La masacre de Trujillo y los mecanismos del terror

La Masacre de Trujillo

El caso conocido como la “Masacre de Trujillo” es un ejemplo límite. Dicho caso comprendió una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994. En estos hechos murieron, por lo menos, 245 personas.

Dichos actos de violencia fueron llevados a cabo por una alianza regional, de carácter temporal, entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya “Don Diego” y Henry Loaiza “El Alacrán”, junto a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército. Entre los objetivos de las estrategias de terror implementadas figuran la acción contrainsurgente, la ejecución de testigos para asegurar la impunidad del delito atroz, acciones de “limpieza social” y la intimidación de los campesinos para la apropiación de tierras.

Terror difuso y contundente

Memoria Histórica en su reconstrucción del terror, para el caso Trujillo, muestra la forma compleja en que éste se operó en la región entre 1986 y 1994. Por una parte, hubo una estrategia generalizada en el uso de los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas en lugares y momentos diferentes, para evitar que se estableciera una conexión entre los hechos y, así, impedir que se hicieran reconocibles públicamente tanto su motivación como sus perpetradores, pudiendo denominar los sucesos como hechos aislados.

Por otra parte, se llevaron a cabo prácticas de terror de mayor impacto, especialmente en 1990, el cual fue un año crítico en el conflicto. Dichas prácticas fueron contundentes: se trató de una oleada de homicidios selectivos, cuyo número de víctimas ascendió a 55, y de una serie de pequeñas masacres en las que fueron asesinadas 19 personas, una de ellas el párroco de Trujillo, Padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla.

La crueldad extrema

Una de las particularidades del proceso de violencia en Trujillo, especialmente en 1990, fue la generalización de la sevicia o crueldad extrema como mecanismo de terror. A la secuencia que se estableció entre la desaparición forzada y el posterior homicidio, propia de la guerra sucia, se sumaron la tortura y la mutilación de los cuerpos de las víctimas. Esta última práctica se realizaba sobre las víctimas aún con vida, para luego arrojar los fragmentos de los cuerpos al río Cauca. Así el río se convirtió, simultáneamente, en fosa común y en mensajero del terror.

Por otra parte, el uso de instrumentos como la motosierra, para la mutilación de los cuerpos, se hace presente allí por primera vez en el contexto del conflicto armado. Se puede advertir en este caso un modelo de reproducción de las prácticas de terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país (Putumayo). “Don Diego” y “El Alacrán” las aprendieron allí cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Impactos de los mecanismos del terror en Trujillo

Memoria Histórica ha podido recoger en su investigación diversos impactos del terror ejercido en Trujillo. Una primera dimensión está asociada con el empobrecimiento general de la población, debido a que buen número de las víctimas se encontraba en plena edad productiva. Así mismo, los ingresos que ellas producían eran fundamentales para el sostenimiento de las familias. Otra dimensión importante en la transformación productiva de la región se manifestó en la disolución de las cooperativas campesinas, como estrategias alternativas de subsistencia. Estas formas de organización productiva comunitaria fueron socavadas por el temor a ser estigmatizadas y a convertirse en víctimas de amenazas y acciones violentas.

En segundo lugar, se produce una ruptura y una reconfiguración de las relaciones sociales al interior de las comunidades, debido al desplazamiento forzado de la población rural —donde se concentró el terror— y a la selectividad con la que actuaron los victimarios.

Los asesinatos de diversos trabajadores y trabajadoras como los motoristas, comerciantes y tenderos, inspectores de policía, dirigentes políticos, el párroco de Trujillo y la enfermera de la vereda La Sonora, tuvieron un impacto importante en el debilitamiento de la red social local. Sus muertes afectaron, de manera profunda, todas las prácticas cotidianas de las comunidades.

Por otro lado, el terror provocó, en el largo plazo, una desconfianza generalizada entre la población y de ésta con respecto a las autoridades, ya que estas últimas son identificadas como agentes activos de los crímenes y como garantes de su impunidad. Actualmente, en el municipio de Trujillo un alto porcentaje de las personas considera que los conflictos se resuelven pasándolos por alto y olvidándolos.

Estas actitudes estarían relacionadas con el silenciamiento sistemático de la memoria de las víctimas, quienes han tenido que luchar permanentemente, en medio de la permanencia de los victimarios, para que su voz sea escuchada y su relato haga parte de la memoria colectiva de la sociedad nacional.

El uso del terror como estrategia, hace de Trujillo un caso emblemático de la violencia contemporánea de Colombia. Una de las consecuencias más importantes del despliegue del terror como parte de dicho conflicto, es la de no permitir que las víctimas elaboren sus duelos, dejando las heridas abiertas: las familias que esperan indefinidamente a los desaparecidos; los cadáveres que nunca pudieron ser recuperados para sus honras fúnebres, y los cuerpos profanados, torturados y mutilados, producen un sentimiento de indefensión total y permanente entre la población. Por esto, recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es un paso indispensable para la superación de los traumas colectivos que genera el terror en esta guerra.