Desmovilización de Auc a finales del 2005.

El acuerdo de desmovilización se logró luego de siete meses de conversaciones entre ambas partes. Se pactó la reincorporación a la vida civil de los miembros de las Auc dentro de un proceso que se iniciará a finales del presente año y que, de manera escalonada, culminará en el 2005.

Inicialmente, las tropas paramilitares se concentrarán en zonas establecidas, luego de que el Gobierno brinde las debidas garantías de seguridad y prevea que estas áreas sean custodiadas por la Fuerza Pública. "La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes", dice el documento.

Para asegurar el proceso, las Auc reiteraron su compromiso de cese al fuego y señalaron que perfeccionarán ciertos mecanismos para garantizarlo, pues se ha visto perjudicado por algunos "imprevistos" que incluso, pusieron en la cuerda floja la negociación.

El texto final fue firmado por ambas partes. En representación de las Auc estuvieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz, Vicente Castaño, 'Hernán Hernández', Luis Cifuentes, Ramiro Vanoy, Francisco Tabares y 'Jorge Pirata', quienes aseguran representar a cerca del 90 por ciento de los grupos de autodefensas que operan en Colombia. Y por el Gobierno, firmaron Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz y los miembros de la Comisión Exploratoria de paz, Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Eduardo Espinosa, Gilberto Alzate Ronga, Ricardo Avellaneda y Juan B. Pérez. Además de los tres facilitadores nombrados por la iglesia Católica, los monseñores Germán García y Julio César Vidal, y el padre Leonidas Moreno.

De esta manera concluyen siete meses de conversaciones previas y se logra la supuesta desmovilización de cerca de 10 mil hombres en armas, según datos de las autoridades.

En el documento de 10 puntos, también se menciona el compromiso de los comandantes de ese grupo irregular -algunos de ellos pedidos en extradición por Estados Unidos, acusados de tener vínculos con el narcotráfico- de respaldar la política estatal en contra del negocio de la droga. "Las Auc comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente", asegura el texto, que también solicita que la iglesia Católica continúe acompañando este proceso y que la comunidad internacional lo respalde.

Uno de los primeros países en manifestarse al respecto fue Estados Unidos. Señaló que apoya este esfuerzo, pero que una cosa es este proceso de desmovilización en Colombia y otro asunto distinto la comparecencia ante la justicia de su país.

Aún no se han anunciado las condiciones de las Auc respecto a la justicia estadounidenses y a los pedidos de extradición que pesan sobre sus líderes, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.

El documento tampoco aclara qué pasará con los procesos penales pendientes, ni con las acciones judiciales que puedan tener lugar por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por estas agrupaciones, entre las que se cuentan las masacres y el desplazamiento forzado, como herramienta principal de guerra.

Pero esos no son los únicos eventuales obstáculos para el proceso adelantado. Del acuerdo están ausentes cinco grandes bloques de paramilitares que, o están en mesas separadas o se niegan a dialogar. Entre los que sostienen acercamientos están el 'Bloque Central Bolívar' -con 4.000 hombres que operan en el bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar y otras regiones-; la 'Alianza Oriente' -con 2.000 hombres en Casanare y parte de los Llanos-, y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza, hombre cercano a Carlos Castaño.

Los que hasta el momento se han negado a negociar son el 'Bloque Metro' -concentrado en Medellín y el noreste y el oriente de Antioquia con 1.500 hombres-; y el 'Bloque Elmer Cárdenas' -en Urabá y la frontera con Panamá, con otros 1.500 combatientes-. Estos argumentan que la propuesta de la administración Uribe es un sometimiento y no un proceso de paz.

Por esas divisiones al interior del grupo, se advierten posibles enfrentamientos entre bloques, lo que obstaculizaría cualquier desmovilización o proceso.

Por su parte, el gobierno le garantizó al grupo paramilitar, además de las zonas de concentración y una posible negociación con Estados Unidos, "adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil", según establece el documento firmado.