Caracho entregó hasta el reloj para tener un cupo en la JEP

Durante mucho tiempo, el nombre de José López Montero, mejor conocido como Caracho, fue temido en los llanos orientales. Heredó el poder de la banda criminal Erpac en reemplazo de alias Cuchillo, “el asesino de asesinos”, una vez fue abatido en zona rural de Mapiripán (Meta). Por haber dirigido una bacrim, el nombre de Caracho no clasificó en los beneficios que da la Ley de Justicia y Paz y tendrá que enfrentar 21 procesos ordinarios por desaparición y desplazamiento forzado, además de varias condenas que ya pesan en su contra. 

Estando en la cárcel, López Montero no se resignó a pagar hasta 60 años de cárcel. Precisamente, ese intento por esquivar la justicia ordinaria llevó a que su nombre se convirtiera en uno de los protagonistas del cartel judicial del Meta, en el que responden 21 funcionarios judiciales y tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta.

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En dos audiencias concentradas, la Fiscalía imputó y pidió medida de aseguramiento para los señalados responsables de la red criminal conformada por investigadores del CTI, fiscales, contadores, jueces, abogados, médicos legales, guardias del Inpec, particulares y hasta un funcionario de la MAPP-OEA. Todos habrían participado de millonarios sobornos para conseguir beneficios penitenciarios a sus clientes, la mayoría criminales de Villavicencio y sus alrededores. También tenían "sucursal" para casos en Bogotá e Ibagué.

¿Cómo funcionaba el cartel judicial?

Con cobros que podrían llegar hasta los 35 millones de pesos, los miembros del cartel judicial lograban beneficiar a peligrosos delincuentes para que fueran trasladados a su domicilio. Tenían jueces corruptos como aliados, lo que les permitía dar aval a actas en donde constaba que los hijos de los capturados eran dependientes. De hecho, varios de los sometidos a la justicia del Erpac terminaron en su casa bajo esta modalidad entre el 2015 y el 2016. 

Otra de las ofertas de la banda consistía en declarar criminales como locos gracias al dictamen falso de los siquiatras de Medicina Legal. Esto les permitía seguir en un tratamiento de salud mental durante un tiempo –en condiciones menos estrictas que la prisión- y quedar libres a su término. Por este beneficio se intentó pasar un violador de menores, al que su misma familia le consiguió los 40 millones de pesos que eran necesarios para sobornar a los funcionarios, pero no alcanzó a quedar en libertad.

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También aparecía la más recurrente en el sistema de justicia. Lograr el archivo de expedientes judiciales una vez fallecidas las víctimas con la ayuda de los fiscales a cargo de las investigaciones. Así lo buscaron hacer en el caso de una líder social que fue asesinada en diciembre de 2015 en el Meta y a la que se le adeudaban 100 millones de pesos.

Pero en el caso de Caracho –describió la fiscal- crearon una nueva modalidad que no se había visto hasta la fecha. Consistía en trasladarlo de la cárcel de Cómbita en Boyacá hasta La Picota en Bogotá, en donde podría reunirse con su grupo para manipular el proceso. Estando todos de acuerdo podrían archivar o bloquear nuevos procesos que se generen por ser el jefe del Erpac y así facilitar su postulación al procedimiento de Justicia Especial para la Paz (JEP). Aunque es claro que las bacrim están excluidas de cualquier beneficio del proceso de paz, Caracho contaba con la ayuda del exfuncionario de la MAPP-OEA Carlos Hernán Garzón.

Garzón trabajó en la Misión a Apoyo de la OEA en Colombia hasta el 30 de junio; había sido notificado de la decisión de apartarlo por incumplimientos en su contrato días antes de su captura. Sus funciones en este organismo eran de monitoreo carcelario en el marco del proceso de paz. "La Misión rechaza todo acto que vaya en contra o pueda distorsionar los avances en los procesos y acuerdos de paz logrados", indicó la entidad a través de un comunicado, en el que además asegura que la actividad ilícita de la que se le señala a Garzón la cometió por fuera de sus funciones.

La trayectoria laboral de Garzón ha estado desde hace muchos años vinculada al tratamiento penitenciario de los desmovilizados. Se había desempeñado también como enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el Inpec hasta el 31 de enero del 2015. También fue el enlace de la Fiscalía de Justicia y Paz con el Inpec, y trabajó en el grupo de apoyo a los desmovilizados del Ministerio de Defensa. 

El acuerdo de Caracho

Según el ente acusador, la relación del cartel judicial con Caracho empezó cuando José López Montero conoció a los funcionarios del CTI Claudia Salgado y Néstor Gordillo, durante las audiencias libres en las que aceptó cargos por varios crímenes cometidos. Su confesión de la verdad obedeció a un fracasado intento de ser incluido en el listado de postulados a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que el 17 de noviembre del 2015 retoma contacto con los funcionarios para idear un plan con el cual pudiera evadir la cárcel.

De las interceptaciones telefónicas realizadas se desprende que al mando de la red delictiva estaban dos hermanas, Ayda y Claudia Salgado, quienes trabajaron con el estudiante de derecho Carlos Galarza para trasladar  a Caracho a una prisión en Bogotá o en Guaduas, Cundinamarca. En ambas regiones, Caracho tendría forma de influenciar en sus antiguos hombres.   

El exjefe del Erpac buscó primero la detención domiciliaria a través de Margarita Solano y de Carlos Alfonso Urrea, funcionarios judiciales, que intentaron hacerlo pasar por un hombre con grandes responsabilidades con sus hijos menores de edad, además de una esposa qué mantener. La larga lista de condenas que tiene en su contra, hicieron que el ilícito fuera insustentable.

Fracasada esta opción, dieron trámite a 4 tutelas con las que buscaban la libertad por problemas de salud. Sobre la ejecución de este plan quedaron registradas en 500 interceptaciones telefónicas, en donde también se registró como tampoco lo lograron.

Finalmente recurrieron a su última carta que consistía en tratar de vincularlo al procedimiento de justicia transicional diseñado para el proceso de paz con las Farc. Esto con el fin de que en caso de ser aceptado pudiera salir libre de manera condicional.

En este punto es donde intervino Carlos Garzón Villamil, el funcionario de la MAPP-OEA, quien habría organizado una reunión el 22 de noviembre de 2016. A ella invita a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Política General con el propósito de discutir sobre los acuerdos que se pudieran lograr con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del impacto que tendría este en el Meta, así como de su posible resocialización.

Sin embargo, explica la Fiscal, Garzón aprovechó esa reunión para introducir los casos del exjefe del Erpac y de Carlos León Echeverri, de la Alianza Paz del Valle. ”Fue toda una reunión montada para que una particular, la abogada del señor Caracho, pusiera las quejas correspondientes”. En ese momento, la abogada se comunica por vía telefónica y de manera desprevenida con su cliente. Sin caer en cuenta que su cliente por no pertenecer a Justicia y Paz no debería tener ni siquiera un teléfono en su sitio de reclusión. Por una operación así planteada se alcanzó a hablar de una suma inicial de 20 millones de pesos.

En total, Caracho tuvo que desembolsar cuando menos 57.5 millones de pesos en la operación fallida. Vendió fincas y ganado con la ayuda de su esposa y su cuñado, Jaider López, así como de su enlace en Bogotá, un exparamilitar de nombre Carlos Rodríguez para poder pagar las coimas necesarias. Los giros eran hechos a la cuenta bancaria de Ayda Salgado, quien se convirtió en una especie de contadora del cartel judicial.   

Habría realizado desembolsos de 17,5 millones en 2017, 45 millones en 2016 y 5 millones en 2015 para que no le pudieran surgir cargos adicionales que perjudicaran su ingreso a la JEP. Cuando se quedó sin dinero, hasta entregó un reloj a las hermanas Salgado para que lo pudieran empeñar. También se hizo pasar por dueño de un terreno fraccionado en Cumaral, cuya antigua propietaria era la líder social asesinada Mireya Novoa, para hipotecarlo.

Otra de las características de esta banda de delincuentes judiciales es que mezclaba casos distintos que tuvieran coincidencias para poder manipularlos. En una de estas conductas, Caracho terminó recibiendo dinero del terreno perteneciente a una mujer que murió de forma violenta. El caso de esta mujer, a su vez, es el mismo que estaban intentando archivar con la ayuda del fiscal 13 seccional quien tiene el apellido de Aldana. Una jugada similar la hicieron con otra finca de Puerto López, la cual fue vendida al exalcalde de Cubarral –hombre al que Caracho conoció en prisión cuando purgaba una condena por delitos de corrupción dentro de la administración pública- por 120 millones de pesos. De esta manera intentaron de paso hacerle el quite a la reparación de víctimas, en caso de que accediera a la JEP.       

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El caso, que de por sí mezcla todos los ingredientes de corrupción, tiene además una dosis de brujería. Otra de las interceptaciones revela que Claudia Salgado le contó a sus brujos de confianza lo mal que la estaba pasando Caracho, a quien los segundos al mando de la organización querían despojar de su territorio y de sus bienes. Como López Montero le había contado de sus planes de pagar gente de Medellín para recuperar el control territorial, ella encomendó la suerte de su cliente a rezanderas. 

Así se extrae de las conversaciones, en donde Claudia Salgado pidió ayuda para que Caracho pudiera recuperar los bienes. Sin embargo, ni las oraciones ni las millonarias cifras para corromper la justicia surtieron efecto y, en cambio, pronto terminarían todos en prisión. Este sábado se definiría la medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados; en otros tres casos, el de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal, serán llamados a imputación de cargos.