La justicia de EE. UU. condena a ‘Simón Trinidad’ a 60 años de cárcel por el secuestro de los tres norteamericanos

La condena a 60 años de cárcel se produce cuando las miradas del mundo están sobre Colombia. En los cinco continentes se preparan marchas en contra del secuestro y de las Farc. La movilización internacional busca ponerle un freno al horror de este delito que como se aprecia en las pruebas de vida que le han dado la vuelta al planeta, pone en condiciones inhumanas a los cautivos. Las Farc los tienen privados de la libertad en lo profundo de la selva y exige como condición para su liberación un intercambio humanitario. Reclama a sus guerrilleros detenidos en las cárceles de Colombia y a ‘Sonia’ y a ‘Simón Trinidad’, militantes suyos y ambos extraditados a Estados Unidos. Precisamente, entre ese número de rehenes –llamados en distintos escenarios como canjeables- están los tres ciudadanos norteamericanos. Fue por este secuestro por lo que se produjo la durísima condena en este lunes en Washington. Es decir, la decisión tendrá una repercusión de consecuencias impredecibles en distintos escenarios.
 
Pero, ¿qué fue lo pasó este lunes? Básicamente el cuento es el siguiente. ‘Simón Trinidad’, máximo líder de las FARC extraditado desde Colombia a Estados Unidos, fue sentenciado a 60 años de cárcel por su participación en el secuestro de los tres estadounidenses, acción delictiva que se produjo hace casi cinco años.
 
La sentencia la impuso el juez Joyce C. Lamberth, del distrito federal de Washington, pese a emotivas intervenciones de los abogados del guerrillero y de éste, quien al final, según el relato de AP, dijo que “si bien pierdo la libertad física mantengo intactos todos mis ideales”.
 
Lamberth afirmó que lo cometido por Trinidad, nombre de guerra de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, contra esos tres estadounidenses fue un “acto barbárico, deleznable, de terrorismo... que ninguna nación civilizada puede tolerar”.

La sentencia es la máxima que pudo imponerle Lamberth a Trinidad ya que fue una condición impuesta por las autoridades colombianas en su extradición del 2004 y corresponde a la pena máxima en Colombia.
Lamberth hizo notar que el delito imputado a Trinidad, miembro de la alta dirigencia de las Farc, era de cadena perpetua.

Trinidad, de 57 años, mencionó en su intervención aunque en diversos contextos a los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Hugo Chávez, de Venezuela; a la senadora colombiana Piedad Córdoba, presente entre el público; al prócer cubano José Martí y terminó dando vivas a Manuel Marulanda, el líder máximo de las FARC, a este grupo y al libertador Simón Bolívar. “Bolívar vive y su espada libertaria recorre Latinoamérica”, dijo Trinidad, quien vestía uniforme naranja de recluso.

Trinidad era miembro de la cúpula de las FARC cuando los tres estadounidenses fueron capturados por la guerrilla en la selva colombiana al estrellarse el avión en el cual realizaban observaciones para el Pentágono.

Los tres --Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell-- siguen todavía como rehenes y aparecieron en un video difundido en diciembre por las autoridades colombianas confiscado a presuntos miembros de las FARC.

Trinidad, quien sostuvo durante todo el juicio que no participó en el secuestro, dijo que le acompañaba un “sincero deseo para el regreso de los tres lo más pronto posible, vivos y sanos, a sus hogares junto a sus familias”.

Con su sentencia, Trinidad se convirtió en el segundo dirigente de las FARC en ser enviado a la cárcel en Estados Unidos después de ‘Sonia’ --nombre de combate de Anayibe Rojas--, condenada a más de 17 años de prisión por tráfico de drogas.

Trinidad, luego de cumplir su sentencia en una prisión federal que no fue mencionada de inmediato, tendrá todavía cinco años de libertad vigilada para quedar totalmente libre.

Robert Tucker, abogado principal de Trinidad, alegó que no se le probó nada al recluso y menos aún las condiciones de uso de armas, demandas para la liberación, admisión de responsabilidad, participación en el delito y terrorismo, que fueron los factores esgrimidos por el gobierno estadounidense para pedir la pena máxima.