Descaro arquitectónico en La Merced

El barrio La Merced de Bogotá está compuesto por casas construidas entre 1930 y 1940. Fue declarado Sector de Interés Cultural y es uno de los pocos barrios de Bogotá que se ha conservado en su conjunto.

En 2010 el ex senador Carlos Moreno de Caro instaló en unas casas del barrio, situadas en la carrera séptima con calle 36, su propia universidad: la Institución Universitaria de Colombia, un segundo intento tras el fracaso de su Universidad del Trabajo, que tuvo que cerrar por varias sanciones. Desde su apertura, la Institución Universitaria ha dado de qué hablar.

Según Norbey Quevedo, periodista del diario El Espectador, la universidad le presentó un documento de 548 páginas al Ministerio de Educación para la aprobación de la carrera de Ingeniería Industrial que tenía 66 apartes plagiados de otros documentos y páginas de internet. “Entre ellas se encontraron páginas o párrafos completos del sitio web español conocido como ‘El Rincón del Vago’, muy utilizado por estudiantes. También aparecen apartes tomados de proyectos de las universidades de Antioquia, Libre y Santo Tomás. No se referencian trabajos de un profesor de la Universidad Nacional, de un consultor peruano o monografías. Se toman temas como sistema de autoevaluación, conceptos, aplicaciones e historia de la ingeniería, docencia, programas académicos y perfil del egresado”, dice el artículo, publicado en el periódico en 2010.

Más adelante, en 2013, la institución fue blanco de críticas de otra naturaleza. Los residentes del edificio Parque Nacional, vecinos de la Universitaria de Colombia, denunciaron en Noticias Uno una obra en una de las sedes que estaba perturbado la tranquilidad usual del sector, y que además era ilegal. “La universidad primero pidió licencia para reformar el edificio y, como le fue negada su pretensión, hizo las obras diciendo que se trataba solo de unas reparaciones locativas”, decía la noticia de ese entonces.

Ahora los vecinos del sector han vuelto a notar que de una de las sedes de la universidad se asoma, y sobresale, lo que parece ser una nueva obra. “Se ve como si en el interior del grupo de casas que hacen parte de la universidad estuvieran haciendo una construcción, y yo creo que esas casas son patrimoniales -dice Juan Camilo Sierra, autor de las fotos que ilustran este artículo-. La estructura claramente está por encima de la altura de las casas, hay una serie de muros nuevos, unos techos horribles en falsa teja...”.

En efecto, los inmuebles en donde la universidad tiene sus sedes, que son varias en el mismo sector, son de interés cultural. Es decir, son inmuebles que hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad y están regidos por una normativa especial de conservación de patrimonio. Por lo tanto, para hacer cualquier tipo de modificación en esas estructuras, la institución debería notificar al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y, dependiendo de la magnitud de la obra, debe pedir ciertos permisos o incluso sacar una licencia de construcción.

“Nosotros damos permisos para cualquier intervención en esos inmuebles”, dijo la arquitecta Lida Medrano, que trabaja en el área de control urbano del IDPC. Sin embargo, hay diferentes tipos de intervenciones. De acuerdo con el Nuevo Código de Policía, para hacer una intervención mínima en este tipo de inmuebles la institución sólo debería informar al IDPC. En el caso de las intervenciones locativas (“obras para mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante…”, según MinCultura), bastaría el permiso del Instituto. Pero en el caso de obras mayores, que alteran la volumetría del edificio, el Instituto debe emitir un concepto para que luego la institución pueda sacar una licencia de construcción.

Más o menos en febrero de este año el caso llegó al IDPC por una denuncia. El paso a seguir fue hacer una revisión de los antecedentes: si se habían solicitado permisos, si estos haían sido concedido ya. Como no existia el registro de ninguna de las dos cosas, funcionarios del IDPC hicieron una primera visita de inspección. “El arquitecto designado para el caso hizo la visita, pidió el acceso y no le fue permitido entrar. Simplemente no nos dejan entrar a mirar. Sin embargo, aunque no hayamos podido hacerlo, porque no nos han dejado, desde afuera se alcanza a ver que lo que están haciendo es claramente una obra ilegal. Nosotros ya revisamos, y la institución no tiene permisos del Instituto para realizar esa obra, y ni siquiera ha hecho la solicitud para obtenerlos. E incluso así, en caso de solicitarlos, no se podrían legalizar porque la intervención que se está haciendo allí va en contra de la normativa que rige sobre este tipo de inmuebles. Hace unas semanas le informamos lo que está sucediendo a la Secretaría de Cultura, la autoridad competente en un caso como este. La Secretaría ya está al tanto del tema, el caso está en sus manos porque nosotros no podemos abrir la investigación ni aplicar sanciones. Sin embargo, el proceso toma un tiempo”.

Alberto Escovar, director de Patrimonio de MinCultura, explica que hay puntos de la ciudad, como el Centro de Bogotá, donde las competencias de las entidades que se ocupan del patrimonio (es decir MinCultura e IDPC) coinciden. Ese, sin embargo, es un tema que está por aclararse. La idea es que la Nación delegue parte de la aprobación de sus proyectos al Distrito y pueda ocuparse de los inmuebles que tienen nivel máximo de conservación o están declarados en el ámbito nacional. “Ahora -dice Escovar-: hay otra circunstancia, que es la que se presenta en este caso, y que puede generar discusiones. Aunque este inmueble está a menos de cien metros del Museo Nacional, es patrimonio distrital. Y aunque la obra que están haciendo quizás no afecte para nada al Parque Nacional y otras zonas cercanas que sí son competencia de la Nación, sí podría afectar casas vecinas, que es lo que está declarado como Patrimonio Distrital. Por eso es importante la competencia de IDPC. No es que el proyecto que se está haciendo no se pueda hacer, y punto. Pero para hacerlo sí habría que pedir una licencia, y habría que asegurarse de que la obra se haga dentro de la normativa legal. Ni MinCultura ni el IDPC tienen funciones policivas. Pero si se comprueba que ese inmueble está sufriendo una obra que no tiene permiso, debe abrirse un proceso de investigación y solicitar a alcaldía local que selle la obra”. El problema, dice Escovar, es que esa coordinación no siempre es fácil. Probar la sanción toma tiempo, y además, como van cambiando los directores de las instituciones, no hay continuidad.

Escovar asegura también que casos como este deberían invitar no solo a que las entidades que se encargan del patrimonio trabajen más coordinadamente entre ellas, y con las alcaldías locales y la policía. También deberían conducir a una reflexión sobre el hecho de que a veces la burocracia va en detrimento de las intervenciones sobre el patrimonio. “Falta mucha información que nosotros deberíamos transmitir para que la gente entienda cuáles son las entidades competentes, cuáles son los trámites, y nos falta procurar que esos trámites se simplifiquen un poco más. A veces el que consulta y el que hace las cosas legalmente es quien termina pagando los platos rotos, porque la obra se demora en empezar. En cambio quienes lo hacen a la barva… Evidentemente nuestro deber es hacer que quien hace una obra ilegal reciba una sanción pronta y asuma la responsabilidad por infringir una ley. Pero lo otro que deberíamos procurar es que la vida de quienes sí hacen la vuelta sea más llevadera”.

Arcadia también intentó hablar con un vocero de la universidad que pudiera dar declaraciones al respecto, pero no hubo respuesta. Y Liliana Ruiz, arquitecta de la subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, dijo que todavía no podía dar detalles del caso porque la Secretaría no ha hecho la primera visita a las casas. Más o menos a finales de julio la Secretaría se pronunciaría sobre el tema.