Seguridad democrática

Desde su campaña para la presidencia, Álvaro Uribe propuso una política de seguridad para devolverles la tranquilidad a los colombianos, un discurso que a la postre lo llevó al Palacio de Nariño. Ya posesionado, Uribe formuló una estrategia integral para ganar la guerra. La política asume que el origen de la violencia está en la debilidad histórica del Estado para ejercer su autoridad y que la seguridad es responsabilidad de las tres ramas del poder, de la comunidad internacional y de los ciudadanos en su conjunto y no sólo del Ejército y la Policía. Dentro de esa lógica, la política se ha centrado en dos ejes. Por un lado, en recuperar el control del territorio con la creación de batallones de alta montaña, de pelotones de soldados campesinos, que acompañan a la Policía ahora en todos los municipios del país, de redes de cooperantes y una política polémica de recompensas a informantes. Por otro, en atacar las retaguardias de la guerrilla. Con unas Fuerzas Armadas a la ofensiva y con una importante inversión, el gobierno de Uribe lanzó en cabeza del general Castellanos el Plan Patriota, la operación militar más ambiciosa en la historia del país. Su primera fase fue la exitosa operación Libertad I en Cundinamarca, donde el Ejército logró desarticular varios frentes de la Farc. Su segunda fase es actualmente en el sur del país, en el corazón de las Farc, donde el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, ha advertido que será la etapa más larga y peligrosa. Y en el 2005 arrancará el Plan Cabecillas que busca la captura de los miembros del Secretariado. La política de seguridad también ha comprendido una ofensiva legal con la declaración de la conmoción interior, mediante la cual el gobierno decretó el impuesto al patrimonio que los empresarios pagaron de buena gana y creó dos zonas de rehabilitación en Montes de María y Arauca. (En este conflictivo departamento Uribe gobernó por tres días). La Corte Constitucional autorizó la primera declaratoria de conmoción pero tumbó su prórroga. Entonces el gobierno tramitó en el Congreso la polémica ley del estatuto antiterrorista para darles facultades judiciales a los militares, que finalmente tumbó la Corte Constitucional. En el plano internacional, a partir del atentado del Nogal el Presidente arrancó una ofensiva continental para declarar terroristas a las Farc. La política de seguridad ha arrojado logros importantes. El primero es devolverles la esperanza a los colombianos de que algún día podrán recuperar la tranquilidad. Han podido volver a viajar en caravanas turísticas, han bajado los índices de desplazamiento, de ataques a poblaciones, de secuestros, de homicidios y han caído algunos jefes guerrilleros importantes como'Simón Trinidad', y Sonia, que fueron extraditados, 'el Mocho' y Marco Aurelio Buendía, de Cundinamarca. Aunque algunos piensan que se trata tan sólo de un repliegue táctico, y citan como ejemplo los ataques de Iscuandé, lo cierto es que las Farc han sido duramente golpeadas por el Ejército. Aunque el ministro de Defensa ha dicho que la "fiera sigue viva", expertos como Joaquín Villalobos afirman que está derrotada estratégicamente. Sin embargo, la política de seguridad democrática no ha estado exenta de serios problemas. Las capturas masivas donde han caído cientos de inocentes que han sido liberados después de unos meses ha demostrado que la deficiencia en inteligencia es uno de los talones de Aquiles de la política de seguridad. El malestar en la cúpula, los roces entre los organismos de seguridad, las dificultades de las Fuerzas Militares para adoptar la nueva forma de operar y varios errores que aún no son dilucidados por la justicia penal militar también han dificultado la aplicación de la política. En el plano internacional, las constantes críticas de Uribe a las ONG de derechos humanos han provocado preocupación. Pero quizás la mayor crítica que se le ha hecho a la ejecución de la política es que la recuperación de territorios por el Ejército es consolidada en varias regiones por los paramilitares. Es el caso de la comuna 13 de Medellín, tras la exitosa operación Orión. Aún existen varios desafíos. El primero es garantizar que llegue la inversión social dentro de una estrategia más integral del Estado; la segunda, hacer sostenible la estrategia con recursos y la tercera, ganarse verdaderamente a la población civil, cuyo apoyo definirá en últimas la confrontación. El 2005 arrancó con varios ataques de las Farc en particular a los soldados campesinos en Iscuandé, Nariño, que crearon interrogantes acerca de la política de seguridad y de si las Farc estaban sólo en un repligue táctico. También ha sido muy criticada la insistencia del gobierno en que en Colombia no hay conflicto armado sino una amenaza terrorista a la democracia, lo cual tiene implicaciones prácticas sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Pero quizás el mayor riesgo que corre actualmente el gobierno está relacionado con la negociación con los paramilitares, que poco a poco ha pasado a estar en el centro de debate de la estrategia de seguridad. Pese a la desmovilización  de miles de combatientes se acrecientan las dudas del país sobre el proceso con las AUC.