Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción

Testimonios de pobladores, informes de organismos investigadores del Estado, versiones de ex comandantes y ex combatientes paramilitares, y sentencias de altas cortes internacionales revelan que la connivencia entre el estamento militar y policial y el paramilitarismo en el Norte de Antioquia, denunciada por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo entre 1996 y 1997, no fue una ficción, tal como lo intentaron hacer ver en su momento la Gobernación de Antioquia y la IV Brigada del Ejército.

“Lo dicho está sustentado en informaciones serias y por eso me atrevo a denunciar. Lo hago porque no me mueven odios contra el Gobernador o el comandante de la IV Brigada. Lo hago porque no tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todos en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, manifestó Valle Jaramillo en julio de 1997.

No obstante, las autoridades desestimaban sus quejas. En sendos pronunciamientos públicos, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y el comandante de la IV Brigada del Ejército, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien ascendió a Comandante de las Fuerzas Militares en noviembre de 2003 y estuvo allí hasta agosto del 2006, se mostraron inconformes con las denuncias del jurista y defensor de derechos humanos, lo atacaron públicamente resaltando su animadversión contra el Ejército y lo denunciaron penalmente por calumnia.

Dura realidad
 
Todo demuestra que lo descrito por Valle Jaramillo era la más dolorosa realidad. “Desde septiembre de 1996 hay un grupo paramilitar en el centro de Ituango. Lo saben el Ejército y la Policía. Ese grupo armado ha cometido una serie de asesinatos y no hay una respuesta inmediata del Gobierno”, clamaba el jurista.

En una carta enviada por un conjunto de ciudadanos de la localidad a la Fiscalía General de la Nación, fechada en julio de 1996 ahondaba en la situación: “Después del mes de marzo de este año (1996) varios oficiales del Ejército del batallón Girardot y de la IV Brigada llamaron personalmente en Ituango y en Medellín a varios comerciantes y finqueros de Ituango para recomendarles la conformación y solicitarles el apoyo para la organización de los grupos paramilitares en este municipio, garantizándoles que el Ejército daba la lista, refiriéndose a la lista de personas a asesinar”

La extensa misiva detalla la manera cómo los paramilitares asentados en Ituango, ejecutaron diversas operaciones contra la población civil, en especial contra los pobladores del corregimiento La Granja, y revela las facilidades que tenían para circular no sólo en esta localidad sino en toda la región, lo que hacía presumir que contaban con la ayuda del Ejército y la Policía.

“El Ejército, la Policía y los paramilitares tienen como objetivo principal combatir y exterminar la guerrilla, pero lo que realmente están consiguiendo con sus actos de fuerza y de barbarie son el éxodo ciudadano, la guerra sucia y sicológica con cuyas amenazas potenciales y reales están castigando a toda la población civil de Ituango”, concluye la carta.

Esta versión coincide con la divulgada de manera reiterada por Jesús María Valle. “Desde el año pasado pedí al Gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo, porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”, declaró el jurista en julio de 1997 a diferentes medios de comunicación.

En sus quejas relataba los efectos de la presencia paramilitar: “Fueron asesinados casi todos los dueños de las tiendas comunitarias de los corregimientos y veredas. Y toda la población sufre inmensos padecimientos porque no tiene acceso a comestibles. So pretexto de acabar con el movimiento guerrillero está sufriendo la población civil, niños, mujeres y ancianos”.

Pero el hecho que exaltó el ánimo de las autoridades militares y que derivó en la denuncia por calumnia por parte de la IV Brigada del Ejército ocurrió el lunes 7 de julio de 1997: cerca al puente de Pescadero, en la vía que de San Andrés de Cuerquia conduce a Ituango, un bus escalera fue atacado por la guerrilla. En la refriega perdió la vida un soldado y tres más quedaron heridos, al igual que siete civiles.

“Las personas heridas, y sobre las cuales no se ha dicho toda la verdad, fueron soldados y paramilitares. Eso demuestra la connivencia que estoy denunciando hace casi un año y que no han querido creer el gobernador de Antioquia y el comandante de la IV Brigada”, denunció Jesús María Valle días después del ataque.

Frente a los hechos el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle, declaró: “Es absolutamente falso que personas ajenas a la patrulla perteneciente al Batallón Girardot –grupos de justicia privada como se ha señalado- hayan participado en labores militares realizadas en Ituango el lunes pasado”.

En defensa del general Ospina Ovalle y del estamento militar y policial salió el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez: “He dicho que los informes del doctor Jesús María Valle no coinciden con los que ha dado la Brigada ni con los que ha dado la Policía. El general Carlos Alberto Ospina Ovalle ha dado una versión totalmente distinta. Como gobernador, tengo que apoyar a la fuerza pública, darle crédito, salvo que un juez de la República, con base en fundamento probatorio, diga lo contrario”.

Visiones opuestas

Una versión totalmente contraria a la sostenida por el Gobernador de Antioquia y el Comandante de la IV Brigada se puede leer en el informe número 409 de la Unidad de Información y Análisis de la Fiscalía General de la Nación, fechado el 28 de octubre de 1997, tan sólo tres meses después de los pronunciamientos de las autoridades.

“Es tanto el auge paramilitar en la zona, que estos se movilizan con toda tranquilidad por calles, parques y carreteras sin que sea interceptado por las fuerzas legalmente constituidas (Ejército y Policía), quienes los ven diariamente armados, saben dónde se mantienen, qué hacen y donde pernoctan, pero nunca hacen nada para evitar las masacres que diariamente se presentan en la municipalidad; al contrario, se les ve compartiendo con ellos en los lugares públicos, o patrullando en las zonas rurales conjuntamente con los soldados. Así, de esta manera, se cree que el grupo paramilitar ha perpetrado el 99% de las muertes violentas en la región”.

La fecha de este informe coincide con el cruento ataque perpetrado contra los pobladores del corregimiento El Aro, de Ituango, por un comando paramilitar al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, donde perdieron la vida 15 campesinos, fueron destruidas las viviendas del caserío y robado el ganado.

La operación militar contra los pobladores de El Aro, iniciada el 27 de octubre de 1997 y finalizada tres días después, fue concertada por los comandantes de la organización paramilitar y altos oficiales del batallón Girardot y la IV Brigada, lo que demuestra, una vez más, que las denuncias de Jesús María Valle no eran ninguna ficción.

La versión sobre estos hechos la entregó a la Fiscalía General de la Nación un ex combatiente paramilitar que coordinó un grupo de 20 paramilitares durante la incursión. “En un potrero a un kilómetro después de Puerto Valdivia y yendo para El Aro, nos reunimos con una tropa del batallón Girardot antes de la toma de El Aro. Estaban un teniente, un cabo y un sargento, y tenían mando por una voz del coronel del batallón Girardot”, le dijo Francisco Villalba Hernández a la Fiscalía el 16 de abril de 1999, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades.

El testimonio de este ex combatiente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá confirma la connivencia entre paramilitares y fuerza pública: “En la zona de El Aro, durante el ataque, estuvieron dos helicópteros, uno de ellos del Ejército, de la IV Brigada de Medellín, que nos abasteció de munición y medicina”.

En su relato a la Fiscalía, Villalba Hernández aseveró que los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso se reunieron con miembros del Ejército en Puerto Valdivia, para coordinar desde allí la incursión a El Aro. Preguntado Villalba Hernández si no sabía que era delito conformar grupos de justicia privada, portar armas y vestir prendas de uso privativo del Ejército, contestó: “Yo no sabía que esas conductas eran delito porque siempre operábamos conjuntamente con el Ejército y como siempre me decían que el grupo actuaba en defensa del Estado, por eso no creí que era delito”.

La Corte y Mancuso

Tanto la incursión a El Aro como la perpetrada el 11 de junio de 1996 en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, donde murieron cuatro personas, fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 30 de julio de 2004 fue sometida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la responsabilidad del Estado colombiano, y el 1 de julio de 2006 fue condenado a reparar a las víctimas de manera integral.

La Corte pudo demostrar que en ambas acciones paramilitares hubo actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), situación que el Estado colombiano admitió.

A través de un escrito fechado el 20 de septiembre de 2005 sostuvo que según las indagaciones realizadas por las autoridades colombianas y las pruebas recaudadas, se pudo establecer que las incursiones de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia en las localidades de La Granja y El Aro del Municipio de Ituango fueron planeadas y dirigidas por reconocidos jefes de esa organización armada ilegal y ejecutadas por hombres bajo su supervisión, y encontraron asimismo, que agentes estatales participaron en algunas de las acciones criminales que se dieron en el marco de las referidas incursiones”.

Y un último aporte a la realidad planteada con insistencia por Jesús María Valle desde mediados de 1996, lo hizo el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso en Medellín el 15 de enero de 2007, durante su segunda audiencia pública ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Allí reconoció que la incursión al corregimiento El Aro había contado con la ayuda de altos oficiales de la IV Brigada.

Con el paso de los años, la realidad que describía con angustia el defensor de derechos humanos se fue constatando. Lo que demuestra que quienes vivían en una aparente ficción y trataban de ofrecerla como una verdad incuestionable eran el Gobernador de Antioquia y el Comandante de la IV Brigada del Ejército.