La suerte de los patrocinadores

La campaña de Álvaro Uribe en 2002 marcó un récord al doblar el número y el monto de los aportes, frente a los recibidos por la campaña de Andrés Pastrana cuatro años antes. Los empresarios y colombianos en general se sintieron atraídos por el carisma y el proyecto de seguridad de Uribe. Hubo aportes tanto de los grandes grupos económicos, como de colombianos comunes, que consignaron, incluso contribuciones de $50.000.

Todos los colombianos se han visto beneficiados de alguna forma durante el gobierno de Uribe: las familias pueden viajar por las carreteras, los empresarios pueden transportar sus mercancías, bajó el desempleo, los secuestros y los ataques a pueblos y al mundo le está interesando invertir en el país. Los donantes no fueron la excepción.

Algunas de las empresas y personas que financiaron a Uribe en su primera campaña presidencial obtuvieron beneficios representados en nombramientos, decretos favorables e impulso a algunos proyectos, entre otros. Es posible que en muchos casos se trate de una mera coincidencia. Al fin y al cabo, por una donación de 15 millones no moviliza un gobierno. Además, otras empresas que no aportaron ni un peso también se han visto beneficiadas con exenciones, o con las negociaciones del TLC o con nombramientos de familiares.

“Puedo garantizar que ninguno de los donantes ha ido a Palacio a hacer valer su donación”, le dijo a Votebien Alberto Velásquez, el gerente de la campaña anterior y coordinador de la actual. “El Presidente nunca quiso ver el listado de donantes, para no sentirse comprometido”, agregó.

Esta fue la suerte de los donantes estos cuatro años:

CONDECORACIONES
Entre los patrocinadores de Uribe, recibieron en los últimos cuatro años estos reconocimientos:

Julio Mario Santo Domingo: El grupo económico siempre aporta a todas las campañas presidenciables. A la de Uribe donó casi 600 millones de pesos, a través de todas sus empresas (Bavaria, $202.000.000; Malterías de Colombia, $100.000.000, y Cervecería Unión, $100.000.000, entre otras). En 2004, Julio Mario Santo Domingo recibió la Orden de Boyacá por su aporte al país. “Ha conducido con acierto un emporio empresarial que es motor en el desarrollo económico y social, fuente de trabajo y progreso para miles de familias colombianas”, dice el decreto presidencial.

Hernán Echavarría Olózaga: El fallecido empresario aportó, a través de la Fundación Renacimiento, que presidía, $413.399.751. A finales de 2002 obtuvo la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. “Es el último de una etapa de grandes pioneros antioqueños (...) como empresario, representa el sentido de la solidaridad, del esfuerzo y del patriotismo”, dijo Uribe en la condecoración de este gran industrial.

Luis Carlos Sarmiento Angulo: Aportó $400.000.000, a través de Capirrendi, una empresa disuelta en diciembre de 2002. En 2004 recibió la Orden de Boyacá. “Es un trabajador incansable, ostenta una brillante hoja de servicios a la comunidad, al desarrollo del país y a la construcción de confianza en el país”, dice el decreto presidencial.

Carlos Manuel Echavarría Toro, presidente del grupo Crystal ($15.800.000) recibió del gobierno de Uribe la Orden de Boyacá; aunque ya había sido condecorado por Andrés Pastrana en 2001.

NOMBRAMIENTOS

Entre los financiadores de Uribe se encuentran tres ministros y una embajadora. Todos tienen estudios y experiencia que demuestran su idoneidad para desempeñarse en cada uno de los cargos.

Luis Ernesto Mejía, ministro de Minas y Energía. Mac S. A., la empresa de propiedad de su padre, Ernesto Mejía Amaya, aportó $10.500.000. Por su parte, Mejía Amaya aportó, como persona natural, un millón de pesos.

Jorge Alberto Uribe Echavarría, ex ministro de Defensa. Aportó, como persona natural, 300.000 pesos. Además, la aseguradora Delima Marsh, que el presidía, aportó a la campaña $26.500.000. Fue nombrado Ministro de Defensa en reemplazo de Marta Lucía Ramírez.

Fernando Londoño Hoyos, ex ministro del Interior y de Justicia. Aportó $12.000.000. Este reconocido abogado ocupó la cartera al principio del gobierno. Renunció antes de conocerse el fallo por el caso Invercolsa, que lo involucraba.

Helena Echavarría de Aparicio, embajadora en Suiza. La Fundación Renacimiento, que presidía su hermano, Hernán Echavarría Olózaga, estuvo entre las mayores aportantes de la campaña, con $413.399.751.

La empresa del esposo de Claudia Blum, Tecnoquímicas, aportó 130 millones de pesos. La senadora acompañó al Presidente desde el principio de su primera campaña. En las últimas elecciones no se lanzó al Senado, supuestamente, para aspirar a un cargo en el gobierno.

José Roberto Arango, amigo íntimo del Presidente desde jóvenes, aportó un millón de pesos a la campaña. Fue Alto Consejero presidencial en la primera fase del gobierno.


SECTORES BENEFICIADOS: Todo gobierno adopta medidas para proteger algunos sectores estratégicos desde el punto de vista de generación de empleo y, por consiguiente, algunas de ellas se habrían tomado incluso si no hubieran aportado a la campaña del Presidente. Algunos sectores que aportaron a la campaña se han visto perjudicados en estos cuatro años, como varios que salieron perdiendo con el TLC. Sin embargo, estos son los sectores aportantes a los que mejor les fue:

Apostadoras: A mediados de 2003 se hundió en el Senado un proyecto de ley para aumentar el aporte parafiscal de las apostadoras a la salud. Se quería pasar del 12 a más del 17 por ciento, con base en sus regalías. En ese entonces, el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático, denunció que “el proyecto se hundió por presión del gobierno, que se encontró en un conflicto de intereses”, pues ocho empresas de apuestas invirtieron 300 millones de pesos a la campaña de Uribe. Apostar ($25.000.000), Apuestas Ochoa ($50.000.000), Apuestas Unidas de Urabá ($20.000.000), Gane Corredores de Apuestas ($5.000.000), Inverapuestas ($25.000.000), Sonapi ($50.000.000), Uniapuestas ($100.000.000) y Unión de Apuestas ($25.000.000) fueron las empresas aportantes y algunas de las beneficiadas con el hundimiento del proyecto.

Cultivos de palma africana: Uno de los proyectos más defendidos por Uribe es el cultivo de palma africana, “uno de los cultivos con más alto potencial exportador en el futuro”, ha dicho en numerosas ocasiones.

La idea del gobierno es reemplazar con palma africana cultivos ilícitos y otros poco productivos. Aunque las organizaciones indígenas y ecologistas se oponen, las hectáreas sembradas están en aumento (Fedepalma, con apoyo del gobierno, pretende pasar de 170.000 hectáreas en el año 2000, a 743.000 en el 2020). Los incentivos tributarios con los que el gobierno promueve este cultivo benefician –entre otras empresas– a nueve que aportaron en total 65 millones de pesos: Palmar del Oriente ($5.000.000), Palmas de Tumaco ($20.000.000), Palmas del Cesar ($5.000.000), Palmas oleaginosas de Casacara ($5.000.000), Palmas oleaginosas Bucarelia ($5.000.000), Palmasol ($5.000.000), Palmeras de Alamosa ($5.000.000), Palmeras de Puerto Wilches ($10.000.000) y Palmeras La Carolina ($5.000.000).

Fábrica de calcetines Crystal S. A.: ($15.800.000) La empresa paisa, dueña de las marcas Punto Blanco, Gef y Galax, es la líder del mercado de las medias en Colombia. Cuando las medias chinas iban a entrar a Colombia, el gobierno les impuso un arancel adicional del 88 por ciento para defender la industrian nacional, que genera miles de puestos de trabajo. El mayor beneficiado fue el grupo Crystal.

Grupo Empresarial Antioqueño (GEA): El conglomerado paisa aportó a la campaña mas de 350 millones de pesos, a través de varias de sus empresas. A principios del año, una de estas se vio implicada en una polémica que involucró al gobierno. Todo comenzó cuando Cementos Andino, una cementera pequeña, denunció que sus competidoras (entre las que se cuentan cinco del GEA) acordaron aumentar los precios del cemento en un 50 por ciento, para sacarla del mercado. El gobierno intervino. Juan Lozano, asesor de la Presidencia, fijó con Argos (empresa del GEA que aportó $35.400.000) el precio del cemento en $12.000. Las demás cementeras, entre las que se cuentan Cemex (que aportó $230.000.000 a través de Cementos Diamante) y Paz del Río, denunciaron que el gobierno había permitido un control velado de precios. La Superintendencia de Industria y Comercio está investigando el caso.

Hoteles Decamerón Colombia y Aviatur: ($100.000.000 y $5.000.000, respectivamente) Las dos empresas, al lado de Cielos Abiertos Ltda., ganaron la concesión para prestar los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural, en Amazonas. Aviatur, una de las agencias de viajes más grandes del país, también ganó un contrato por 10 años para prestar servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Tayrona, en Santa Marta.

Colombiana de chasises S. A.: ($3.000.000) Es propiedad de los Jaramillo, una importante familia caleña, propietaria también de Expresos Palmira, que aportó 12 millones de pesos bajo el nombre de Afiliados Palmira S. A. Javier Antonio Jaramillo Ramírez, uno de los socios del conglomerado, también aportó $1.250.000 como persona natural.

Algunos de los seis grupos que se disputan la operación del Masivo Integrado de Occidente (MIO) han acusado a Colombiana de chasises de aprovechar su cercanía con el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, que aprobó un decreto que ofrece incentivos tarifarios para los sistemas de transporte masivo que usen el gas natural como combustible. La idea del gobierno es reducir así los costos de los pasajes y la contaminación ambiental y auditiva. Colombiana de chasises es la única en el país que puede construir buses articulados que incorporen esta tecnología. De ahí viene la denuncia, en la que se señala, además, que con el decreto, el ministro Mejía obedece también a intereses familiares, pues su padre tiene una empresa en sociedad con varios miembros de la familia Jaramillo.

EXENCIONES

El gobierno de Uribe ha concedido un número considerable de exenciones tributarias a ciertos sectores, para estimular su productividad. “El Presidente defiende algunas exenciones tributarias porque la tarifa de renta es muy alta. Es costosísimo crecer en Colombia, más que en ningún otro país”, le dijo a SEMANA el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en defensa de estos controvertidos incentivos. Para algunos economistas, las exenciones pueden crear grandes desigualdades, hacer más compleja la administración de los impuestos o desincentivar actividades que no estén cubiertas.

La reglamentación de estos beneficios está llena de incisos, condiciones y notas, por lo que las rentas exentas de cada sector varían según la empresa o las utilidades que capitalicen, por lo que es imposible generalizar. De las empresas patrocinadoras de Uribe se benefician de las exenciones tributarias:

Productores de alcohol carburante, se aplica también a los plantas de biodiesel, con las que se benefician Incauca, de Ardila Lülle (que a través de todas sus empresas aportó casi 500 millones de pesos) y los ingenios Providencia, Manuelita ($43.000.000), Mayagüez ($50.000.000) y Risaralda ($10.000.000)

Transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica: Para lo años gravables 2001 y 2002, estuvieron exentas las rentas provenientes de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Se beneficiaron Megaproyectos de iluminaciones de Colombia ($100.000.000), que presta el servicio de alumbrado en Cali desde 2000. Y, por supuesto, otras empresas como EPM de Medellín, que no aportaron a la campaña.

Zonas francas: Se benefician la Zona Franca de Barranquilla S. A. ($11.000.000) y Zona Franca S. A., en Cartagena ($4.000.000)

Las rentas de los servicios hoteleros, las empresas que cultiven palma; las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo oficiales o de sociedad mixta, y la explotación y distribución de hidrocarburos, minas y gases también están exentas bajo algunas condiciones. Se beneficiarían la Compañía Asociada de Gas ($40.000.000) y Promigás ($47.000.000).

LOS NUEVOS FINANCIADORES

La Ley de Garantías, que reglamenta las elecciones presidenciales después de que fue aprobada la reelección, establece que de ahora en adelante las empresas no pueden financiar a los candidatos, en aras de mantener la independencia del gobierno frente a os grupos económicos. En efecto, en el reporte más reciente de donantes de Primero Colombia –el movimiento que avala la candidatura de Uribe–, aparecen únicamente personas naturales.

La ley también establece que estas personas naturales no pueden aportar más de 200 millones de pesos, cada una. El coordinador de esta campaña, Alberto Velásquez, le aseguró a Votebien que Primero Colombia puso un tope de 50 millones para permitir la participación de más personas (las donaciones totales de personas naturales no pueden exceder los 2.000 millones). Así consta en los registros de campaña, en los que se encuentran, esta vez a nombre personal, importantes empresarios que también hicieron sus aportes en la campaña 2002:

Luis Carlos Sarmiento Angulo: $50.000.000
Julio Mario Santo Domingo: $50.000.000
Carlos Ardila Lülle: $50.000.000