El silencio de Jorge 40

Santa Rita, el más importante corregimiento de Remolino, Magdalena, quedó abandonado desde octubre de 1999, cuando sus habitantes decidieron irse por los atropellos de que fueron víctimas por parte de las Auc. Lacides Retamozo y Bienvenido Fuentes, dicen que ese año alias “Esteban” llegó al pueblo comandando un grupo de hombres armados, sacaron los postes de luz, desenterraron la tubería del acueducto, se robaron el ganado, provocaron un desplazamiento masivo y a la gente que mataron la picaron y sepultaron en los huecos de los postes desenterrados. Santa Rita era un pueblo que vivía de la pesca, la ganadería y la agricultura. Hoy, sus cuatro mil habitantes están dispersos en Remolino, Ciénaga, Barranquilla y Sabanagrande.

Alias Esteban fue el mismo comandante que dirigió las masacres de los pescadores de Trojas de Cataca y Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, cometidas en enero y noviembre del año 2000, en las que murieron 54 personas.

Casta De la Hoz, llegó a Barranquilla desde el martes 3 de julio en busca de una explicación sobre la desaparición de su hija Katia Elena Arrieta De la Hoz, quien se encuentra en poder de un grupo de las Auc desde el 14 de abril de 2003. Katia trabajaba en una casa de familia en Chivolo, Magdalena. Casta cuenta que su hija iba para el Carmen de Bolívar a visitarla, cuando los hombres de las Auc se la llevaron junto con otras dos niñas para el campamento de La Pola, en Chivolo. De ahí la pasaron por varios pueblos, entre otros Pedraza, Cerro de San Antonio, Calamar, El Guamo y San Juan Nepomuceno, en Bolívar.

Hasta estos dos municipios de los Montes de María llegaba la jurisdicción de Jorge 40. Cuando su hija llegó a San Juan, le dieron permiso para ir a la casa de su mamá en el Carmen de Bolívar, pero tenía que regresar el 21 de abril. Ella les había dicho que se quedaba con ellos a cambio de que dejaran a las otras dos niñas libres. Casta dice que después le permitieron visitarla en el campamento en San Juan, donde el grupo era comandando por alias “Zambrano”, y estuvo con ella hasta el 8 de mayo. Desde ese día no la ha vuelto a ver. “Yo hablé con Zambrano ese día y él me dijo que ella iba a trabajar con ellos, que le iban a pagar 200 mil pesos y que ella se quedaba porque conocía mucha gente y era leal”. Casta pudo hacerle la pregunta a Jorge 40 y la respuesta fue que Katia posiblemente se enamoró de uno de sus muchachos.

Silencio en el estrado

En los cuatros días y medio que Jorge 40 estuvo rindiendo versión libre ante la fiscal tercera de Justicia y Paz, Deyci Jaramillo, fueron pocas las revelaciones que hizo sobre desapariciones, homicidios, desplazamiento, robo de ganado, apropiación de tierras y relaciones con políticos. La fiscalía había programado nueve días, pero el lunes 9 de julio el abogado del excomandante del Bloque Norte, Hernando Bocanegra, solicitó a la fiscalía suspender la audiencia para poder verificar los archivos de los tres mil hechos por los que le preguntan. En los cuatro días y medio de audiencia se hicieron presentes más de 300 víctimas provenientes mayoritariamente del Magdalena en busca de una explicación y la mayoría se fueron con las manos vacías. El primer día Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, dijo que él había entregado al Gobierno Nacional una lista de tierras que estuvieron bajo su poder en Chivolo, Magdalena y en la Jagua de Ibirico en el Cesar, pero el gobierno no ha hecho nada para aclarar la propiedad de esos predios, los cuales son reclamados por familiares de parceleros de Pueblo Nuevo - Primavera, Magdalena, que fueron asesinados y desplazados.

En estas cuarenta horas de audiencia él y su abogado se dedicaron a anotar las preguntas que le llegaban de las víctimas y a pedirle a la fiscal que le permita reunirse con los comandantes de los frentes para aclarar cada uno de los más de tres mil hechos, entre los cuales está la masacre de los indígenas Kankuamos en el Cesar. Esta etnia cuenta más de 230 muertos entre el año 2000 y 2004.

En cuanto a la masacre de Nueva Venecia, la cual reconoció no como una masacre contra civiles, sino un acto de guerra contra colaboradores y militantes del Eln, dijo que ese territorio era importante estratégicamente para el Eln. Según sus palabras, a partir de ese momento las autodefensas pudieron desvertebrar el accionar de ese grupo entre la Sierra Nevada y los puertos a orillas del río Magdalena. Jorge 40 reconoció también la desaparición de siete funcionarios judiciales del CTI desaparecidos el 9 de marzo de 2000 en La Paz, Cesar. Ese día, los funcionarios iban a verificar unos hechos cuando fueron emboscados por 40 hombres armados y los desaparecieron. Sobre este caso ya existe una condena contra Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre, por secuestro, y también están vinculados Salvatore Mancuso y Jorge 40, acusados de homicidio.

El viernes 6 de julio, cuando continuó la diligencia, Jorge 40 estuvo más tranquilo y colaborador. Quienes entraban a la audiencia dicen que Tovar mantenía una actitud arrogante y displicente, no respondía preguntas y contestaba con monosílabos o se limitaba a decir que averiguaría para dar respuesta en una próxima audiencia. Una fuente de la Fiscalía dice que él llevaba un libreto para contar su versión, pero la conducción que la fiscal le dio a la versión libre lo molestó porque no le permitió hacerlo a su manera. Pero también surgieron críticas a la Fiscalía porque la metodología usada en la diligencia no fue la mejor, pues no se pudo saber cómo era la estructura del bloque, cuáles los comandantes de los frentes, los territorios dónde operaban, propiedades, colaboradores y fuentes de financiación. Todas esas preguntas las evadió.

Las víctimas y familiares preguntaron por los casos de los estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico asesinados; también le preguntaron por los muertos y desaparecidos, en Pivijay, Sitionuevo y Chivolo, Magdalena. No aceptó la acusación que le hacen por los asesinatos de los sindicalistas de la Drumond Víctor Orcasita y Valmore Locarno. Ayer lunes, antes de suspenderse la audiencia, le preguntaron por delitos cometidos en Dibulla, Hatonuevo, El Molino y Villanueva, Guajira. Le preguntaron por casos concretos, como el del contralor de Maicao, abogados, ganaderos, el periodista Wilson Martínez, profesores y los indígenas Cecilio Bolívar y Segundo Ojito Epiayyú, el homicidio múltiple de cuatro personas y de tres concejales, todos en la Guajira.

Jorge 40 evitó dar respuestas, dijo que iba a contratar dos abogados para investigar los hechos, recopiló información sobre más de tres mil hechos que le atribuyen y prometió que cuando regrese, el 21 de agosto, tendrá respuestas concretas. Por lo pronto, esta primera versión dejó decepcionadas a las víctimas, que siguen sin saber por qué mató o desapareció a sus familiares y por qué les robaron sus tierras y ganados.