Negociación con los paras

El 23 de diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con los paramilitares, grupos de autodefensa de extrema derecha creados en los años 80 y que han sufrido una rápida evolución desde cuando se agruparon bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997.

Las AUC hicieron la primera declaratoria de cese unilateral de hostilidades el 29 de noviembre de 2002, y el 15 de julio de 2003 el gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por medio del cual se comprometen a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado en 2005.

Pese a que era una condición del presidente Uribe para negociar, los paramilitares no han cumplido a cabalidad el cese del fuego. Este incumplimiento unido a las pugnas internas entre diferentes facciones de las AUC, que llevaron incluso a la desaparición de su líder Carlos Castaño, al asesinato de los comandantes 'Doble cero' y Miguel Arroyave y de tres importantes políticos del Meta, pusieron en peligro todo el proceso durante el primer semestre del 2004.

La verificación de la OEA a cargo de Sergio Caramagna, con insuficientes recursos, también ha sido duramente criticada así como la visita de los jefes paramilitares al Congreso de la República, la cual sembró el interrogante de si el proceso se estaba convirtiendo en el 'Caguán' de Uribe.

Las filtraciones publicadas el 25 de septiembre por la Revista SEMANA sobre cómo negocia el gobierno con las autodefensas revelaron cómo la mafia se estaba adueñando del paramilitarismo en Colombia.

Sin embargo, la negociación ya ha producido varios resultados. Aunque con muchos problemas se desmovilizó el bloque Cacique Nutibara en Medellín y el primero de julio de 2004 se instaló formalmente una mesa única de diálogo con el gobierno en Santafé de Ralito, en Córdoba, con una agenda precisa. Hasta la fecha se han desmovilizado el Bloque Catatumbo, el Bloque Bananeros, el Bloque Calima, el Bloque de Córdoba y el Bloque héroes de Granada, entre otros. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso también dejó las armas, ha pedido perdón a sus víctimas y ha dicho que pase lo que pase no volverá al monte.

El comisionado de paz Luis Carlos Restrepo ha enfrentado varios retos desde el inicio de las negociaciones. El primero es saber con quién está negociando, pues varios de los jefes paramilitares sentados en la mesa de negociación son narcotraficantes que han comprado la franquicia paramilitarpara evitar la extradición a Estados Unidos, la espada de Damocles que pesa sobre todo el proceso y que se ha convertido en el nudo gordiano de la negociación en Ralito. Salvatore Mancuso, Don Berna, Ernesto Báez y 'Jorge Cuarenta', cuatro de los principales negociadores paramilitares, están pedidos en extradición.

El segundo desafío es qué pasará con las zonas que abandonan como el Catatumbo, donde el paramilitarismo va más allá del aparato armado y dónde ya se han producido ataques de las FARC.

El tercero se refiere al futuro de los desmovilizados. La propuesta de Carlos Alonso Lucio de involucrarlos en el Ejército despertó muchas críticas. Y el programa de reinserción del gobierno tiene varios problemas; el último, y más espinoso, es cómo reincorporarlos a la vida civil sin absoluta impunidad. Para ello, el Congreso aprobó la polémica Ley de Verdad, Justicia y Reparación que define el marco legal de la negociación, y que aún está por reglamentar aspectos como la futura participación política de las autodefensas que ya están planeando su partido político.

El cuarto desafío -y quizá el más complejo- es cómo desmontar el paramilitarismo, más allá de la desmovilización de los ejércitos. Los tentáculos de las Auc han penetrado la política, como quedó claro con los asesinatos del congresista Óscar González y del diputado de Córdoba, que provocó la orden de captura y posterior entrega de Don Berna. Han penetrado la salud apropiándose de recursos públicos, sobre todo en la Costa Atlántica. Controlan la criminalidad y han comenzado a meterse en negocios legales como el chance.

El último y más importante desafío ahora es la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Sólo en la práctica se verá si -como lo asegura el gobierno- es una ley para satisfacer los derechos de las víctimas y no las exigencias de los victimarios.