Un vistazo al intercambio humanitario durante el gobierno de Álvaro Uribe

El intercambio de militares y policías enfermos por guerrilleros en las mismas condiciones, y la liberación de los uniformados de menor rango secuestrados por la guerrilla en junio de 2001, no significó la solución, por lo menos temporal, del problema de los secuestrados considerados por las FARC como instrumento de negociación política.

En la selva quedaron 47 oficiales y suboficiales retenidos en las operaciones guerrilleras durante los gobiernos Samper y Pastrana, a los cuales se sumarían figuras políticas regionales y nacionales, secuestradas por las FARC -justo después del intercambio con fin de aumentar la presión sobre el Gobierno frente al tema del canje.

Si bien las Farc habían logrado concretar una liberación y un intercambio en el transcurso de cuatro años, los logros no eran suficientes para su Estado Mayor Central que buscaba a través del secuestro político la definición de un esquema de intercambio permanente de “prisioneros de guerra”, un procedimiento que los pondría a las puertas de su anhelo histórico de ser considerada como una fuerza beligerante enfrentada al Estado colombiano y les devolvería algunos cabecillas importantes para su organización. La campaña de secuestros de políticos desarrollada a ni nivel nacional, el incremento de la violencia guerrillera y los abusos constantes al reglamento de la zona desmilitarizada, llevaron al rompimiento del proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno de Andrés Pastrana, quedando también desmantelada la mesa de negociación paralela sobre el intercambio.

Los a avances en el tema y la confianza construida entre las partes para la solución de los asuntos específicos del secuestro, como la liberación de Juliana Villegas, hija del Presidente de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI-, desaparecieron rápidamente, retornado a las posiciones de las extremas FARC como la exigencia del despeje de dos departamentos, Caquetá y Putumayo, solo para la negociación del intercambio de los denominados canjeables, y un Gobierno comprometido en mostrar su empeño en prometido la derrota de una guerrilla que no había demostrado su voluntad de paz.

Esta coyuntura se dio justo en el año de transición presidencial en Colombia, siete meses en los cuales las FARC, concentradas en su reposicionamiento geográfico para enfrentar la ofensiva gubernamental, sólo se refirieron al tema en dos oportunidades para reiterar que la próxima liberación de secuestrados se daría en el marco de un canje de prisioneros de guerra a partir del cual deberían quedar en libertad todos los guerrilleros presos.

Álvaro Uribe Vélez fue el único candidato presidencial que se negó consistentemente a participar en la comisión política de apoyo al proceso de paz, con convocada en varias oportunidades para ayudar en la solución de situaciones críticas durante ese proceso. La posición de Uribe Vélez frente a esta comisión reflejaba su crítica a las concesiones de Pastrana con la guerrilla, mostraba su rechazo al abuso de la guerrilla de uso la voluntad de paz del Gobierno y afirmaba la necesidad de iniciar una campaña militar sostenida contra ésta que condujera a su derrota.

En estos términos, era evidente que cualquier negociación para la liberación de lo secuestrados políticos, por lo menos en el corto plazo, era poco viable, y que ante la posición de fuerza del Presidente, las FARC respondería en la misma forma quedando militar y civiles secuestrados a la espera del resultado de este pulso.

Como es natural, solo después del transcurso de algún tiempo desde la posesión del nuevo Gobierno, podrían conocerse las posiciones de cada una de las partes frente a la liberación de los canjeables. Desde un principio el Gobierno señaló que cualquier negociación de un acuerdo humanitario solo se realizaría en el marco de un proceso de paz con cese de hostilidades.

En septiembre de 2002, el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz, informó a la opinión pública que cualquier asunto relacionado con la negociación de la liberación de los secuestrados era del resorte e a exclusivo del Gobierno, y que la mediación internacional debía circunscribirse exclusivamente a la búsqueda de acuerdos que terminaran con esa práctica y otras que afectaban la población.

Esta primera referencia al tema, terminaba con las gestiones que algunos representantes de la ONU continuaban desarrollando después del rompimiento del proceso de paz en pro de la liberación de los secuestrados y comunicaba el máximo interés del Gobierno frente a la finalización del secuestro como estrategia de lucha.

La posición de las FARC frente a los secuestrados, en el Gobierno de Álvaro Uribe, se conoció en noviembre de 2002, cuando a través de una carta en enviada al Encuentro Nacional de los Retenidos por Razones del Conflicto, el Secretariado del Estado Mayor Central informó que cualquier contacto o negociación para la liberación de los secuestrados debería realizarse en el territorio nacional -en una zona desmilitarizada-, que el resultado de dicha negociación sería la liberación del grupo de secuestrados canjeables –militares, policías y políticos- y de todos los guerrilleros presos, que el intercambio de ambos grupos debería realizarse en el mismo lugar y que para a avanzar en este sentido, el Gobierno Nacional debería proceder a nombrar un grupo de voceros oficiales para el intercambio de prisioneros. Adicionalmente, la guerrilla previene a la opinión viene pública sobre el alto riesgo de perder la vida que corren los secuestrados, en la eventualidad de que se lleve a cabo una operación militar para su rescate por la fuerza.

Durante el 2003, el Gobierno Nacional abrió las puertas a la creación de una comisión exploratoria de soluciones al problema de los secuestrados canjeables, dejando en claro que sus condiciones de cese al fuego, entrega de la totalidad de secuestrados y no despeje, no podrían ser ignoradas en las propuestas analizadas.

A finales de abril de ese año, la guerrilla anuncia la designación de los comandantes Carlos Antonio Lozada, Simón Trinidad y Domingo Bihojó, como voceros oficiales de las FARC para el asunto del canje de prisioneros informa que los tres estadounidenses retenidos después del derribamiento de un a avión en el Caquetá, entran a hacer parte del grupo de canjeables.

El 5 de mayo de este año un operativo militar de rescate en la zona de Urrao, Antioquia, resulta fallido, resultando muertos el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y nueve militares, todos pertenecientes al grupo de los canjeables. Los secuestrados son asesinados por los guerrilleros, ante la inminencia de la toma del campamento por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional. Con este hecho, las FARC demuestran su disposición de ejecutar sus prisioneros ante la eventualidad de cualquier rescate por la fuerza.

En febrero de 2004, el Ejército Nacional logra la captura en la zona del Caguán de Nayibe Rojas alias “Sonia”, sindicada de ser una de las principales comercializadoras de cocaína de las FARC. Esta captura, considerada como un golpe importante contra esa organización, volvió a modificar las exigencias del grupo guerrillero incluyéndola en la fórmula del canje.

El año 2004 esta caracterizado por una acción continua de los organismos internacionales, la Iglesia Católica, facilitadores nacionales y extranjeros, y familiares de los secuestrados por alcanzar una fórmula que permita recuperar a los secuestrados canjeables. En julio de ese año, el Gobierno Nacional hace llegar a una de estas comisiones una propuesta hecha pública el 18 de agosto, que busca destrabar las gestiones para la liberación de los secuestrados consistente en la excarcelación unilateral de 50 guerrilleros procesados o condenados por rebelión, a quienes el Gobierno les ofrecería dos alternativas para su reincorporación a la sociedad: “viajar al extranjero o adelantar su proyecto en Colombia en el programa de reinserción del Gobierno Nacional”, esto bajo la supervisión y garantía de la Iglesia Colombiana y el Gobierno francés.

Esta acción del Gobierno, debería ser contestada por la guerrilla con la liberación de los secuestrados políticos y de los uniformados en su poder, operación que sería apoyada por el CICR y los gobiernos de Francia y Suiza.

La propuesta del Gobierno fue rechazada casi inmediatamente. Cuatro días después un comunicado del Secretariado de las FARC señaló la propuesta como demagógica y politiquera, con miras a favorecer la aprobación de la reelección presidencial. Asimismo, el Secretariado indica que la propuesta no es viable en la medida que les niega “la discrecionalidad para definir cuales y cuántos son sus presos, o la discusión sobre las condiciones y circunstancias en que deben ser liberados”, además de no devolverle los guerrilleros a la organización y obligarlos a renunciar a su condición guerrillera.

La aparición de las FARC de nuevo en el tira y afloje por el acuerdo humanitario, solo se dio hasta finales de febrero de 2005. En esa oportunidad, el Secretariado reiteró que la concreción de un acuerdo de canje dependía directamente del regreso de Simón Trinidad a Colombia, extraditado a EEUU, ya que este hacía parte del grupo de canjeables de la guerrilla, así como alias “ Sonia” y Rodrigo Granda, uno de los cabecillas internacionales capturado recientemente en Venezuela.

De otra parte, las FARC hacen una modificación en sus pretensiones territoriales para el canje, anunciando que los voceros designados por el Estado Mayor estarían dispuestos a reunirse en algún lugar de los municipios de Pradera y Florida, Valle del Cauca, si estos son desmilitarizados. Durante el 2005, los esfuerzos por mayores a avances hacia la definición de un acuerdo que permitiera la liberación de los secuestrados estuvieron a cargo de los familiares de los secuestrados. En julio, Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, una de las secuestradas de mayor visibilidad en el grupo de canjeables, le solicitó al Presidente de la República aceptar como gesto de buena voluntad hacia la definición de un mecanismo para la liberación de los canjeables, la de devolución por parte de las FARC de un soldado retenido durante el ataque a la base de Teteyé en Putumayo.

La propuesta de la señora Pulecio fue acogida por el Presidente de la República, dejando en claro que de ser de devuelto el uniformado, las condiciones para la negociación de un Acuerdo Humanitario serían la definición de un sitio de reunión para las dos partes, en el cual se garanticen las condiciones de seguridad para los voceros, sin que esto signifique un despeje territorial, y que todo guerrillero que sea beneficiario de la excarcelación haya sido condenado por delitos políticos y garantice que no volverá a las armas.

La reiteración de las FARC de Pradera y Florida como la zona geográfica donde estarían dispuestas a reunirse con el Gobierno Nacional para la discusión del acuerdo humanitario, llevó al Gobierno Nacional a hacer una propuesta concreta frente a esta condición de la guerrilla.

En ese sentido, el Gobierno propuso realizar la reunión de los delegados en la escuela del corregimiento de Bolo Azul, ubicado en Pradera, por no más de diez días para negociar el acuerdo humanitario, en el marco de una metodología específica: un día para la verificación de las condiciones de se seguridad por parte de garantes internacionales, dos días para el ingreso a la zona de los voceros guerrilleros acompañados de garantes, cinco días para el desarrollo de las negociaciones y dos días par para la salida de los voceros guerrilleros.

El Gobierno se comprometió a brindar todas las condiciones de se seguridad a la Comisión y ofreció otorgarle a sus miembros salvoconductos especiales con vigencia en todo el territorio nacional. Además, se comprometió a cesar durante ese periodo cualquier operación militar o policial en la zona.

Esta propuesta, la menos rígida del Gobierno en todo su periodo, fue recibida negativamente por el Secretariado. Para las FARC no era más que una estrategia del Presidente en la búsqueda de su reelección y fue considerada por ellos, por una razón no explicada, como una reiteración en el rescate militar de los secuestrados.

El 13 de diciembre de 2005, en una alocución televisada, el presidente Álvaro Uribe manifestó “Aceptamos esta modificación a la postura que hemos tenido tradicionalmente, porque confiamos en la comunidad internacional nos garantiza que si bien no puede haber presencia del Ejército, tampoco habrá presencia de la guerrilla. Aceptamos esta propuesta porque en lugar de que haya presencia del Ejército durante esos días en esos 180 kilómetros, habrá 40 observadores internacionales”.

Por el lado de la guerrilla no hubo celeridad en una respuesta al trabajo de los tres países. En un mensaje de fin de año, el Secretariado contestó a la propuesta con un rechazo al Gobierno por su rapidez en aceptar públicamente la propuesta, señalando esta actitud como una estrategia electoral del Presidente para su reelección. La respuesta expresaba textualmente: “Entendemos que en su afán de e explotar electoralmente una iniciativa de los países facilitadores del acuerdo de canje, que aún no conocemos, ha lanzado al despeñadero todo un esfuerzo diplomático. Al tiempo que lamentamos esta actitud precipitada y ligera del Presidente, hacemos un reconocimiento a los buenos oficios de los Gobiernos de Francia, Suiza y España”

Durante el último año las propuestas de las FARC frente al intercambio no han sido modificadas. Por su parte, el Gobierno Nacional, enfrentó hechos inesperados que lo pusieron de nuevo detrás de la línea de la propuesta de los países amigos. El primero de estos, la fuga a principios del 2007 del ex ministro Fernando Araújo, quien hacía parte de los canjeables y llevaba secuestrado aproximadamente seis años. El señor Araujo emprendió la fuga en medio del fuego cruzado entre guerrilla y unidades de la Armada que desarrollaban una operación para su rescate. El éxito parcial de la operación, daba razones al Presidente Uribe para considerar como viables las operaciones de rescate militar.

Posteriormente, en el mes de mayo se fuga de un cautiverio de más de nueve años, el Subintendente de la e Policía Nacional Jhon Frank Pinchao, quien relata la severidad del cautiverio y confirma que una de las secuestradas políticas quedó embarazada en cautiverio y su hijo está separado de ella.

Para inicios de junio, el Presidente de la República anuncia que realizará un gesto unilateral sin precedentes en su Gobierno, con el fin de encontrar una salida urgente al asunto del Acuerdo Humanitario. La movida del Gobierno incluye la liberación unilateral de un número indeterminado de guerrilleros condenados por delitos políticos, que renuncian a volver a las armas y se comprometan con la construcción de un ambiente paz en el país, y la liberación de Rodrigo Granda, máximo cabecilla en poder del Gobierno y uno de los principales integrantes de la lista de canjeables de la guerrilla, con el compromiso de servir de enlace entre el Secretariado y el Gobierno para avanzar en la concreción del acuerdo humanitario.

La liberación de los guerrilleros y de Granda volvió a ser tomada por las FARC negativamente. En un nuevo comunicado, después de seis meses, el Secretariado reitera que no aceptan acciones unilaterales como pasos correctos en la solución conjunta del asunto del canje. Una vez más le adjudica fines políticos a esta medida, esta vez encaminados a contrarrestar algún efecto que tenga sobre su Gobierno las relaciones entre políticos y paramilitares.

Con respecto a la negociación del intercambio humanitario, las FARC incluyen un nuevo elemento. En esta oportunidad señalan que la verificación del despeje sería realizada por los representantes de las FARC y algunos delegados internacionales y de organizaciones populares y familiares de los prisioneros. Finalmente reiteran, como lo ha hecho desde hace diez años en relación con la liberación de los secuestrados, que el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, sería un gran paso hacia la paz de Colombia.

El último comunicado de las FARC sobre el acuerdo humanitario, fechado el 18 de junio de 2007, coincide con la fecha que el Bloque Occidental de esa organización informa sobre la muerte en cautiverio de 11 de los secuestrados canjeables, en medio de un fuego cruzado con una fuerza militar no identificada. Este hecho, el más grave de los ocurridos con el grupo de canjeables, por el número de caídos y por el contexto en el que se dio, con Rodrigo Granda liberado y trasladado a Cuba para contactos con el Secretariado y un Estado Mayor haciendo exigencias sobre la negociación, conducen al Gobierno a su posición inicial, intercambio sin despeje y rescate militar.