Néstor Humberto Martínez augura choque de trenes entre la JEP y Corte Suprema

La revelación que hizo el senador del Partido Farc, Carlos Antonio Lozada, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado sigue generando todo tipo de reacciones jurídicas y políticas. Ahora está sobre la mesa el debate sobre ante quién deberá comparecer el legislador para ampliar su versión del magnicidio que ocurrió el 2 de noviembre de 1995.

En diálogo con Semana Noticias, el exfiscal Néstor Humberto Martínez terció en la polémica y explicó por qué Lozada debería renunciar al Congreso si quiere que la JEP asuma la competencia para investigar los hechos relacionados con el asesinato del líder del Partido Conservador.

Para Martínez la jurisprudencia es clara. Citó una sentencia de la Corte Constitucional en donde se asegura que “cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, un senador es aforado constitucional, esta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la Constitución para adelantar la investigación”.

En ese sentido Martínez aclara que la JEP no tiene opción distinta a enviar toda la información que tenga al respecto a la Corte Suprema para que investigue a Lozada, que aseguró haber ejecutado la orden de asesinar a Gómez Hurtado.

“No puede ocurrir que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma el conocimiento de esa investigación sobre la confesión que acaba de hacer el señor Lozada a la JEP porque allí sí la justicia de transición está invadiendo competencias que no le son propias y que claramente la Corte Constitucional le ha manifestado que en esos casos la JEP no puede hacer investigaciones ni verificaciones y se debe remitir a la autoridad competente las informaciones que tenga al respecto de un aforado constitucional”.

El exfiscal aseguró que está claro que quien investiga a un senador es la Corte Suprema de Justicia y que la polémica más reciente es la de Álvaro Uribe Vélez, quien renunció al Congreso justamente por considerar que ante la presunta falta de garantías quiso que su proceso pasara a la justicia ordinaria.

Pero más allá del caso particular, Martínez cree que se podría presentar un choque de trenes por este tema, pero que sería bueno dirimirlo rápidamente. “Hoy no está probado que ese magnicidio haya tenido relación alguna con el conflicto y por lo menos, por ahora, las evidencias que hay es que tiene que ver con el narcotráfico así que todavía no hay una verdad judicial probada por lo que nadie puede abrogar la competencia de la investigación”.

A juicio del exfiscal lo grave del caso es que la Jurisdicción Especial para la Paz quiere asumir esa competencia y no se puede pasar por encima de lo dicho por la Corte Constitucional.

Si una persona es aforada constitucional por ser congresista, le corresponde a la Corte Suprema, pero si dejan de ser aforados porque renuncian, pues pueden ir a donde el juez natural, que en este caso sería la JEP por tratarse de un delito relacionado con el conflicto armado", reiteró el exfiscal.

Por ahora Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Londoño deberán comparecer ante la JEP y la Fiscalía General de la Nación para ampliar las revelaciones que hicieron en cartas y entrevistas en medios de comunicación ya que también es importante que comprueben la participación o autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez, ya que en los últimos años se venía creyendo que el narcotráfico estuvo vinculado con el magnicidio que ocurrió el 2 de noviembre de 1995.