Plan Colombia, plan de guerras

El Plan Colombia que ha patrocinado Estados Unidos, entre julio de 2000 y julio de 2005, amerita un balance ponderado. El Plan Colombia tuvo, en su inicio, una doble racionalidad: fortalecer una política anti-narcóticos más punitiva y reforzar una estrategia contra-insurgente más asertiva en Colombia. A comienzos de siglo, Washington consideraba que Bogotá vivía dos amenazas simultáneas que, de no responderse militarmente, podrían conducir en el transcurso del lustro al colapso colombiano. Por un lado, estaba el persistente fenómeno de las drogas (a pesar de que entre 1989 y 1999 Colombia recibió US 1.388 millones de dólares de EE.UU., el narcotráfico no había decrecido). Por otro lado, resultaba evidente que el país andino contaba con una insurgencia económica, territorial y militarmente más fuerte: entre 1995 y 1998 el ejército colombiano había sufrido los mayores golpes (bajas, capturados, emboscadas, etc.) en el largo conflicto armado interno. El Plan Colombia estadounidense resumía, entonces, un esfuerzo dirigido, por una parte, a que Bogotá desplegara una estrategia anti-drogas más agresiva, y, por otra, a empujar a las Fuerzas Armadas colombianas a que adoptasen una conducta menos pasiva frente a la guerrilla. Hasta 2001, el núcleo del Plan fue ampliar la "guerra contra las drogas"; después del 11 de septiembre de 2001, el componente de "guerra contra el terrorismo" adquirió más relevancia. En el camino, se sepultó el diálogo (7/1/99-20/2/02) entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), al tiempo que se internacionalizó definitivamente el conflicto colombiano a través de una masiva intervención indirecta de Estados Unidos. Entre 2000 y 2005 Washington desembolsó para Bogotá casi 3.896 millones de dólares (aproximadamente el 75% en ayuda militar-policiva, y el resto en ayuda socio-económica), incrementó su presencia en el país con 800 militares y 600 contratistas privados y convirtió a Colombia en el quinto receptor mundial de asistencia, después de Irak, Afganistán, Israel y Egipto. Si se evalúa el Plan Colombia en su dimensión de lucha anti-narcóticos, el fracaso ha sido estrepitoso. A pesar de que Bogotá erradicó químicamente aproximadamente 523.000 hectáreas de coca entre 2000 y 2004, a principios de 2005 aún existían unas 114.000 hectáreas de coca cultivadas. Aunque el gobierno de Álvaro Uribe ha aprobado la extradición (en su inmensa mayoría a Estados Unidos) de más de 310 capturados, el crimen organizado vinculado a las drogas todavía florece y se expande en Colombia. Ya no hay grandes carteles, pero el negocio se ha "democratizado" a través de la proliferación de lo que se denominan "boutique cartels". Cabe subrayar, así mismo, que en la actualidad se consigue en Estados Unidos y los principales mercados consumidores más diversidad de drogas (naturales y sintéticas), a menor precio y con mayor pureza que a finales de los 80. El balance del Plan Colombia en su componente contra-insurgente arroja datos mixtos. El fortalecimiento militar del Estado colombiano en el último lustro ha sido notorio, al tiempo que la capacidad ofensiva, el despliegue geográfico y la credibilidad pública de las Fuerzas Armadas ha crecido. Entre 2000 y 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha debilitado seriamente y las Farc se fueron replegando espacialmente, disminuyendo su potencial de combate y su práctica de secuestros. Sin embargo, en el primer semestre de 2005, las Farc parecen elevar sus acciones bélicas. En materia de derechos humanos, la situación continúa siendo deplorable. El número de desplazados internos es cercano a las 2.000.000 de personas. A su vez, el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no ha implicado, hasta el momento, que el Estado haya recuperado efectivamente la soberanía territorial en los sitios de control de esos grupos armados de derecha, ni que se haya revertido la impunidad implícita en la legislación que se acordó para su desmovilización. En resumen, el Plan Colombia con sus dos guerras (drogas y terrorismo) simultáneas e internacionales muestra hoy resultados magros y ambivalentes. No obstante, nada parece alterar el curso de los supuestos y las tácticas que se han practicado hasta el momento. La política de Washington apuntaba (y aún apunta) a que la "guerra contra las drogas" de origen estadounidense la librasen primordial y frontalmente los propios colombianos, y que la "guerra contra el terrorismo" descansase también sobre los colombianos, acompañados por una retaguardia estadounidense que intenta respaldar al Estado colombiano y evitar más soldados propios muertos en un nuevo teatro de combate. Más aun, existe una cierta euforia en Washington y Bogotá; ahora Colombia sería el "modelo" a emular en los Andes para evitar "estados fallidos": mano dura político-militar sin reforma socio-económica, con tutelaje diplomático-estratégico de Estados Unidos. * Director, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina.