Maduro impone unas elecciones presidenciales a su gusto

Venezuela se encamina a unas elecciones presidenciales "de mentiras", luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidió convocarlas con las condiciones que la oposición no aceptó en las negociaciones que sostuvieron en República Dominicana hasta este miércoles 7 de febrero. El 22 de abril serán las votaciones, como confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, atendiendo la orden presidencial.

En contexto: Elecciones presidenciales en Venezuela serán el 22 de abril

Las conversaciones entre ambos sectores políticos hicieron agua luego de que el martes en la noche se presentara un documento, redactado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con una propuesta de pacto que solo el chavismo estuvo dispuesto a firmar sin hacer cambios. La oposición pidió un día más, y el miércoles presentó su opción: un desarrollo de los puntos que el papel original dejaba tan solo en enunciados.

Por ejemplo, en escrito de Zapatero hace un "exhorto" a designar nuevos rectores electorales por común acuerdo mientras que la oposición planteó precisar que se trata de un "acuerdo". También, el primero acuerda solicitar a la ONU una misión de observación, mientras que el segundo garantiza que tal cosa se concrete y tenga acceso a todas las etapas del proceso.

El papel que Nicolás Maduro sí firmó habla de asegurar la "equidad" en el acceso a medios públicos y privados, mientras que el que no quiso firmar establece que todos los candidatos podrán tener espacios de publicidad gratuitos y diarios, con equilibrio informativo y el compromiso de no promover "ninguna legislación que implique reducir la libertad de expresión en medios radioeléctricos o redes sociales". Además se prohibiría al gobierno encadenar a las televisoras durante la campaña.

Así con un sinfín de puntos más, donde se detallan las especificaciones en las auditorías, la apertura del registro electoral en el extranjero, la restitución de los partidos que fueron ilegalizados, la prohibición de usar recursos públicos en proselitismo y hasta el compromiso de reconocer los resultados "siempre y cuando se cumplan todas las garantías establecidas en las leyes y en el presente acuerdo". El de Zapatero no pone esa condición, pero sí obliga a reconocer a la ilegal asamblea constituyente chavista.

Son apenas algunas de las diferencias que espantaron a los negociadores de Maduro, y a él mismo. Algo que era de esperarse, luego de que la propuesta inicial de los cancilleres, presentada en diciembre pasado, obtuvo una negativa de Maduro pues dejaba pautas de transparencia y equilibrio para unas elecciones convocadas en el segundo semestre de 2018.

Un proceso electoral equilibrado y que cumpla con todas las pautas establecidas en las leyes vigentes de Venezuela, dejaría al chavismo a las puertas de una derrota y a la entrega luego de casi dos décadas del poder central en Venezuela. Un asunto impensable, tomando en cuenta que el propio Zapatero llegó a decirle a los opositores al comenzar sus gestiones de "mediación" que Maduro y su equipo "no creen en la alternabilidad", y también considerando que un miembro de su delegación negociadora dijo a sus contrapartes en enero pasado, según testigos de esa reunión, que “no daremos nada que le permita a la oposición recuperar la confianza de su elector”, en respuesta a la exigencia de conformar una autoridad electoral imparcial.

Ahora la oposición debe decidir participar o no en la elección convocada, que tendrá formalmente apenas 17 días de campaña electoral (tiempo insuficiente hasta para visitar un día cada estado del país) y no contará con las auditorías completas. Cualquiera sea la respuesta, abrirá otra pregunta: ¿será una posición unitaria?

Dentro de la coalición algunas voces lo dudan, pues hay liderazgos convencidos de que el apoyo a Maduro es tan exiguo que "un voto masivo podría superar cualquier trampa". Pero para tenerlo, dicen aliados en desacuerdo, se necesita confianza, unidad y un candidato que despierte optimismo ante un sistema que se ha blindado para no permitir siquiera determinar si hubo fraude o no.