Aquel 1997, año en que el paramilitar Salvatore Mancuso entró a una brigada militar

Fue un año duro. Cientos de víctimas de la violencia recuerdan 1997 como un año doloroso. Las masacres y asesinatos selectivos ocurrían en las calles de Medellín, a plena luz del día, o en apartadas regiones rurales, en la oscuridad de la noche. ¿Quién estuvo detrás de aquellos crímenes? Parte de la verdad empezó a ser revelada esta semana por el comandante desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso, ante un fiscal de la unidad de Justicia y Paz.
 
Según su testimonio, él mismo estuvo en la sede de la IV Brigada planeando con el general Alfonso Manosalva las masacres que llenaron de dolor al país. El oficial del Ejército Nacional, por aquella época, era el máximo comandante de esta unidad militar. Mancuso contó que en concreto ideó con él el asesinato colectivo de El Aro, y que la identidad de otras víctimas en otras regiones del departamento también fue suministrada por el general ya fallecido.
 
Algunos de los personajes de la vida política y militar de la ciudad y del departamento de aquel año alcanzaron luego papeles protagónicos a escala nacional. El gobernador de Antioquia en ese momento era Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República. El secretario de Gobierno era Pedro Juan Moreno, una figura polémica sobre la que gravitó siempre una imagen de hombre duro.
 
Precisamente, en una entrevista con María Isabel Rueda en SEMANA sorprendió cuando esta le preguntó a Moreno por qué tenía “una imagen como de mano negra de extrema derecha”, a lo que respondió que era por los inventos de los periodistas. Luego, cuando la entrevistadora le dice que si no se siente mal de que Uribe no lo hubiera tenido en cuenta para la campaña presidencial, dijo: “Hablé con Uribe y le dije que no quería meterme en su campaña, porque tengo fama de matón, de loco, de atravesado”. La periodista le contrapregunta: “¿Y sí la tiene?”. Y él responde: “Me importa un pito. Ni me choca. Me la han construido. Y le dije: Vos con esa fama de paraco, ¿y otro paraco ahí metido? ¡Quedamos jodidos! Dos paracos no riman”.
 
Sin embargo, el ex secretario de Gobierno falleció en un accidente aéreo, por lo que tampoco puede declarar cómo era el comportamiento del general Manosalva en aquel 1997 ni que relación trabó con él.
 
Generales en la mira 

El oficial no era el único cuestionado por diversas organizaciones de la época. En la conflictiva región de Urabá, el responsable militar era el general Rito Alejo del Río, que posteriormente también fue señalado tanto nacional como internacionalmente de claro violador de los derechos humanos.
 
Del Río se desempeñó como comandante de la Brigada XVII desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997. La unidad dirigida por Del Río tiene sede en Carepa.
 
En este y otros municipios empezaron por aquel año a impulsarse las Convivir, que dirigía el gobernador Álvaro Uribe. La idea del entonces joven político era la de que la población civil armada –en colaboración con la Fuerza Pública– hiciera rondas para protegerse de los azotes de la guerrilla.
 
Mancuso ha dicho en otras ocasiones que en realidad su primer vínculo con las armas lo tuvo con las Convivir, a las que él ingresó para defenderse, según él, de las agresiones de que era víctima por parte de la guerrilla. Las Convivir, que luego fueron declaradas ilegales, ocasionaron en su momento gran polémica. La entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, se mostró en contra pero recibió un llamado de atención del entonces mano derecha de Uribe, Pedro Juan Moreno, quien públicamente la acusó de “albergar ideas pro guerrilla”, según la organización Human Rights Watch.
 
Por la masacre de El Aro, Mancuso ya fue condenado. El hecho sangriento ocurrió en este lugar del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y el 26 de octubre de 1997. A esa zona llegó un grupo de paramilitares con una lista de 15 personas que fueron matando una a una delante de todo el pueblo.
 
En otras zonas de Antioquia, ese año hubo 150 hechos violentos en diferentes municipios que se les atribuyen a los paramilitares. Sus víctimas solían ser personas que ellos sindicaban de guerrilleros y personas que consideraban supuestos auxiliadores de las Farc y el ELN, sindicalistas, líderes de izquierda y candidatos a puestos de elección pública que no estuvieran vinculados a los partidos tradicionales.
 
Las maneras de deshacerse de ellos eran muy variadas. Solían asesinarlos a bala, con decapitaciones y torturas. Para ello contaban con facilidades de transporte. Se les veía por zonas urbanas y rurales en automóviles, vehículos de carga pesada, motocicletas y hasta a pie. Se movían como dueños y señores por diversos municipios antioqueños. Y no era para menos. Todo estaba a merced de sus crímenes.

Expansión del miedo

Esa condición la lograron por el temor que infundieron. Cada muerte en sus manos era la oportunidad para expandir el temor que querían provocar.

Aquel año de 1997 el departamento, por ejemplo, conoció el horror en las formas de matar. Ese fue el caso con la muerte de José Jairo Blandón, Darío de Jesús Londoño y Luis Fernando Rodríguez, cuatro campesinos que mataron en el municipio de Betulia, en Antioquia.

Luego de acabar con sus vidas, los paramilitares le echaron un químico que les desprendió la piel. Cuando los encontraron, los cuerpos estaban en condiciones temibles.

Los crímenes eran cometidos en cualquier parte. Solían matar gente en establecimientos públicos, inspecciones de policía, fincas, parques y carreteras. Para cometer sus acciones sangrientas, no había límites.
Ni siquiera se salvaban los despachos públicos. La muerte de Margarita Guzmán, secretaria de la inspección de policía de Segovia, se produjo precisamente en su oficina en el Palacio Municipal.

Todo eso hablaba de que su ley era la del terror. Nadie decía nada mientras su organización cada vez se hacía más completa y les permitía estar en todas partes al mismo tiempo. Nada se les podía escapar.

Así lo evidencia lo que le ocurrió a un indígena, precisamente en 1997. El nativo había resultado herido en un tiroteo que hicieron los paramilitares en el municipio de Yondó. Lo llevaron al hospital de Puerto Berrío, pero no lo atendieron. Así que lo iban a trasladar en ambulancia hasta Medellín.

Su vida pudo salvarse de no haber sido porque la ambulancia fue interceptada más adelante por otro grupo de paramilitares, quienes ya sabían que allí viajaba el indígena con su hermano. Los hicieron bajar a ambos y los mataron.

Quizá parte del éxito de sus operaciones y de la coordinación para desarrollarlas se debe al equipo que solían hacer con la fuerza pública y los organismos judiciales, tal y como lo declaró Mancuso.

Fosas en la carretera

Fuera de él, el libro Deuda con la humanidad, que recopila los crímenes hechos por los paramilitares desde 1988 hasta 2003, da cuenta de esa cercanía. Según el texto, en el municipio de Apartadó, Antioquia, los paramilitares mataron a cuatro personas el 28 de febrero de 1997. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común al borde de una carretera.

La Fiscalía y la fuerza pública se negaron a hacer el levantamiento respectivo, a pesar de que la alcaldesa Gloria Cuartas rogó para que se hiciera la diligencia.

Sólo cuando ella amenazó con denunciarlos, un grupo de miembros de la fuerza pública y miembros de la Fiscalía se desplazó hasta la fosa, “donde había un gran número de paramilitares con quienes se saludaron efusivamente dándose el trato de ‘primos’ ”.

Así las cosas, los paramilitares no tenían por qué ocultar sus actos delictivos. Al contrario, hacían lo posible por dar cuenta de sus escalofriantes crímenes. Por eso les pintaron las letras Accu (que significan Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) a cuatro cadáveres que habían dejado en la vía que de Medellín conduce al municipio de San Pedro.

Todas esas muertes ocurrieron en 1997, el mismo año en que el general Alfonso Manosalva era comandante de la Cuarta Brigada.

Con sus declaraciones, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso puso el dedo en la llaga. El actual comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla, ha insistido en que jamás ha habido una directriz institucional para trabajar en conjunto con los grupos paramilitares.
 
Si es cierto que la Ley de Justicia y Paz funciona, vendrán sin duda una serie de revelaciones que darán cuenta de que el paramilitarismo está lleno de amistades peligrosas.