De raspachines a guerrilleros: así reclutan menores en el Catatumbo

“Hace no menos de 20 días conocí el caso de una jovencita de tan sólo 14 años de edad que se la llevó la guerrilla de las Farc. Eso fue en el sector de Caño Trece, del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, en Norte de Santander. Días antes, otras dos jóvenes del mismo sector se fueron para la insurgencia. La gente afirma haberlas visto un par de veces tratando de convencer a muchachos de su edad para que se fueran con ellas”.

La revelación la hizo Laura*, habitante de Tibú, municipio ubicado en la región del Catatumbo, una vasta zona geográfica compuesta por montañas, bosques y selvas tropicales ubicada en Norte de Santander, en límites con la República Bolivariana de Venezuela. Su testimonio fue reforzado por Carlos*, un líder comunitario del municipio, quien afirmó que desde hace meses se vienen registrando casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos guerrilleros en otras zonas del departamento. “Sí, eso está ocurriendo. He conocido casos en veredas como Luis Vero y Filo Gringo”, revela la fuente.

La crudeza del fenómeno fue puesto en evidencia el pasado 14 de abril, cuando el Ejército nacional reportó la muerte en combate de siete guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en hechos ocurridos en la vereda El Suspiro, corregimiento de La Gabarra. Tras verificar las identidades de los abatidos, se comprobó que cuatro de ellos eran los jóvenes Emilio*, de 17 años de edad; Camila*, también de 17 años; Julián*, de 14 años y Pedro*, de tan sólo 12 años de vida.

Aunque las autoridades civiles de la región no ocultan su preocupación frente al tema, también expresan no contar con las herramientas suficientes para enfrentar este problema. Según José del Carmen García, alcalde del municipio de Tibú, son pocas las denuncias que la Administración Municipal conoce, en parte por el miedo de las comunidades y en parte por las desconfianza hacia la Fuerza Pública. “Además, el Catatumbo es muy grande. Esto es zona de frontera y la guerrilla puede pasar al otro lado sin que haya forma de controlar esta situación por parte del Estado colombiano”, agrega el burgomaestre.

La amenaza de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las guerrillas de las Farc y el Eln es tan grave, que ha obligado a que los niños y jóvenes abandonen su trabajo como raspachines en los extensos sembradíos de uso ilícito. Curiosamente, este hecho ha sido uno de los principales motivos para que los menores de edad continúen con sus actividades escolares. Por más paradójico que suene, el hecho refleja la compleja realidad que a diario debe enfrentar la población juvenil de los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo.

Y es que en el Catatumbo, una región natural poseedora de las tierras más fértiles de todo el Oriente de Colombia, con inmensas reservas de carbón y petroleo, y donde las fuentes hídricas allí existentes garantizarían suministro de agua potable a varios departamentos vecinos, el principal -sino el único- sustento de la población campesina deriva del cultivo de hoja de coca.

Para el 2004, diversas organizaciones sociales calculaban en unas 44 mil las hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito en todo el Catatumbo, cifra que en su momento fue desestimada por el Gobierno colombiano aduciendo que los sembradíos no superaban las 14 mil hectáreas. Pero hoy, líderes de la región coinciden en afirmar que las hectáreas cultivadas pueden estar en el orden de las 20 mil, no obstante las intensas operaciones de erradicación de la hoja de coca que vienen adelantando las autoridades nacionales desde hace más de cinco años.

Por ejemplo, en el corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, la presencia de cultivos de uso ilícito es de tal magnitud que por lo menos el 90% de la economía de la localidad gira en torno a la coca y en su dinamización participan los jóvenes, quienes en tiempo de la “raspa” (época de cosecha de la hoja) abandonan sus actividades académicas con el fin de laborar en los sembradíos de la hoja y contribuir con algunos pesos a la maltrecha economía familiar o bien por el simple placer de “tener su propio dinero”.
Pero en los últimos dos meses, muchos de ellos han decidido no regresar a los cultivos por temor a ser reclutados forzosamente por la guerrilla. Las autoridades civiles, eclesiales y las mismas comunidades del Catatumbo saben que los temores no son infundados y los últimos hechos parecen corroborarlo.

La coca: el combustible de la guerra

La imagen de jóvenes inmersos en las filas de los grupos armados ilegales no es nueva en los los municipios del Catatumbo. Reclutar combatientes oriundos de la región, incluidos menores de edad, se convirtió en la estrategia fundamental tanto de guerrillas como de paramilitares en su lucha por consolidar un dominio territorial hegemónico en la región y que tuvo como uno de sus objetos bélicos controlar los cultivos de hoja de coca.

Emplear campesinos en los cultivos de uso ilícito se convirtió en el mecanismo de sometimiento más eficaz empleado por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en la zona desde 1999 hasta 2004. Desde su llegada, anunciada públicamente a través de los medios de comunicación por Carlos Castaño Gil, desaparecido jefe de las Auc, los paramilitares desarrollaron una cruenta estrategia de dominación mediante asesinatos, desapariciones y masacres, como las tristemente recordadas de Tibú y La Gabarra, perpetradas en junio y agosto de 1999 y donde fueron asesinados más de 40 campesinos.

Lo anterior le permitió al Bloque Catatumbo alcanzar un dominio absoluto de las cabeceras municipales de Tibú, El Tarra, San Calixto, Teorama, entre otros. Desde allí desplegaron anillos de seguridad tendientes a proteger los cultivos de hoja de coca y las rutas de salida de la droga hacia el exterior. Investigadores sociales y campesinos de las áreas rurales de Tibú y El Tarra consultados coinciden en afirmar que si bien la coca llegó a la región con las Farc, fue de la mano de los paramilitares que los cultivos aumentaron de forma exponencial.

“La guerra aquí no fue por sacar a la guerrilla, fue por controlar los cultivos”, afirma José Vaca, investigador social de Tibú, quien vivió de cerca el conflicto armado. Los paramilitares controlaron toda la cadena productiva de la coca: impusieron el precio de la arroba de hoja, determinaba dónde se sembraba, señalaba quiénes podían trabajar en los cultivos y, además, conformó un poderoso ejército para cuidar sus intereses económicos. “En ese tiempo me tocó ver a muchos muchachos de esta región convertirse en paramilitares, en parte porque no había más opciones de vida”, añade Vaca.

Para contener la arremetida paramilitar, las guerrillas de las Farc, el Eln y un pequeño reducto disidente del Epl que para finales de los noventa operaban en la zona, se replegaron en las zonas más selváticas del Catatumbo, donde también impulsaron cultivos de hoja de coca con el fin de fortalecerse económica y militarmente. “Cuando llegaron los “paracos”, la guerrilla comenzó a llevarse a los raspachines, aunque algunos se fueron por su propia cuenta. Recuerdo que se fueron muchos jóvenes a quienes los “paracos” les habían asesinado la familia”, recuerda un campesino de la Unión Catatumbo, vereda del municipio de El Tarra.

Contrario a las expectativas, la desmovilización del Bloque Catatumbo, en el corregimiento Campo Dos de Tibú, en diciembre de 2004, no significó una reducción importante en los cultivos de hoja de coca, como tampoco lo fue su accionar militar tendiente a debilitar la estructura de la guerrillas, quienes coparon territorios dejados por las Auc y ahora controlan toda la producción de hoja de coca.

“Aquí sólo hay dos compradores: los “elenos” o los “farianos”. ¿Quién es mejor comprador? Ahora esta muy duro, porque ambos se están demorando en pagar y como aquí no se trabaja en otra cosa, a veces se aguanta hambre. Fuera de eso, siempre le están echando a uno su discurso, ¿me entiende?”, comenta un joven raspachín de la zona de la Unión Catatumbo.

Abandono estatal

Jonh Jairo Márquez, alcalde del municipio de El Tarra, tiene un diagnóstico poco halagador de los jóvenes del Catatumbo: “Los jóvenes tienen tres opciones: trabajar en el campo, trabajar como raspachines o integrar los grupos armados, que eso es muy terrible”. Por ello, sabe que que en el tema de juventud de su municipio tiene que actuar rápido antes de que se genere un serio problema humanitario.

Para ello, el Alcalde municipal deberá enfrentar una serie de problemas estructurales como el déficit de la planta de docentes en las zonas rurales y la falta de propuestas concretas por parte del Gobierno nacional para la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícitos. “En este momento, unos 150 niños de las veredas más apartadas de El Tarra están sin estudiar, simplemente porque los docentes no quieren trabajar en estas zonas, alegando que son muy peligrosas, que aquí todos son guerrilleros y eso no es cierto”, alega el mandatario.

Frente a este panorama, la sociedad civil del Catatumbo se pregunta cómo ofrecerle un futuro mejor a sus hijos. “Desarrollo alternativo sostenible”, plantea Victor Hugo Cabrera, párroco de Tibú y conocedor como ningún otro de las realidades de la región. Su visión de futuro sobre la región encierra un conjunto de procesos de transformación que involucra desde los jóvenes hasta las mujeres y poblaciones vulnerables. Desde su investidura como autoridad eclesial, el sacerdote ha iniciado una serie de diálogos con las administraciones municipales para que sus propuestas no queden en eso, en propuestas.

Por fortuna, sus ideas han sido bien recibidas por alcaldes, concejales, líderes campesinos y la propia comunidad, quienes sienten que es el momento de avanzar en la búsqueda del desarrollo de la región. Prueba de ello es la iniciativa de sustitución de cultivos de uso ilícito que se está gestando en las veredas de El Tarra y Tibú, que a decir del sacerdote, va por buen camino.

“La idea es construir propuestas de sustitución que sean aplicables y rentables para la región. Luego se presentarán al Gobierno nacional para apoye estas iniciativas y paso a seguir, iniciar procesos de capacitación con los campesinos, para se conviertan en agroempresarios y no tengan que depender más de la coca”, explica Cabrera.

“Eso también implica un cambio en la educación que se imparte aquí. Los jóvenes del Catatumbo no encuentran atractivo el sistema educativo, pero si allí se les enseñan cosas que sean aplicables al campo, si se les enfatiza que no es para nada indignante ser un campesino, de seguro tendremos otro panorama”, propone el sacerdote.

Por lo pronto, la única certeza que tienen las comunidades del Catatumbo es exigirle al Gobierno nacional una presencia que vaya más allá del envío de Fuerza Pública y en pedirle a la insurgencia que respete los derechos de los niños y los jóvenes, tal y como lo han exigido hecho durante los últimos 40 años, sin que hasta el día de hoy ni el uno ni el otro hayan prestada atención a las voces de los campesinos.

*Las identidades fueron suplantadas por petición de las fuentes