¿Qué le espera al post-conflicto colombiano?

En el marco de la desmovilización de cientos de paramilitares de las AUC, uno de los temas que ha concentrado la atención de los analistas y de algunos congresistas es el relativo a la situación penal de los miembros de este grupo armado.

¿Se les debe dar perdón y olvido como se sugiere en algunos sectores?, ¿o tal vez sancionar a los jefes de la organización y dejar en libertad a los soldados rasos? O, como aparentemente lo sugiere el proyecto del Senador Rafael Pardo, de la Representante Gina Parody y del Representante Luis Fernando Velasco, ¿perdón y olvido para algunos y sanción no superior a diez años para los Comandantes?

Un análisis de las posibles soluciones mostrará que no sólo por razones de imperativo moral debemos optar por la justicia como camino a la paz, sino que hay razones pragmáticas que indican que la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario es el camino más adecuado para alcanzar una paz duradera.

COLOMBIA: UNA LARGA TRADICIÓN DE CONFLICTO-POSTCONFLICTO.-

Colombia lleva muchísimos años en guerra y posee una experiencia sin igual en procesos de paz frustrados. Desde las guerras de independencia, pasando por la guerra de los Mil Días y La Violencia, hasta el actual proceso de paz, son muchas las ocasiones en las que en Colombia se ha intentado dar terminación al conflicto y dar paso a una situación de post conflicto en la cual nuevos brotes de violencia aparezcan como innecesarios. La ausencia de una paz duradera debería suscitar un análisis a fondo de los diversos procesos de paz que se han dado en el país, comenzando desde el proceso de construcción de Nación en el siglo XIX hasta los procesos más recientes. El análisis de tal historia permitirá observar las diversas estructuras que han dado lugar no sólo a la aparición de la guerrilla sino de los grupos paramilitares y permitirá observar las carencias institucionales del Estado que han conducido a la aparición de grupos de autodefensa, sean estos de derecha o de izquierda.

Adoptando una perspectiva que tenga en cuenta la historia de los conflictos colombianos y de sus causas estructurales (lo que en Fernand Braudel se denomina la longue duree) veremos que el origen de las guerrillas se ha dado por la falta de unas opciones de participación para algunos grupos políticos, como es el caso de la ANAPO en los años 1970s y el fraude electoral fraguado entre los partidos liberal y conservador para "elegir" a Misael Pastrana. Pero también la falta de medidas durante la etapa posterior al conflicto ha dado lugar a nuevas confrontaciones, como bien lo ha mostrado Eduardo Pizarro en su excelente análisis sobre el origen de las FARC y su conexión a las deficiencias del proceso de paz con las guerrillas liberales. Como estos ejemplos muestran, la etapa post conflicto es muy importante, no sólo porque las decisiones que se tomen en este momento determinarán elecciones posteriores, sino por el hecho de que la ausencia de solución a las causas de la confrontación puede generar nuevos conflictos y determinar la aparición de nuevos actores, como lo muestra el caso de las AUC que están próximas a desmovilizarse y cuyo origen esta, entre otras, en la falta de solución del Estado colombiano a la cuestión guerrillera.

Dos antecedentes colombianos deben ser analizados con el fin de mostrar algunas fallas en las decisiones tomadas y cómo estas fallas aún afectan el destino del país. Mediante el análisis de la negociación de paz posterior a La violencia y del diseño institucional que le siguió podemos ver de qué manera se afectó el futuro de Colombia y se abrió la puerta para nuevos conflictos. De igual manera, el análisis del proceso con el M-19 mostrará de que manera el diseño institucional plasmado en la Constitución de 1991 permitió que esa incorporación se consolidara y que el regreso a las armas fuera visto como una opción política y militarmente poco viable. Mis comentarios sobre estos puntos serán breves, pero ellos forman parte de la investigación que en el seno del CES adelantamos sobre procesos de paz y post conflicto en Colombia.

La Violencia: paz precaria sin justicia.

Como resultado de las negociaciones de paz en Sitges y Benidorm, los líderes de los partidos conservador y liberal llegaron a un acuerdo por el cual los dos partidos compartirían el poder y ejercerían la presidencia de manera alternativa, dando fin de esa manera a un conflicto armado que produjo más de doscientas mil muertes y que recibió el nombre de La Violencia, gracias al cual ninguno de los actores del conflicto asumía responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario producidas durante el mismo. Una vez alcanzada la paz, se acordó crear una Comisión especial encargada de investigar las causas -que no los responsables- de La Violencia, la cual estuvo bajo la dirección de Otto Morales Benitez. Esta Comisión produjo evidencias suficientes para juzgar a los responsables del conflicto, pero, dado que esa no era su función, se limitó a hacer un relato de los hechos y de las posibles causas sin llevar ante los jueces a los responsables de esos crímenes. Después de leer el libro escrito por Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña, basado en los trabajos de la Comisión, sorprende que frente a esas atrocidades no se haya dado siquiera una condena. Sin embargo, las víctimas de La Violencia no olvidaron y es por ello que frente a la falta de atención de parte del Estado muchos de los miembros de las futuras guerrillas esgrimen como razones para la lucha armada las injusticias derivadas de esa época. Además del hecho de que muchos de los antiguos combatientes jamás se desarmaron, y tenían razones para no hacerlo, el cierre de las opciones políticas causado por el Frente Nacional está en la base de muchas de las justificaciones para la lucha guerrillera de los años 60.

El manejo del período postconflicto que siguió a La Violencia se limitó a desarrollar una política de borrón y cuenta nueva, dejando de lado las necesidades de las víctimas de las atrocidades cometidas por los dos bandos. El diseño institucional cerró las posibilidades para un acceso democrático al poder y la falta de atención a las causas del conflicto generó nuevas violencias, una de las cuales es aquella a la que se le pretende dar término a partir del 3 de noviembre.

El M-19 y la política de perdón y olvido.

En días recientes el proceso de desmovilización del M-19 ha sido objeto de análisis y de críticas, a raíz de las palabras del presidente Uribe Vélez, quien llamó la atención sobre la manera como ese proceso de paz dio lugar a una política de perdón y olvido, gracias a la cual algunos de los miembros del M-19 lograron acceder a curules en el Congreso de la República. Tiene razón el Presidente en criticar ese proceso, pues las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario nunca fueron sancionadas y nunca se dio un verdadero proceso de reconciliación nacional, como lo muestra claramente el debate de la semana pasada con participación del ex ministro Carlos Medellín, hijo de uno de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia. De haberse dado prevalencia a la justicia y no sólo a la paz, los colombianos y las colombianas sabrían quiénes son los responsables de las muertes de los magistrados, por qué miembros del Ejército destruyeron completamente la escena del delito, dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuál democracia fue salvada los días 5 y 6 de noviembre de 1985 y, sobre todo, por qué el Presidente de la República decidió sacrificar la vida de más de cien personas cuando todo aconsejaba esperar y negociar y cuando el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia le imploraba que cesara el fuego. Esa política de perdón y olvido dejó muchas heridas abiertas y fue fuente de nuevas violencias, como la muerte del abogado Eduardo Umaña en el año 1998.

Tal vez el éxito de la desmovilización del M-19 está no tanto en esa política de perdón y olvido, sino en el nuevo diseño institucional que abrió el espacio político y que permitió una mayor participación de la izquierda en Colombia. Sin embargo, la falta de justicia ha dejado a las víctimas del palacio doblemente victimizadas.

POST CONFLICTO EN UN MARCO DE PRESIÓN INTERNACIONAL

Las políticas de perdón y olvido se dan cuando los derechos humanos de las víctimas son ignorados. Sin embargo, hoy en día la centralidad del discurso de los derechos humanos, su importancia para el sostenimiento de la democracia, y las conexiones entre desarrollo económico, Estado de Derecho y derechos humanos, hacen absolutamente imposible que se lleve a cabo un proceso de paz sin que los responsables por las graves violaciones sean juzgados. No sobra señalar que la capacidad de decisión del Estado en estas materias se ve limitada y por tanto sus decisiones se sujetan a lo que sea aconsejado por Instituciones de Gobierno Internacional (IGI) como el Banco Mundial, el FMI, la ONU, etc. La capacidad de maniobra del gobierno en esta materia es limitada. No podrá haber un proceso de paz sin al menos alguna forma de justicia y de resarcimiento a las víctimas. Pero no es sólo la presión internacional la que impediría una política como la sugerida por algunos sectores en Colombia. El gobierno colombiano tampoco se puede dar el lujo de establecer un precedente en el que las graves violaciones cometidas por las FARC y por el ELN sean perdonadas sin más, pues ello conduciría a una paz precaria y podría ser la fuente de nuevas violencias.

En suma, la pérdida de centralidad del Estado en las políticas relativas a los derechos humanos y el poder de las IGI en esta materia hacen necesario que el gobierno colombiano estudie alternativas serias para juzgar a aquellos desmovilizados que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Esas alternativas son objeto de lo que resta de este ensayo / documento de trabajo.

¿ES POSIBLE ADOPTAR UN TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL CASO COLOMBIANO?

El antecedente que más se menciona en esta materia es el del Tribunal Militar Internacional (IMT por sus siglas en inglés) asentado en Nuremberg y los diversos tribunales de las zonas ocupadas por los aliados. Como es conocido, las fuerzas aliadas se vieron enfrentadas a la necesidad de definir el futuro de los criminales de guerra alemanes aun antes de finalizar la guerra. Churchill y Stalin eran partidarios de una ejecución directa y sin dilaciones, pues el vencedor gozaba de derechos absolutos sobre la vida de los vencidos. Roosevelt por el contrario veía que un Tribunal poseería no sólo un efecto retributivo, sino además uno simbólico, pues serviría para afirmar los valores del mundo occidental a través de la justicia internacional. Al final esta última opinión se impuso. Pese a que se daba una violación del principio de legalidad y pese a las críticas de justicia de vencedores, lo cierto es que el antecedente de Nuremberg ha servido para la construcción de una verdadera justicia internacional que se ocupe de proteger a la humanidad de las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional.

En apariencia este es un buen modelo post-conflicto pues se juzgó a los responsables y se impusieron penas justas. Sin embargo, sólo el IMT tuvo ese final, pues los tribunales de las zonas ocupadas cesaron en su actividad y muchos de los responsables de atrocidades estaban en libertad poco después. Este modelo de transición a la democracia, y sobre todo a una nueva estatalidad, fue exitoso por la fuerte inyección de dinero a la economía alemana y por la derrota absoluta del Ejército alemán, por lo que su capacidad de maniobra para determinar la forma de la etapa postconflicto fue bastante limitada.

Como consecuencia de las críticas a Nuremberg, la Organización de las Naciones Unidas empezó a trabajar en la creación de un tribunal internacional que se ocupara de juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Sobre esa base y después de un largo proceso que incluye la creación de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda (ICTR por sus siglas en inglés) y para la antigua Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés), la ONU creó la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra cuando el Estado no quiera o no sea capaz de juzgar y sancionar a los responsables.

De este modo la ONU busca que, al menos en materia internacional, se dé una conciliación entre justicia y legalidad. Esta exigencia simplemente es el resultado de la codificación de los últimos cincuenta años, por la cual la soberanía de los Estados se ve limitada en estas materias, lo que quiere decir que los Estados se comprometen a sancionar estas conductas y de no hacerlo verán como otros Estados o la Corte Penal Internacional lo hacen. Es preciso anotar, sin embargo, que los tribunales internacionales se han ocupado de la cuestión justicia versus legalidad pero no se ocupan de la pregunta acerca de la contribución que esa misma justicia puede hacer para alcanzar la paz.

La justicia internacional no se ha ocupado jamás del tema de justicia y paz, pues el antecedente de Nuremberg ubicó la discusión en la cuestión de legalidad y justicia. Es por eso que cualquier acuerdo que no involucre la cuestión de sanción de los responsables es recibido desde Naciones Unidas con una férrea oposición, pues la socialización de los representantes de ese organismo se ha hecho desde esa tradición derivada de Nuremberg. Para Naciones Unidas justicia y legalidad son los únicos valores que cuentan. Esta ecuación hace por completo imposible que se apele a la justicia internacional para la solución del conflicto colombiano, pues la cuestión de la paz no forma parte del discurso existente a nivel de la justicia penal internacional.

COMISIONES DE LA VERDAD

En los últimos años la cuestión de justicia versus paz se ha solucionado acudiendo a Comisiones de la Verdad, pues se entiende que para las víctimas lo más importante no es la sanción penal sino que se reconozca la verdad de las atrocidades cometidas. En un foro organizado en la Universidad de Harvard en 1996 acerca de las Comisiones de la Verdad, la académica norteamericana experta en cuestiones de derechos humanos Yael Tamir señalaba que para que una Comisión de la Verdad fuera efectiva se necesitaba que los individuos tuvieran una mente abierta hacia el pasado y que la sociedad estuviera dispuesta a reflexionar sobre lo que pasó. Esto significa que las partes que han dejado el conflicto están seriamente interesadas en contar la verdad de lo sucedido y en permitir que con esa verdad se lleve a cabo un proceso de reconciliación y de reconstrucción de la sociedad. Muchos citan los casos de Sudáfrica y de El Salvador como ejemplos de esas comisiones. Al respecto cabe decir que en ambos casos se da una transición a la democracia en donde el bando gobernante confiesa sus atrocidades y permite que haya algunas sanciones para poder seguir adelante. Al principio muchos recibieron con beneplácito esta idea de la confesión, pero cuando pasaban los victimarios y contaban sus crímenes, con real o falso arrepentimiento, y sin que pasara nada, la gente empezó a perder fe en el modelo. El aumento de la violencia y la segregación en Sudáfrica permite afirmar que el éxito de esa Comisión de la Verdad fue más bien relativo.

En Suramérica contamos con comisiones de la verdad en Argentina y en Chile. El caso argentino es interesante pues implica la creación de una Comisión de la Verdad -de nuevo sólo para contar lo que pasó y no para llevar a los responsables a juicio- en un marco de relativa debilidad del Ejército. Sin embargo, dados los diversos intentos de golpe de Estado bajo el gobierno Alfonsín esta Comisión no condujo a juicios verdaderos y sólo hasta ahora, cuando el proceso de debilitamiento de las Fuerzas Armadas esta completo, es posible hablar de un juicio al pasado. En Chile ocurrió algo similar. Con unas Fuerzas Armadas más fuertes que en Argentina, la transición se hizo a la medida de Pinochet y fue sólo la presión de la justicia de otros países la que obligó a los jueces Chilenos a abrir causas en contra de Pinochet y es la amenaza latente de esa presión internacional la que ha permitido que el proceso avance.

En los casos mencionados lo que se dio fueron procesos de transición a la democracia en donde el régimen contaba la verdad de lo sucedido. Para el caso colombiano conviene preguntarse los motivos de el actual proceso de paz. Cuál es la razón por la cual se desmovilizan las AUC? Es porque encuentran que su proyecto político se puede llevar a cabo en democracia? Es porque fueron derrotados militarmente y por ello no les queda otra salida que buscar mecanismos de reintegro a la vida pública? O su razón de ser dejó de existir y por ello su lucha no tiene más sentido? El proceso del M-19 comparte los dos primeros elementos y el del Quintín Lame el último, pero todo parece indicar que las AUC no caen en ninguna de esas tres categorías. Parece ser que su única razón es un repentino deseo de contribuir a la paz, pero qué pasa si esa paz no se da? Volverían a las armas? Estos son aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la negociación y que determinarán la situación del post-conflicto.

Pero la naturaleza del conflicto también determina las posibilidades de las soluciones propuestas. Dado que las AUC no son totalmente enemigas del Estado colombiano, a pesar de su ilegalidad, conviene preguntarse acerca del proceso de reconciliación que se propone. Dado que sus víctimas deben ser resarcidas, no basta con la simple desmovilización ni con una Comisión de la Verdad. Si lo que está en juego no es la reconciliación, pues sus víctimas no forman parte de la negociación y mucho menos sus enemigos, no parece tener sentido una Comisión de la Verdad, a menos que lo que se busque sea su distorsión. Es preciso tener en cuenta que la Comisión de la Verdad es un espacio en donde lo que está en juego es precisamente la verdad, la narrativa de cada parte para contar la verdad y para llegar a acuerdos sobre ello con la parte contraria. Pero cuál verdad se va a contar si ideológicamente sólo hay un lado? Esto no quiere decir que el gobierno apoye a los paramilitares, las cifras son claras en mostrar que sí los combaten, pero sí debemos tener en cuenta que comparten enemigo: la guerrilla, por lo que es indudable que lo que menos va a estar en disputa en una Comisión de la Verdad es precisamente esa verdad. Entonces qué queda por hacer?

El modelo de transición a la democracia, en vez del de negociación de paz, parece ser el más adecuado para la solución del conflicto colombiano. Sin embargo, esto implica el reconocimiento de las limitaciones de la democracia colombiana así como la responsabilidad del Estado en la creación y sostenimiento de estos grupos armados.

SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES POR PARTE DE LA JUSTICIA NACIONAL

Dado que las políticas de perdón y olvido, las de justicia internacional y las comisiones de la verdad no parecen tener aplicación en el caso colombiano, sólo queda por analizar la aplicación de la justicia nacional para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. En la Revista Semana del pasado 24 de octubre se menciona un proyecto de ley que está a punto de ser presentado por el Senador Rafael Pardo y la Representante Gina Parody junto con el Representante Luis Fernando Velasco. Como la existencia del proyecto es sólo un rumor y su contenido se desconoce, son pocos los elementos que se tienen para juzgar sus bondades o limitaciones. Sin embargo cabe hacer los siguientes comentarios para cualquier proyecto de juzgamiento de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

a. En primer lugar la participación en el conflicto armado como tal puede ser objeto de amnistía y de indultos, pues el derecho internacional humanitario prevé que los combatientes no sean sancionados por el simple hecho de su participación en el conflicto. Esta medida permitirá que una buena parte de los miembros de las AUC se vean beneficiados con amnistías e indultos una vez incorporados a la vida civil.

b. La comisión de delitos de narcotráfico podría ser juzgada por el Estado colombiano. Al respecto es preciso recordar que la parte general de nuestro Código Penal prevé que los delitos iniciados en Colombia y consumados en el exterior deben ser juzgados por los jueces colombianos. Esto significa que jurídicamente la extradición no es un problema para las AUC, pues su participación en narcotráfico con toda seguridad se hizo desde Colombia. Sin embargo, en lo político, dada la política del gobierno colombiano de extraditar en situaciones similares, conviene entablar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para asegurarse que esta sea una medida viable y no genere presiones innecesarias en el proceso de re-incorporación a la vida pública.

c. Los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra deben ser sancionados por el Estado colombiano, no sólo porque es moralmente justo y así lo dispone por el derecho internacional, sino porque de no hacerlo estaría dando lugar a resentimientos y heridas que podrían conducir a nuevas guerras. A este respecto conviene tener en cuenta que a nivel internacional lo que importa es que la sanción sea proporcional al grado de participación y al daño causado. En el caso de Tadic el ICTY le impuso una pena de diez años por el delito de genocidio, pero esto se dio debido al hecho de que era un simple soldado y no uno de los líderes el genocidio yugoslavo. No cabe imaginar una pena semejante para Milosevic, pues de ser así se trivializaría el sufrimiento de las víctimas. Para el caso colombiano caben las mismas consideraciones. Si no queremos trivializar el sufrimiento de las víctimas de los miembros de la AUC, no podemos aplicar sanciones irrisorias a los líderes de la AUC y a quienes se les haya comprobado participación en graves violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario.

d. Finalmente las víctimas deben ser compensadas y debe iniciarse un proceso de reconciliación real con éstas. Esto implica de parte del gobierno un rechazo a los paramilitares y a sus métodos, la sanción de aquellos que los toleraron y apoyaron, la sanción de aquellos que los patrocinaron y les dieron apoyo económico, en fin, que sea claro que desde el Estado se rechaza y condena la actividad paramilitar a pesar de la coincidencia de enemigos.

Pero aún mas importante que lo anterior es la comprensión de la verdadera naturaleza de las AUC y la razón para su desmovilización. Si los factores que llevaron a su creación subsisten aún después de su desmovilización, ¿qué nos hace creer que depondrán totalmente las armas? Si una de las razones para su creación fue la falta de protección del Estado en ciertos territorios, ¿ha asegurado el Estado colombiano esa protección? En suma, a través de la comprensión de las razones para la desmovilización es que se puede determinar los mecanismos a aplicarse en la etapa post-conflicto. Mientras tanto sólo estaremos en medio de un mar de buenas intenciones y de copia de modelos extranjeros que no tienen similitud alguna con el caso colombiano.

Todo proceso de paz entre rivales ideológicos es largo y exige paciencia de parte de los negociadores. El caso de la negociación con la AUC es diferente en tanto las distancias ideológicas no son muy grandes. Sin embargo, para la etapa post conflicto el gobierno colombiano debe prestar atención a las causas del fenómeno paramilitar. Estas causas no han desaparecido y a menos que el Estado asegure el control de esos territorios y la protección a la población civil no se ven razones para que esta negociación sea verdaderamente exitosa. En los tiempos de la República de Weimar se explicaba su fracaso no por la estructura de las instituciones de Weimar sino por la ausencia de demócratas en esas instituciones. A Weimar la acabó la falta de fe en la democracia. Para el caso colombiano se puede decir que la falta de compromiso democrático ha llevado a soluciones fáciles sin transformaciones reales. El proceso de paz no acaba el 3 de noviembre, todo lo contrario, ese día comienza su más importante reto, esto es, hacer que de él hagan parte los enemigos ideológicos del gobierno colombiano.

* Este texto es parte de un trabajo más amplio en el que me ocupo, con otros miembros del Colectivo de Estudios Sociales CES, de analizar los diversos mecanismos de transición hacia la democracia para determinar su utilidad en el caso colombiano.

** Lecturer Legal Studies Department - University of Massachusetts, Amherst; adjunct Professor of Political Science - University of Connecticut; investigador del Colectivo de Estudios Sociales CES y coeditor de la Revista de Estudios Andinos.