De gallinas, osos y baratijas

Mientras 32 millones de colombianos se debaten entre la indigencia y la miseria, la clase política de Colombia se enfrasca en un oscuro debate sobre los alcances y limitaciones de un referendo que pocos entienden y nadie explica.

Para el superministro Londoño, infatigable defensor de los intereses privados en contra del Estado colombiano, se debe considerar a quienes promueven el abstencionismo como "demócratas de pacotilla". Para Londoño únicamente es admisible el punto de vista que revalida sus conceptos sobre la democracia así tenga que cazar pelea contra tirios y troyanos. De sus exageradas disquisiciones filosóficas a sus angustiadas marchas a ritmo militar, pretende llevar al país hacia una inusitada belicosidad verbal que en nada favorece los anhelos de los colombianos de paz y fraternidad. Promover la reconciliación nacional a base de bravuconadas o de ofensas "ideológicas", lejos de ser una alternativa efectiva y eficaz para los grandes problemas que azotan al país, es una afrenta contra los principios democráticos contemplados en la Constitución Política de Colombia. La libertad de expresión es una de las características de los pueblos cultos y civilizados; mal hacen quienes pretender defender tesis liberales o posar como estadistas en atacar los verdaderos fundamentos de la democracia y la igualdad. Pueden ser "pacotillas" o, como lo podría definir un diccionario escolar, "baratijas"; pero son la suma expresión de una clase política decadente y en franco deterioro intelectual y emocional.

El vicepresidente Santos, adalid de los derechos humanos, y gestor de importantes organizaciones que pretenden defender las garantías consagradas en los principales tratados humanitarios, opina que quienes promueven la abstención frente al referendo propuesto por el gobierno nacional son una viles "gallinas" que no merecen ser llamados colombianos. Es como si en su nuevo concepto de democracia se pretendiera rotular a nuestros compatriotas entre "buenos" y "malos". Se olvida el vicepresidente Santos que justamente una cualidad del género avícola es "tragar entero", y que una gran franja de la población colombiana cree que nuestra actitud ante el referendo no puede ser de subordinación. Gallinas, en nuestro concepto, son aquellos que sin conocer a fondo las pretensiones e intenciones de una iniciativa de gobierno, salen a defenderla olvidando sus propios postulados existenciales. Más bien debió referirse a las propiedades bovinas de algunos colombianos que tienen la propiedad de rumiar sus propios pensamientos al punto de dejarlos secos y sin sustancia. Tal acontece con el referendo: un híbrido que al tiempo que pone a consideración el hecho de si los colombianos estamos de acuerdo con que se nos congele el salario durante los próximos dos años, interroga sobre la necesidad que tenemos los colombianos de acabar con la corrupción.

Si y No. O ninguna de las anteriores. En el referendo no se ataca de raíz la corrupción, el despilfarro económico, los abusos de autoridad, las injusticias sociales o se pretende acabar con el desplazamiento forzado de nuestros compatriotas.

Juan Camilo Restrepo, ex candidato presidencial, afirma que el referendo es "una reformita de mínima expresión". Lo dice abiertamente y sin tapujos. Lo malo es que alaba las "acertadas" decisiones de Junguito en sus negociaciones con la banca mundial. ¿Acaso el referendo no es una vil y manipulada imposición de los interés de la banca mundial en su loco afán de abrir totalmente las puertas de nuestra economía a la nueva política económica del neoliberalismo? ¿Y acaso no es esta política económica la que ha llevado a la quiebra de la empresa nacional, a la bancarrota de cientos de empresarios colombianos que se ven imposibilitados para competir con los grandes capitales transnacionales?

Todo un show de la clase política nacional. Un montaje que oculta amargas realidades nacionales. Nos preguntamos por qué en medio de toda esta conmoción se guarda silencio ante la ignominia de entidades como la Comisión Nacional de Televisión, cuestionada y criticada, que en medio de esta catástrofe social destina 3.000 millones de pesos para la compra de una sede para unos funcionarios que nada aportan y nada ofrecen al pueblo colombiano. Nos cuestionamos el porqué se necesitan más de 98.000 millones de pesos anuales para sostener la inoperancia de esta entidad que salvo unas cuantas propagandas en TV invitando al respeto y a la tolerancia, no significa absolutamente nada para el desarrollo humano, cultural o social de Colombia.

Y nos inquieta el saber que frente a este despilfarro estatal pasa inadvertido el anuncio del cierre del Instituto Materno Infantil, considerado como uno "de los más importantes centros del país en la atención de pacientes embarazadas de alto riesgo". Sus compromisos económicos no son importantes en la prioridad nacional, en consecuencia nos esperan muchas muertes de madres, niños e infantes que encuentran cerradas las puertas a sus angustias y necesidades.

Rodrigo Rivera, presidente de la Dirección Liberal, expresa que el referendo "está lleno de micos". Lenguaje de zoológico de una clase dirigente que está creando las bases de un cataclismo social. Y mientras ellos discuten en términos elevados la necesidad o no de una reforma, a dos cuadras del Palacio de Nariño se vive el hambre, la miseria y la infelicidad.

Inquietante, en medio de todo este panorama el anuncio del contralor general de la República, Antonio Hernández, en el sentido de declarar la nulidad parcial en el chocante caso de Dragacol, "por el que el gobierno nacional habría pagado por obras que no se realizaron" la no despreciable suma de 19.000 millones de pesos. Para Ossa Escobar "se otorgaron todas las garantías a los implicados y por eso la investigación tardó más de tres años.

Doloroso que la corrupción la pague el pueblo. Que cientos de desplazados tengan una restricción en su atención médica en la Costa Atlántica por el simple hecho de que unos cuantos corruptos se embolsillaron el dinero que por derecho les pertenecía. Setenta mil desplazados que sufren las consecuencias de las redes privadas de salud en el Atlántico, redes creadas con capital foráneo y por muchos de los caudillos políticos que pretenden defender un referendo. Cifras que hablan por sí mismas: de los 8.000 millones de pesos que dispuso el gobierno para su atención, se pasó a la exorbitante suma de 50.000 millones de pesos como producto de la sobrefacturación. Seguramente a estos corruptos y asesinos del pueblo colombiano se les permitirá el vencimiento de los términos en una supuesta investigación y al término de la misma muchos miserables habrán muerto por falta de atención médica oportuna.

Y mientras la gente muere estúpidamente, a los grandes pensadores del Estado no se les ocurre una alternativa diferente que la de proponer un referendo como continuación del orden establecido. El lenguaje de los micos, las gallinas, los cerdos que llenará grandes titulares de la prensa nacional. Simple cuestión de lenguaje que tapará el enorme oso de Colombia ante la comunidad económica mundial.

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* Escritor y periodista de Nariño. Columnista de Diario del Sur. Cronista, cuentista y ensayista