Tras la muerte de Yolanda Izquierdo, gobierno intenta frenar cacería a víctimas de los paramilitares

Yolanda Izquierdo Berrío tenía 43 años, cinco hijos que mantener, unos padres que cuidar y un esposo que la acompañaba todo el tiempo. En la década de los 90 fue despojada de su finca en Valencia, Córdoba, por el líder paramilitar Fidel Castaño que también obligó a centenares de familias salir desplazadas del sur de Córdoba para luego implementar su “reforma agraria”. 16 años después, cuando entre otras cosas intentaba conocer la verdad sobre masacres como la de El Tomate donde murieron 16 campesinos en 1988, Yolanda se armó de valor y decidió representar en las versiones libres de los paramilitares desmovilizados a unas 800 familias víctimas de las AUC.

Aunque la ley de Justicia y Paz le había dado el legítimo derecho a la reparación y en caso de peligro de muerte le daría seguridad, la norma no se cumplió. El pasado miércoles, dos sicarios llegaron hasta su casa en Montería y le dispararon en la noche para acallar los reclamos de tierras que le seguiría haciendo en el Palacio de Medellín a Salvatore Mancuso.

Tanto el Ministro del Interior, Carlos Holguín, como la Fiscalía General y al Defensoría del Pueblo, admitieron que la líder cordobesa había denunciado desde finales del año pasado la presión que desconocidos hacían para que no siguiera participando en el proceso. El programa de protección de testigos no funcionó y se enredó en algún trámite burocrático, según Holguín. “Cállate mija, no sigas con eso de la reparación que te vamos a quebrar”, era la voz que Yolanda oía al otro lado de la línea en su teléfono celular.

Con el asesinato de Izquierdo, ya son tres los crímenes perpetrados contra líderes de víctimas en menos de dos semanas. En Maicao, Oscar Cuadrado Suárez, líder de la Asociación de Desplazados de La Guajira, fue muerto la semana pasada; y con la misma suerte corrió Gustavo Espitia, líder de una organización de desplazados en Cotorra, departamento de Córdoba. Además, hace pocos días fue quemada en Cartagena la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar.

Las medidas

El reto de las autoridades es identificar quiénes están interesados en que las tierras ocupadas por los ex jefes de las AUC no sean devueltas a sus verdaderos propietarios. Ahora que hay más denuncias de líderes amenazados en Sucre, Córdoba y Bolívar que están en la mitad de un conflicto de tierras difícil de resolver por las autoridades, la Policía y al Fiscalía deberán concentrarse en ubicar a estas personas.

“En Bogotá, Cúcuta y Barranquilla se registraron en el último año amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra representantes de las organizaciones de población desplazada, la mayoría atribuidas a grupos paramilitares que siguen actuando contra las víctimas de desplazamiento”, aseguró Jorge Rojas, director de Codees. .

Al conocer la noticia, el presidente Álvaro Uribe ofreció este jueves 50 millones de pesos de recompensa por los autores del crimen, y más tarde ordenó confiscar todos los bienes de los paramilitares para evitar que haya problemas de testaferrato que le hagan el quite a la reparación de las víctimas. Pero la medida es tardía: cuando comenzaron las desmovilizaciones de paramilitares como ‘Jorge 40’, Vicente Castaño y el propio Mancuso, ellos entregaron una lista (aunque incompleta) de los bienes que mantenían en su poder. Muchas de esas tierras aún siguen bajo el dominio de personas que tuvieron relación directa con las AUC.

La Fiscalía General de la Nación ya tiene las versiones de dos testigos que tienen información sobre las personas que estarían ordenando estos asesinatos. Pero mientras que a las víctimas no se les preste la atención que se merecen, el miedo seguirá rondando y la reparación para muchos de los damnificados de las autodefensas se mantendrá en un ideal.