JUSTICIA
El senador que va a juicio por homicidio, ‘bacrimpolítica’ y ‘parapolítica’
Martín Emilio Morales salta de la curul del Congreso al banquillo de los acusados. Responderá por narcotráfico.
Detrás de la captura, el pasado mes de marzo en plena entrada del Congreso, del Senador del partido de la U Martín Emilio Morales Diz, hay una macabra historia de poder, crimen y política. La Corte Suprema de Justicia acaba de acusarlo como coautor de homicidio agravado, narcotráfico y porte ilegal de armas.
El Senador, que dejó su curul en el Congreso para responder ante la Corte Suprema, es señalado por miembros de organizaciones criminales de hacer parte de la banda criminal Águilas Negras, cuando fue comandada por el asesinado Jairo Andrés Angarita, segundo del bloque Norte de Mancuso. Para la Corte, como Alcalde de San Antero (Córdoba) hasta su primer periodo en el Senado, Morales Diz apoyó la expansión y consolidación del grupo criminal, aportando dinero para armas y demás elementos necesarios para su funcionamiento.
La acusación lo señala de haber planeado y ejecutado, con ayuda de las Águilas Negras, un atentado y posterior asesinato contra el también exalcalde de San Antero Wilmer José Pérez.
El atentado fue en su residencia en el año 2006 y –dicen los testigos- fue motivado por el cobró de una deuda económica por el apoyo que le brindó a la campaña de Morales a la Alcaldía (2004-2007). Detonaron varias granadas en el techo de su residencia, sin embargo, salió ileso.
Años más tarde, en julio del 2009, Pérez Padilla fue asesinado por un sicario mientras cumplía en detención domiciliaria una condena por parapolítica.
Según desmovilizados de las Auc, el crimen tuvo como propósito ocultar la participación del senador en el atentado y no pagar la deuda económica.
En su contra está el testimonio de Yoiner Enrique Sánchez, alias “El Chiquito”, quien reveló reuniones con el concejal Dennys Chica, el entonces alcalde de Chimá Carlos Rodríguez y el empresario Demetrio Cabeza. Señala que Rodríguez y Moralez Diz pidieron ayuda del comandante de las “Aguilas Negras” para cometer el asesinato, ya que Pérez Padilla se convirtió en una piedra en el zapato que quería cobrar deudas a las malas.
Dijo que para no pagar una deuda de 3.000 millones de pesos, el Alcalde de San Antero y hoy senador ordenó el crimen por el que pagó 250 millones. La Corte le da credibilidad a este testimonio, teniendo en cuenta que tuvo participación directa en los hechos.
“Si bien es cierto, que la prueba denota que no es razonable que la campaña adelantada por el procesado para acceder a la alcaldía de San Antero le hubiese costado 3.000 millones de pesos, es incontrastable que por el apoyo que le suministró para ser elegido alcalde de San Antero adquirió compromisos económicos con él”, dice la Corte. En sus campañas al Senado, Morales llegó a alcanzar más de 40.000 y 60.000 votos.
En el documento, la corte reconstruye cómo supuestamente se pagaron largas y millonarias extorsiones a Yoiner Sánchez, condenado por el atentado, para que no dañara la carrera política de Morales.
Para la Corte, Morales participó en sucesivas reuniones en las cuales discutieron los detalles del atentado, aportó dinero para el pago del personal contratado en procura de su realización, contribuyó en la consecución de información sobre los movimientos de Pérez Padilla.
La Corte asegura que esta organización criminal, apoyada por políticos de la región, abrió una ruta de narcotráfico. De manera, que Morales Diz es acusado de participar en el envío de tres cargamentos de droga, por casi 5.000 kilos de coca, incluso cuando ya era Senador de la República.
Morales Diz –dice la Corte- recibió el apoyo político del comandante del Bloque Montes de María de las AUC, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también habló de ese supuesto apoyo a su candidatura a la Alcaldía de San Antero.
“Es obvio que si el procesado como Alcalde y pieza fundamental de la estructura de narcotráfico contrató a esa banda emergente para la ejecución del atentado, fue porque funcionaba en esa región con su consentimiento”, dice la Corte.
Este caso es el primero que compromete a un Senador de la República con el fortalecimiento de las organizaciones paramilitares y con el surgimiento de las bandas que llegaron a reemplazar estas estructuras desmovilizadas en la regiones.