercado internacional del oro”, afirma Rubio, citado en la nota.
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Estados Unidos “debe responsabilizar a aquellos que están involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus secuaces obtengan más ganancias mientras el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”, añade.
Los senadores quieren que el presidente Joe Biden establezca una estrategia para combatir el problema.
Estas actividades “no solo financian a sindicatos criminales transnacionales, sino también debilitan la selva y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilitan los abusos de los derechos humanos y ayudan a sostener dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro”, afirma Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Según un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, más del 70% del oro extraído en varios países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador y Perú, se obtiene por medios ilícitos, al igual que alrededor del 80% del extraído en Venezuela, se lee en el proyecto de resolución.
De este oro venezolano un gran porcentaje se vende a la empresa minera estatal Minerven -un procesador sancionado por Washington y operado por el gobierno de Maduro- o bien a través de redes de comercialización que benefician económicamente al Ejecutivo, advierte el texto.
El duro golpe a la minería ilegal en el oriente de Caldas
Hace unas semanas, en un operativo ejecutado de manera conjunta entre integrantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), lograron recuperar una gran extensión de recursos naturales que eran utilizados para la minería ilegal a cielo abierto.
El coronel José Francisco Candela, de la Octava Brigada del Ejército, indicó, “las tropas ubicaron una de las minas más grandes para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el oriente caldense. En las acciones los uniformados de las diferentes especialidades logran incautar material utilizado para la extracción de oro aluvial”.
La operación, denominada Nevado XIV, se desarrolló en el río Samaná, en zona limítrofe de los departamentos de Caldas y Antioquia, donde según las autoridades la contaminación por estas explotaciones afecta a más de 30.000 familias, de los municipios de Samaná, Norcasia y La Dorada, todos pertenecientes a esta zona del país.
En la mina los uniformados encontraron excavaciones de más de 12 metros de profundidad, y en el lugar incautaron una retroexcavadora, 11 motobombas, una planta eléctrica, 100 metros de cableado eléctrico, 30 canaletas de fabricación artesanal y 8.400 metros de manguera de seis pulgadas.
Según las autoridades, el material hallado está avaluado en 600 millones de pesos, el cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes a su vez adelantaron el proceso de destrucción.
El mayor Jorge Hernán Chacón Carmona, jefe del Grupo de Carabineros de la Policía Caldas, expresó que en lugar “fueron intervenidos cuatro puntos. Cuando llegamos al sitio encontramos la afectación de 66.000 metros cuadrados de capa vegetal, lo que equivale a más 65 hectáreas, removidas con daño al medio ambiente, lo cual es difícil de recuperar”.
