Fiscalía reitera que masacre en Jamundí fue una acción criminal del Ejército

Eran las 10 de la mañana de este martes cuando Edmundo López, el juez encargado del juzgado cuarto penal de Cali, dio comienzo a una de las audiencias más esperadas desde que se implantó el nuevo sistema penal acusatorio en Colombia: la preparatoria del caso Jamundí. Después de seis meses de espera, era la oportunidad de la Fiscalía para dar a conocer las pruebas que responsabilizan a 15 militares del Batallón de Alta Montaña de la muerte de 10 policías y un civil en la inmediaciones de Potrerito, al sur del Valle del Cauca, el pasado 22 de mayo.

Así, el ente acusador citó 38 pruebas, entre testigos y documentos, de las cuales 37 fueron aceptadas. El general Óscar Naranjo, director de la Dijín y Eliécer Camacho, jefe del grupo de investigadores de Cali, Comca, fueron llamados a declarar. Un oscuro personaje de inteligencia del Ejército y un testigo protegido, serían la clave para vincular la acción militar con el narcotráfico.

De acuerdo con las pruebas presentadas se presume que la tesis de la Fiscalía se basa en varios hechos incontrastables. El primero que en la escena del crimen hubo adulteración por parte de los militares, ya que acomodaron y dispararon las armas de los hombres de la Dijín, para simular un combate. Ese sería el caso de William Rodríguez, uno de los agentes muertos, este hombre era zurdo y el fusil que portaba fue encontrado en su mano derecha, en el momento de la inspección. El segundo que la misión del grupo especial de policías fue un operativo legal que tenía como finalidad incautar un cargamento de cocaína. Para esto es clave el testimonio de un mayor de Antinarcóticos, quien inspeccionó el hogar de reposo Mi Casita, frente a donde ocurrieron los hechos.

Allí descubrió rastros de coca y explosivos. También se incluyen las declaraciones de uno de los terapeutas de esta fundación, quien según la Fiscalía, presenció los movimientos de los militares desde la mañana del día de los hechos. Este testigo probará que el teniente coronel en retiro, Bayron Carvajal, acusado por el homicidio de los policías y el informante, hizo presencia ese día en Mi Casita.

Pero las pretensiones de la Fiscalía van más allá, por eso 18 de los testigos solicitados cumplirán la función de peritos. Entre ellos están los expertos balísticos, de comunicaciones y médicos forenses. Además, desde ahora anunció que utilizara simuladores de video en tercera dimensión, fotografías, un mapa topográfico dinámico de la escena y las trayectorias de los disparos. Aunque estas evidencias son de carácter ilustrativo, permitirán que el juez López, quien llevará el proceso hasta el final, vea lo que la Fiscalía cree que sucedió la tarde de la masacre.

Durante la audiencia preparatoria, la Fiscalía dejó entrever que otras personas, aparte de los 15 procesados, podrían estar vinculadas con los hechos ocurridos en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí. Se trataría de otro miembro del Batallón de Alta Montaña, quien a través del celular tuvo contacto con Luis Eduardo Betancourt, el informante muerto, antes de que éste llegara con los policías a la parcelación La Cristalina, lugar de los hechos. Utilizando el testimonio de otro miembro del Ejército, que no fue detenido, pretende demostrar que hubo irregularidades en las órdenes de servicio del Batallón.

Por último presentará a un reinsertado de las Farc, quien asegura fue informante del teniente coronel (r.) Bayron Carvajal, y quien revelaría la supuesta relación del ex oficial con el narcotráfico. Este testigo se encuentra en el programa de protección de la Fiscalía y apoyará su testimonio con fotos de algunas operaciones en las que Carvajal lo vestía con el camuflado del Ejército.

De las 38 evidencias citadas para su alegato final por la Fiscalía, el juez López sólo dejó de admitir una. El testimonio de una abogada del Cuerpo Técnico de Investigaciones, quien realizó un perfil del comportamiento criminal del Batallón de Alta Montaña. Tampoco permitió que se presentaran como evidencias las 11 investigaciones, por otros homicidios, que se llevan en varios despachos contra este batallón. Su decisión fue apelada por el fiscal Tamayo y deberá definirla en una próxima audiencia el Tribunal Superior de Cali.

La audiencia fue suspendida por solicitud de la defensa y continuó este miércoles desde las 8:30 de la mañana. Se espera que los abogados de los militares sustenten las más de 500 pruebas, entre testigos y documentos, que dicen tener para apoyar su defensa.